Con la ley 1450 de 2011, el Plan de Alimentación Escolar dejó de estar a cargo del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y pasó al Ministerio de Educación. El objetivo de este cambio es que alcanzara a todos los estudiantes de instituciones oficiales del país. Pero desde hace meses, autoridades estatales y regionales, así como la sociedad civil, han alertado sobre las irregularidades que se presentan en su ejecución y que hacen que los niños que deberían ser beneficiados están siendo afectados.
Así es como de manera independiente, diferentes autoridades e instituciones nacionales y regionales (como concejales, diputados, la Procuraduría y la Contraloría) y veedores ciudadanos han documentado las dificultades del PAE.
La Contraloría realizó una auditoría al municipio de Armenia por irregularidades en la financiación del PAE. Los lineamientos determinados por el Mineducación es que el valor de cada desayuno es de $971 y $1.320 para el almuerzo. Pero el municipio realizó un aumento, pagando $1.097 para desayunos y $1.819 para almuerzos, sin que se justificara, puesto que no se mejoraba la calidad de las raciones. Tal es el motivo por el que la entidad declaró que el hallazgo administrativo que hicieron tendría “incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria”.
En el Valle del Cauca, la diputada de la Asamblea Mariluz Zuluaga ha llamado la atención sobre las múltiples problemáticas que en este departamento hay. La primera de ellas es la falta de financiación: de los $35.000 millones que requeriría, según Zuluaga, solo hay $26.000 millones. Esto afecta el alcance del programa, que debería ser a todos los estudiantes, pues de 129.000, el PAE llega a 65.732, lo que deja a casi la mitad de los alumnos por fuera.
Además, como sucede en otras regiones, en el Valle los alimentos ni los comedores tienen las condiciones óptimas: “Cerca del 90% no cuenta con infraestructura, lo que obliga a tener alimentos industrializados”.
Pero también han sido ciudadanos los que han denunciado irregularidades en Santander y Atlántico. David Enrique Canchila, veedor ciudadano de Sabana de Torres (Santander), el pasado 19 de junio hizo público un video en el que denunciaba el estado de algunos comedores en los que se servía la comida a los estudiantes.
Cuando este diario le preguntó al respecto, Canchila denunció que no es únicamente el estado de los comedores, sino que de casi 7.000 estudiantes en este municipio, “solo 3.542 reciben el beneficio, pero es muy a medias”. Además Canchila dijo sobre el contrato que “lo está incumpliendo el operador, no la gobernación”.
En el caso del Atlántico, la irregularidad se evidenció antes de que se adjudicara el contrato a Ecoalimentos SAS, la única empresa que se había presentado a la licitación pública para el contrato del Plan de Alimentación Escolar en el departamento.
El pasado 20 de junio, dos días antes de que se adjudicara el contrato del PAE, se hizo público un documento con varias observaciones en las que se evidenciaba que la firma no contaba con una bodega, tampoco cumplía con el requisito de experiencia mínimo pedido en el pliego de la licitación, ni con la cantidad de vehículos necesarios para el transporte de los alimentos.
Por estas reclamaciones, expuestas en un documento firmado por Erika Paola Olivia Romero, quien no aclaró qué cargo desempeñaba, la licitación en el Atlántico, que tenía un valor de $11.366 millones, fue declarada desierta.
Un informe de la Contraloría que analizó el PAE en este departamento y en Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, evidenció las dificultades que se presentan en el plan.
Lo que encontró la Contraloría en varios departamentos de la costa
El Espectador habló con un funcionario de la Contraloría, quien pidió que se reservara su nombre, y le explicó a este diario que las mayoría de irregularidades se presentan por los operadores a los que se les adjudica el contrato.
En los siete departamentos en los que la Contraloría estuvo realizando las visitas para el informe, encontró irregularidades como debilidad en la vigilancia del programa, mala calidad de los alimentos, problemas en la infraestructura, varios operadores que atienden a la misma institución, falencias en el control de los alimentos que se entregan (lo que permite que se diga que se atendieron más niños de lo que en realidad se ha hecho) y un incumplimiento en los lineamientos definidos por el Mineducación, pues tampoco se cumple con la conformación de comités que vigilen el PAE.
Las dificultades también surgen desde la selección de la firma encargada. Muchas son seleccionadas sin licitación. Y, en las ocasiones en las que sí se hace convocatoria pública, los requisitos son tan específicos que se presenta una única empresa. También se da que un operador tiene varios contratos.
Hay, pues, una suerte de monopolización en las regiones, lo que lleva a que haya dificultades en el cubrimiento. Se da el caso de que una sola firma tenga el contrato con una Gobernación y varias alcaldías.
También se presenta la dificultad que denunció en Armenia la Contraloría: aumentan los precios de las raciones sin que haya una mejoría en estas e incluso empeorándolas, pues según la persona a la que consultó en El Espectador, en algunas instituciones no solo no se cumple con la minuta dispuesta por el ministerio, sino que se llega al punto de entregar galletas de soda con bienestarina. A pesar de eso, como los costos son supuestamente mayores, la cubertura es menor.
Esta situación ha afectado a miles de niños, porque, según la fuente de la Contraloría, tampoco hay voluntad política. Por eso se busca que haya una coordinación entre la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, los entes territoriales y los mismos ciudadanos a la hora de hacer la denuncia.
Además de esto, y para que haya un control más férreo a los operadores, el ministerio propuso este año la reestructuración del programa y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, que ya va en segundo debate del Congreso, pero que no ha estado exento de polémico, porque se comprobó que había “coincidencias de redacción y de identidad de causa” con un proyecto propuesto por Sofía Gaviria Correa, senadora liberal, en 2014.
Lo que sigue ahora es que se tomen medidas disciplinarias contra los operadores que no han cumplido con las necesidades de los estudiantes y que, además, han generado un posible detrimento del presupuesto público que se ha destinado a este programa y que, de momento, no cumple con el objetivo por el que fue transferido del ICBF al Mineducación: tener una cobertura total.