Mediante este decreto se crea el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las víctimas de los grupos armados ilegales y los desplazados.
Javier Hernández, director de la comisión de la ONU, destacó que hay “algunos aspectos de la nueva disposición en vigor que dan respuesta a recomendaciones y preocupaciones ya adelantadas por la Oficina”. Al tiempo, criticó que la reparación a las víctimas dependa de los bienes que los victimarios quieran declarar y entregar.
Invitó al gobierno a mejorar paulatinamente la ley para "atender plenamente los principios internacionales y, entre otros aspectos, no limitarse a beneficiar sólo a una categoría de víctimas", sino garantizar que todas las víctimas sean reparadas de forma integral.
Por último, la oficina del Alto Comisionado, se ofreció a seguir trabajando por los derechos a "verdad justicia y reparación", además de la no repetición, que juntas garantizan el respeto a los derechos humanos y una digna calidad de vida.
El programa de reparación beneficiará a unas 200.000 víctimas y a cerca de 2,2 millones de desplazados por el conflicto armado interno, con un costo aproximado de 4 mil millones de dólares y empezará a aplicarse desde el segundo semestre del 2008 y durante diez años más como tiempo límite para su total desarrollo.