La otra cara de San Andrés que vive indocumentada y cerca de la expulsión

Para el 2017, según los indicadores demográficos de la Gobernación de San Andrés, en el departamento habitaban 77.759 personas. Desde 1985, cuando la densidad estaba conformada por 41.745 personas —un 10% menos que en el municipio de Baranoa, Atlántico—, la sobrepoblación daba aviso. Se estima que para el 2020 la cifra se duplique.

Aunque sean estos los únicos registros oficiales con los que cuenta el DANE y la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), se estima que al menos 30.000 viven en la isla en situación irregular. Algunos llegaron en condición de turistas ­ —pagaron el impuesto y se les dio un tiempo límite de permanencia—, pero burlaron a las autoridades y se quedaron. Mientras que otros, a pesar de haber nacido en el territorio y ser descendientes de raizales —la comunidad étnica—enfrentan la dilatación de los trámites y la carencia de un sistema eficiente para el manejo de datos; situación que ha prolongado la entrega del documento que les garantizaría la permanencia en el archipiélago.

La entidad surgió a partir del Decreto 2762 de 1991, cuando Presidencia consideró que el alto índice poblacional impediría el desarrollo de las islas a largo plazo. Se creó una oficina principal para trámites ubicada en el centro de San Andrés y otra en el aeropuerto para controlar el flujo de turistas.  

(Lea también: Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés)

Les encomendaron las tareas de: realizar “alianzas estratégicas con entidades gubernamentales de vigilancia y control, y gremios productivos y sociales, para aplicar programas de desarrollo socioeconómico y de apoyo al gobierno”. Para ello debía establecerse un “centro de información altamente tecnificado, con una planta de personal idónea y calificada”, que debería “brindar un excelente servicio, ágil y confiable” tanto a la población residente como visitante. Todo, al amparo de “una imagen de transparencia, honestidad y credibilidad”.

El mayor miedo para ese entonces era llegar a los 100 mil habitantes, el mismo que, hoy, se convirtió en una realidad.

Según una fuente de la Occre ­ —que prefiere reservar su nombre­ —, al menos 6.000 trámites estarían represados. En su mayoría, son cambios de número de tarjeta de identidad a cédula. Algunos casos, como el de Rosemberg Espinosa Brochero, quien a pesar de vivir en la isla antes de 1991 y tener derecho a su permanencia en la región Insular tras radicarse allí desde los ocho años, previo a la expedición del Decreto 2762, esta norma no lo ha cobijado como esperaba, pues afirma que cada vez que llega a la oficina nunca obtiene respuesta positiva. En ese ritmo, hoy tiene 38 años y sigue sin la tarjeta. El único documento que, en cierta manera, le garantiza su estadía en San Andrés es el radicado que le dieron como prueba de que inició su tramitación.

Sin embargo, salir a la calle sin él puede traerle problemas, ya que, en dado caso, sí las autoridades de la Occre se lo solicita y no lo porta, deben trasladarlo hasta la entidad —impidiendo el resto de sus labores del día­— para verificar su situación de residencia. En determinados casos, cuando se comprueba que la persona está viviendo ilegalmente en el archipiélago, es trasladada inmediatamente al aeropuerto y deportada a su ciudad de procedencia.

Aquí inicia el miedo que le invade a ese porcentaje de la población que se encuentra en las mismas. Tanto, que la poca confianza que se tiene sobre el proceder y eficiencia de la oficina les hace pensar que se trata de “una mafia que imparte desigualdad y preferencias para otorgar el documento”.

Para algunas aerolíneas no es suficiente presentar el radicado que se entrega como constancia de que el carné está en trámite. Raizales, incluso nacidos en la isla, a veces deben pagar tarjeta de turismo para poder ingresar a su propia tierra. Una situación similar le ocurre a Camila Sierra Bryan, nativa, quien en su tarjeta de la Occre aparece como ‘residente temporal’, siendo descendiente de sanandresanos.

Ingreso y expulsión de personas

Con la llegada del actual gobernador encargado (e) Juan Herrera, se anunció que se ejecutaría un plan para expulsar ilegales de San Andrés. “Cuando en 27 km² cuadrados viven en promedio 2.000 habitantes por km², pues eso es sobrepoblación”, afirmó, recalcando que la situación es cada vez más compleja por lo que diariamente ingresan y salen 3.000 personas.  

Aunque anualmente la Occre recaude cerca de 109 mil millones por año, en septiembre de 2016, el director de turno Joseph Barrera Kelly manifestó que “se quedaron sin presupuesto” para cumplir con su labor. Esto implicaba entorpecer el ejercicio de expulsión que buscaba aliviar el sobrecupo. Noticia que, por un lado, les generó alivio a algunos que evitaban salir a la calle para no encontrarse con los funcionarios del ente regulador, quienes constantemente realizaban controles en la vía. Y por otro, causó polémica al conocerse que la entidad más importante no contaba con dinero para operar.

Además, la consolidación de las bandas criminales en el archipiélago pone en duda la gestión que se ha realizado en los últimos años y los criterios que se aplican para el ingreso.  

No se entiende cómo, ni por qué lograron instalarse estas organizaciones al margen de la ley al interior de la isla. Si parte de la función que, se supone, debería cumplir la entidad es regular la cantidad de permisos temporales que se le otorgan a determinadas personas. La forma, condición y tiempo que se le dio a quienes, hoy, alimentan el negocio del microtráfico de estupefacientes, extorsión y homicidios en San Andrés, sigue siendo un misterio, cuya respuesta podría estar más cerca de lo que se piensa, pero sin evidencias contundentes para soportarla. No todos son de afuera, algunos cabecillas de estos grupos son raizales y la ley no permite su expulsión.

Existen nueve tipos de trámites: para mayores de siete años, inversionistas, raizales, independiente, nacidos, no nacidos en San Andrés, temporal por actividades laborales y temporal por convivencia. Este último, ha sido tema de debate.

Por ejemplo, el episodio ocurrido en julio de 2017 con Gabriela Arellano Vergara, quien es hija de la exesposa de Ching Sang Jay Padilla, exdirector de la Occre, desencadenó una discusión. La joven obtuvo la residencia temporal en su niñez por el matrimonio entre su madre con el raizal. Pero, al haber de por medio un divorcio, automáticamente la perdió y fue expulsada con dirección a Cartagena, a pesar de que su único núcleo familiar estaba radicado en la región.

“Decido sacar mi caso a la luz pública porque no fue justa la manera en que retuvieron a mi hija sin ninguna razón, hasta el punto de tratarla como una delincuente para posteriormente expulsarla de la isla”, manifestó su madre, Esmeralda Arellano, asegurando que, luego del incidente, su hija paga tarjeta de turismo ($109.000 pesos) cada vez que viaja al archipiélago.

El hecho de que Jay Padilla tuviera tres familiares trabajando en la entidad (Morvin, Tatiana y Fabian Jay) dejaba algunos interrogantes sobre el proceder de la oficina. Sin embargo, Barrera Kelly negó tener algún tipo de vínculo con la situación en mención.

Hoy, Juan Herrera, nuevo gobernador (e) que, al parecer, tiene intenciones de controlar la densidad poblacional, se encuentra de frente con una problemática que cada día rebosa al mar de los siete colores.  Sumado, a los centenares de quejas en torno a la forma en que la Oficina de Control, Circulación y Residencia Occre maneja sus trámites.

(Puede leer: Fuerza Pública vs Comunidad Raizal de San Andrés: ¿una guerra interna?)

Para el 2017, según los indicadores demográficos de la Gobernación de San Andrés, en el departamento habitaban 77.759 personas. Desde 1985, cuando la densidad estaba conformada por 41.745 personas —un 10% menos que en el municipio de Baranoa, Atlántico—, la sobrepoblación daba aviso. Se estima que para el 2020 la cifra se duplique.

Aunque sean estos los únicos registros oficiales con los que cuenta el DANE y la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), se estima que al menos 30.000 viven en la isla en situación irregular. Algunos llegaron en condición de turistas ­ —pagaron el impuesto y se les dio un tiempo límite de permanencia—, pero burlaron a las autoridades y se quedaron. Mientras que otros, a pesar de haber nacido en el territorio y ser descendientes de raizales —la comunidad étnica—enfrentan la dilatación de los trámites y la carencia de un sistema eficiente para el manejo de datos; situación que ha prolongado la entrega del documento que les garantizaría la permanencia en el archipiélago.

La entidad surgió a partir del Decreto 2762 de 1991, cuando Presidencia consideró que el alto índice poblacional impediría el desarrollo de las islas a largo plazo. Se creó una oficina principal para trámites ubicada en el centro de San Andrés y otra en el aeropuerto para controlar el flujo de turistas.  

(Lea también: Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés)

Les encomendaron las tareas de: realizar “alianzas estratégicas con entidades gubernamentales de vigilancia y control, y gremios productivos y sociales, para aplicar programas de desarrollo socioeconómico y de apoyo al gobierno”. Para ello debía establecerse un “centro de información altamente tecnificado, con una planta de personal idónea y calificada”, que debería “brindar un excelente servicio, ágil y confiable” tanto a la población residente como visitante. Todo, al amparo de “una imagen de transparencia, honestidad y credibilidad”.

El mayor miedo para ese entonces era llegar a los 100 mil habitantes, el mismo que, hoy, se convirtió en una realidad.

Según una fuente de la Occre ­ —que prefiere reservar su nombre­ —, al menos 6.000 trámites estarían represados. En su mayoría, son cambios de número de tarjeta de identidad a cédula. Algunos casos, como el de Rosemberg Espinosa Brochero, quien a pesar de vivir en la isla antes de 1991 y tener derecho a su permanencia en la región Insular tras radicarse allí desde los ocho años, previo a la expedición del Decreto 2762, esta norma no lo ha cobijado como esperaba, pues afirma que cada vez que llega a la oficina nunca obtiene respuesta positiva. En ese ritmo, hoy tiene 38 años y sigue sin la tarjeta. El único documento que, en cierta manera, le garantiza su estadía en San Andrés es el radicado que le dieron como prueba de que inició su tramitación.

Sin embargo, salir a la calle sin él puede traerle problemas, ya que, en dado caso, sí las autoridades de la Occre se lo solicita y no lo porta, deben trasladarlo hasta la entidad —impidiendo el resto de sus labores del día­— para verificar su situación de residencia. En determinados casos, cuando se comprueba que la persona está viviendo ilegalmente en el archipiélago, es trasladada inmediatamente al aeropuerto y deportada a su ciudad de procedencia.

Aquí inicia el miedo que le invade a ese porcentaje de la población que se encuentra en las mismas. Tanto, que la poca confianza que se tiene sobre el proceder y eficiencia de la oficina les hace pensar que se trata de “una mafia que imparte desigualdad y preferencias para otorgar el documento”.

Para algunas aerolíneas no es suficiente presentar el radicado que se entrega como constancia de que el carné está en trámite. Raizales, incluso nacidos en la isla, a veces deben pagar tarjeta de turismo para poder ingresar a su propia tierra. Una situación similar le ocurre a Camila Sierra Bryan, nativa, quien en su tarjeta de la Occre aparece como ‘residente temporal’, siendo descendiente de sanandresanos.

Ingreso y expulsión de personas

Con la llegada del actual gobernador encargado (e) Juan Herrera, se anunció que se ejecutaría un plan para expulsar ilegales de San Andrés. “Cuando en 27 km² cuadrados viven en promedio 2.000 habitantes por km², pues eso es sobrepoblación”, afirmó, recalcando que la situación es cada vez más compleja por lo que diariamente ingresan y salen 3.000 personas.  

Aunque anualmente la Occre recaude cerca de 109 mil millones por año, en septiembre de 2016, el director de turno Joseph Barrera Kelly manifestó que “se quedaron sin presupuesto” para cumplir con su labor. Esto implicaba entorpecer el ejercicio de expulsión que buscaba aliviar el sobrecupo. Noticia que, por un lado, les generó alivio a algunos que evitaban salir a la calle para no encontrarse con los funcionarios del ente regulador, quienes constantemente realizaban controles en la vía. Y por otro, causó polémica al conocerse que la entidad más importante no contaba con dinero para operar.

Además, la consolidación de las bandas criminales en el archipiélago pone en duda la gestión que se ha realizado en los últimos años y los criterios que se aplican para el ingreso.  

No se entiende cómo, ni por qué lograron instalarse estas organizaciones al margen de la ley al interior de la isla. Si parte de la función que, se supone, debería cumplir la entidad es regular la cantidad de permisos temporales que se le otorgan a determinadas personas. La forma, condición y tiempo que se le dio a quienes, hoy, alimentan el negocio del microtráfico de estupefacientes, extorsión y homicidios en San Andrés, sigue siendo un misterio, cuya respuesta podría estar más cerca de lo que se piensa, pero sin evidencias contundentes para soportarla. No todos son de afuera, algunos cabecillas de estos grupos son raizales y la ley no permite su expulsión.

Existen nueve tipos de trámites: para mayores de siete años, inversionistas, raizales, independiente, nacidos, no nacidos en San Andrés, temporal por actividades laborales y temporal por convivencia. Este último, ha sido tema de debate.

Por ejemplo, el episodio ocurrido en julio de 2017 con Gabriela Arellano Vergara, quien es hija de la exesposa de Ching Sang Jay Padilla, exdirector de la Occre, desencadenó una discusión. La joven obtuvo la residencia temporal en su niñez por el matrimonio entre su madre con el raizal. Pero, al haber de por medio un divorcio, automáticamente la perdió y fue expulsada con dirección a Cartagena, a pesar de que su único núcleo familiar estaba radicado en la región.

“Decido sacar mi caso a la luz pública porque no fue justa la manera en que retuvieron a mi hija sin ninguna razón, hasta el punto de tratarla como una delincuente para posteriormente expulsarla de la isla”, manifestó su madre, Esmeralda Arellano, asegurando que, luego del incidente, su hija paga tarjeta de turismo ($109.000 pesos) cada vez que viaja al archipiélago.

El hecho de que Jay Padilla tuviera tres familiares trabajando en la entidad (Morvin, Tatiana y Fabian Jay) dejaba algunos interrogantes sobre el proceder de la oficina. Sin embargo, Barrera Kelly negó tener algún tipo de vínculo con la situación en mención.

Hoy, Juan Herrera, nuevo gobernador (e) que, al parecer, tiene intenciones de controlar la densidad poblacional, se encuentra de frente con una problemática que cada día rebosa al mar de los siete colores.  Sumado, a los centenares de quejas en torno a la forma en que la Oficina de Control, Circulación y Residencia Occre maneja sus trámites.

(Puede leer: Fuerza Pública vs Comunidad Raizal de San Andrés: ¿una guerra interna?)