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En Palmor, un corregimiento cafetero enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, el debate por la tierra trascendió los expedientes judiciales y llegó hasta las aulas de clase. Cerca de 300 familias cafeteras ancestrales denunciaron que un proceso de restitución de tierras impulsado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), dentro del cual también mencionan actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mantiene en incertidumbre a cientos de campesinos que aseguran haber construido su vida alrededor del café durante varias generaciones.
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Las comunidades hicieron pública una carta firmada por líderes campesinos y acompañada con decenas de cartas escritas por niños, dirigidas al presidente electo Abelardo de la Espriella, en las que expresan su temor de perder las fincas de sus familias, sus escuelas y el lugar donde han crecido.
“Somos las niñas de Palmor, el Estado nos olvidó 100 años. No hay buenas escuelas, no hay vías, no hay futuro. Y ahora el Ministerio de Agricultura y Restitución de Tierras nos quiere quitar nuestras fincas cafeteras. ¿Qué más nos van a quitar?”, dice uno de los escritos de los niños.
Otro de los mensajes dice: “Nuestras familias han cultivado café aquí durante generaciones. Nos preocupa que nuestros padres y abuelos puedan perder sus fincas y tener que abandonar el lugar donde vivimos. ¿Puede ayudarnos a encontrar apoyo legal para defender nuestros derechos?”.
Campesinos dicen que también son víctimas del conflicto
Carlos Garzón, líder cafetero de Palmor, afirmó que la preocupación de las familias comenzó tras conocer el proceso que hoy cursa ante la jurisdicción especializada de restitución de tierras.
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“Entramos en pánico porque por primera vez en la historia de nuestra Sierra sentimos que el Estado nos hizo un daño enorme a las familias, a la economía y al café. Nunca recibimos un proyecto productivo, pero ahora sí llega una demanda que puede mantenernos durante años en un proceso judicial”, aseguró.
Garzón sostuvo que las familias cafeteras también fueron víctimas del conflicto armado y considera que esa condición no ha sido suficientemente valorada.
“Todos los cafeteros de Palmor somos víctimas del conflicto. Nosotros no estamos en contra de los pueblos indígenas. Lo que pedimos es que no se reparen unos derechos afectando a otras víctimas. Queremos que se busque una solución que no enfrente a quienes hemos convivido durante décadas”, manifestó.
Según el dirigente, la preocupación también obedece a las medidas cautelares derivadas del proceso, las cuales, asegura, han generado incertidumbre económica. “No podemos vender, acceder a créditos y vivimos con una carga psicológica permanente. Hay familias que sienten que todo el patrimonio construido por generaciones está en riesgo”.
Los niños llevaron el debate al presidente
Uno de los aspectos que más impacto ha generado es la participación de los menores de edad. Garzón explicó que los menores decidieron escribir después de escuchar las conversaciones que sostienen los adultos sobre el proceso judicial.
“Los niños son los herederos de estas fincas. Ellos preguntan si van a perder la escuela, la casa de sus abuelos y el lugar donde nacieron. Esas cartas nacieron del sentimiento de ellos”, dijo.
El líder agregó que, según las comunidades, una delegada del presidente electo se comunicó con los menores para conocer de primera mano sus inquietudes.
Las familias piden revisar el proceso
Las comunidades solicitaron al nuevo Gobierno revisar las actuaciones administrativas relacionadas con el proceso de restitución y abrir espacios de diálogo con campesinos e indígenas. También anunciaron que continuarán ejerciendo su defensa por la vía judicial mientras avanza el proceso.
“Nosotros somos gente de paz. Vamos a defender nuestros derechos por las vías legales y queremos que las instituciones conozcan la realidad de Palmor antes de tomar cualquier decisión”, afirmó Garzón.
La respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras
La Unidad de Restitución de Tierras ha rechazado que el proceso tenga como finalidad desalojar o retirar a las familias cafeteras de sus predios. El director territorial de la entidad para Magdalena y Atlántico, José Humberto Torres, explicó que la actuación busca el restablecimiento de derechos territoriales del pueblo Kogui y que corresponde a la jurisdicción especializada resolver el caso.
“La misión de la Unidad no es quitarle tierra a nadie. Es devolverles los derechos a quienes fueron despojados por el conflicto”, señaló el funcionario, quien agregó que el estudio adelantado por la entidad identificó 59 predios cuyos ocupantes podrán comparecer al proceso para demostrar la naturaleza de sus derechos.
“Será el juez quien determine cuál es la relación jurídica que existe sobre cada predio. Nosotros no hemos pedido desalojar ni despojar a nadie”, sostuvo.
Mientras tanto, en Palmor, el proceso judicial mantiene en expectativa a campesinos e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.