El exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca apenas se enteró esta semana: en la Procuraduría corre un proceso en su contra por no haber evitado la explotación minera en algunos terrenos ubicados en el municipio de La Calera y que serían parte de la zona de reserva forestal bosque alto andino y la cuenca alta del río Bogotá.
Según el pliego de cargos, mientras Bejarano estuvo al frente de la Corporación —desde 2007 hasta el pasado 22 de mayo— no adelantó las medidas pertinentes para que se cumpliera con los mandatos ambientales, permitiendo la grave afectación y deterioro al medio ambiente y los recursos naturales renovables.
El caso que hoy tiene en la mira de la Procuraduría a Bejarano empezó en 1993. Ese año, el Ministerio de Minas y Energía firmó dos contratos de concesión para la explotación de materiales de construcción con la empresa Palo Alto y Cía. S. C. en un área de 195 hectáreas, en La Calera.
Palo Alto empezó a extraer arena en la zona, contando con el aval legal que le otorgaba el Ministerio, pero en 2001 el panorama empezó a cambiar para la constructora. Los inconvenientes que representaba la extracción fueron denunciados por la Asociación de Usuarios del Acueducto de San José del Triunfo, a través de una acción popular en la que aseguraban que la extracción estaría poniendo en riesgo la fuente hídrica y que se estaba realizando en una zona no apta para la minería.
En respuesta, el Consejo de Estado le ordenó a Palo Alto aplicar un Plan de Manejo y Restauración del terreno, para el cual tendría un plazo de diez meses, como señala el documento de la Procuraduría. La decisión fue tomada tras comprobar que las canteras sí estaban dentro de las áreas de reserva y que eran además de interés ecológico. El fallo no se cumplió.
El asunto no paró ahí. Tres años después, la Corte Constitucional le ordenó una vez más a la CAR tomar las medidas para proteger estos “terrenos de reserva forestal y de interés ecológico nacional”.
Sin embargo, sólo fue hasta 2010, cuando Ingeominas ordenó la caducidad de los contratos, que se dejaron de ver los camiones de Palo Alto cargados de arena saliendo de La Calera. El daño ya se había hecho y el Plan de Recuperación nunca se cumplió. Por esto, la Procuraduría encontró razones suficientes para abrir pliego de cargos en contra de Bejarano por no haber evitado que continuara la explotación.
¿Qué dice el exdirector de la CAR del caso que hoy lo tiene en aprietos? Aunque Bejarano prefirió no manifestar su posición, un grupo de funcionarios de la Corporación que ha seguido el caso en los últimos años rechazó la conclusión a la que llegó la Procuraduría.
Según su versión, la CAR le exigió en 1997 a la constructora —antes de que el Consejo de Estado se pronunciara— desarrollar un Plan de Recuperación de la zona, pero “valiéndose de todo tipo de maniobras jurídicas” el representante de la constructora le habría salido al paso a su obligación.
Insisten además en que desde entonces han buscado todos los mecanismos para lograr la suspensión de estas canteras, pero no lo han logrado. Según el pliego de cargos, efectivamente ante el incumplimiento del Plan de Manejo y Restauración Ambiental, la CAR aplicó la medida preventiva de suspensión de la actividad de extracción.
En respuesta al señalamiento de la Procuraduría según el cual la Corporación se limitó a hacer visitas en la zona, aducen que “el representante legal muchas veces se negó a dejarnos entrar al predio, y además instauró todo tipo de demandas para impedir que la CAR controlara sus trabajos. Esta empresa desafió el Estado, burló las normas y ahora aparece como una minera respetada”. El Espectador intentó comunicarse con Ricardo Vanegas, representante legal de Palo Alto pero no fue posible ubicarlo.
También insisten en que fue la CAR la que le pidió en varias ocasiones a Ingeominas que caducara los títulos otorgados a la constructora, pero sólo fue hasta 2010 que procedieron. Sin embargo esa caducidad no está aún en firme. “Si la CAR no ha podido evitar estas extracciones es por todas las maniobras de la empresa, y si alguien tiene que responder es Ingeominas por permitir la extracción”.
Por ahora, la investigación continuará en la Procuraduría, pero más allá de quién tenga la razón, lo cierto es que el daño ya está hecho y lo más probable es que sea irreparable.