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22 Mar 2022 - 11:30 a. m.

Liderazgos ambientales, amenazados en el Oriente antioqueño

Defensores de derechos humanos denuncian que por su oposición a proyectos hidroeléctricos en la zona han recibido amenazas de personas sin identificar. Gustavo Londoño, vocero de la empresa Clear Waters S.A.S, encargada del PCH Churimo, dice que la firma es ajena a los hechos.
María Camila Bonilla

María Camila Bonilla

Periodista sección Colombia
El proyecto de la hidroeléctrica en el río Churimo ha sido criticado.
El proyecto de la hidroeléctrica en el río Churimo ha sido criticado.
Foto: Tomado del Twitter de Innativa

En el municipio de San Rafael, Antioquia, el licenciamiento del proyecto PCH Churimo, una pequeña hidroeléctrica en el río Churimo, ha provocado un movimiento de defensa ambiental del río. Fredy Morales, integrante de la Veeduría Socio Ambiental del municipio, denunció una amenaza de muerte en su contra. Presuntamente, la razón sería su oposición a la construcción de esa iniciativa que busca generar alrededor de 4,5 megavatios de energía.

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La PCH Churimo es el proyecto de una pequeña central hidroeléctrica, en el municipio de San Rafael, en las veredas Falditas y Quebradona. La hidroeléctrica no tendrá una represa y funcionará con el modelo de plantas Pelton, una turbina hidráulica.

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) otorgó la licencia ambiental para el proyecto el 27 de septiembre de 2021. Oladier Ramírez, secretario general de la Corporación, indicó que la empresa promotora del proyecto, Clear Waters S.A.S, no ha informado a Cornare que la fase de construcción de la hidroeléctrica esté próxima a comenzar.

Desde noviembre de 2021, relata el líder, ha tenido tres momentos aislados en los que personas desconocidas lo amenazaron. El último episodio, el pasado 4 de enero, lo obligó a desplazarse de San Rafael, ya que temía por su vida. Ese día, dos sujetos en moto se le acercaron y le advirtieron: “Parcerito, usted anda moviéndose con muchas maricadas y eso a la gente no le gusta, ya lo tenemos identificado, a usted y otros más”.

Le dijeron que también sabían dónde vivía y qué hacía y que, aunque la orden era “quebrarlo”, porque no lo querían por ahí, sabían que “en medio de todo, es buena gente”. “Ábrase, y no voltee a mirarnos, porque si no, le damos un pepazo”, le adviertieron.

Además de saber que era reconocido en el municipio por su trabajo de defensa del río Churimo y su postura crítica de la hidroeléctrica PCH Churimo, Fredy ya había sido abordado anteriormente por su relación con esta causa. El 6 de noviembre del año pasado, San Rafael celebró el concierto por la vida y defensa del río Churimo. Durante ese evento, un hombre se le acercó y le dijo: “Usted es muy verraco que coordine todas estas acciones del festival del agua, a usted no lo matamos porque nos calienta el parche, pero es mejor que se cuide”.

El pasado 11 de marzo Miguel Gutiérrez, miembro de Somos del Río, relató que también recibió una amenaza por estar vinculado a la defensa del río Churimo, “Se está metiendo donde no lo estamos llamando, papá. Deje quieto lo que está quieto (…) deje quieto el proyecto”, le escribieron por WhatsApp, según relató el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La masacre de cuatro jóvenes raperos en San Rafael en octubre del año pasado también alerta a las organizaciones de derechos humanos sobre las amenazas que pueden existir en torno a la defensa del río Churimo. Elkin Emilio Gil Jiménez, Santiago Cobo Arcila, Santiago Guarín y Cristian Estiven Quintero Hernández fueron asesinados en la noche del 19 de octubre de 2021.

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Los jóvenes hacían parte de un movimiento cultural llamado “Nos Mueve el Río”. El 23 de octubre, cuatro días después de su asesinato, tenían planeado participar de un espacio de juntanza, en oposición a los proyectos hidroeléctricos en San Rafael.

Aunque las investigaciones aún no han establecido quién estuvo detrás de la amenaza a Fredy, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) indica que en el Oriente antioqueño tienen registrada la presencia de más de 15 bandas vinculadas al narcotráfico, al igual que otras grandes estructuras armadas como el clan Isaza, El Mesa, la Oficina y el Clan del Golfo.

El Movimiento aseguró que en 2021 se registraron 178 homicidios, 34 más que en 2020, y 57 más que en 2019. Los casos de desaparición forzada y desplazamiento también aumentaron en este período de tiempo.

“En este contexto, vienen en aumento las agresiones contra líderes sociales y ambientales que hacen oposición a proyectos extractivistas. Tememos que sea el miedo una estrategia con la que nuevamente se quiera abrir paso la explotación minero energética en el territorio”, indicó el Movete.

Estos intereses minero energéticos presentes en la región del Oriente antioqueño desde la década de los sesenta, han profundizado los conflictos sociales y armados, así como la vulneración de los derechos humanos, según un informe publicado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño el pasado 14 de febrero. En este, también se señaló al municipio de San Rafael como uno de los focos del aumento de homicidios entre 2018 y 2021.

Ante esta situación, la Mesa hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de San Rafael para que garantizaran la seguridad de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en el municipio. “Como defensores de la paz y la vida, rechazamos que las autoridades del municipio de San Rafael sigan desviando su atención sobre las principales líneas de investigación que se deben tener en cuenta para la investigación de crímenes contra líderes sociales”, señaló la Mesa por medio de un comunicado.

La administración municipal, por su parte, comentó que la Fuerza Pública no ha identificado la presencia de grupos armados ilegales. “Aquí lo que ha habido es una guerra entre bandas criminales, que han llegado desde otros municipios”, explicó el secretario de Gobierno de San Rafael, Germán Esteban Gómez.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) expresó su rechazo a la amenaza denunciada por Fredy Morales. “Nos preocupa el hecho de que se haya presentado esta situación de amenaza contra este líder ambiental. Nos comunicamos con las autoridades competentes para que investiguen”, manifestó Oladier Ramírez, secretario general de la Corporación, quien agregó que no tiene conocimiento de que haya grupos armados involucrados en el apoyo a proyectos hidroeléctricos en la región.

Gustavo Londoño, vocero de la empresa Clear Waters S.A.S, encargada del proyecto de la hidroeléctrica, manifestó que la PCH no tiene nada ver con las amenazas, pues es una iniciativa a cargo de personas la zona. “La presencia de este tipo de proyectos en el Oriente antioqueño trae progreso, desarrollo, genera empleo y energía. Lo que causa en el medio ambiente es mínimo con los beneficios que crea”, añadió el abogado.

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La respuesta de las autoridades

La Personería de Medellín confirmó que tomó la denuncia de Fredy Morales para ser considerado como víctima de desplazamiento forzado y la remitió a la Unidad para las Víctimas. Esta entidad indicó que la denuncia del líder fue recibida y tendrá 60 días hábiles para establecer si Morales será incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Gómez indicó que la administración municipal solo supo del relato de Morales 10 días después de que sucediera. La Alcaldía afirmó que no pudo establecer medidas de protección para Morales porque no realizó un proceso de denuncia en ese municipio. Además de esto, explicó Gómez, la administración local está a la espera de lo que determine la investigación a cargo de la Fiscalía. No saben si se fue porque consiguió trabajo o porque realmente sintió miedo.

“Por los días de su amenaza, Fredy nos dijo que se iba del municipio a hacer un voluntariado. La investigación determinará la causa de su salida y los presuntos responsables de la amenaza en su contra”, manifestó el secretario de Gobierno.

Al respecto, Fredy Morales indicó que: “He hecho todo lo que esta en el marco de la ley y los derechos, como ciudadano para que se me garantice el derecho a la integridad y sobre todo para que el Estado me garantice la proteccion y todas las medidas a que de lugar y que se investigue, pero con este tipo de afirmaciones que no tienen sustento, se esta desviando la situacion de amenaza”.

María Camila Bonilla

Por María Camila Bonilla

Periodista con intereses en las áreas de medio ambiente, movimientos sociales y democracia, y conflictos y paz.mbonilla@elespectador.com
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