Los damnificados olvidados del sur del Atlántico

El techo de Carmen Pulido (78 años) es como una vieja maceta llena de moho, que el día menos pensado se quiebra a pedazos. Así está desde el 30 de noviembre de 2010, cuando se rompió el Canal del Dique y se inundó el sur del Atlántico. Todavía está esperando que la Gobernación y el Fondo Adaptación cumplan la promesa que le hicieron cuando estaba en un albergue de Sabanalarga: la de arreglarle su casa. “Lo que yo me gano en un día de batea (lavando ropa) no me alcanza para remodelarla. Si acaso tengo para la comida. Mi esposo (José Páez, de 84 años) no trabaja porque está enfermo del corazón, es a mí a quien le toca hacerlo todo”, dice medio en serio, medio en broma. Hoy, cuando se cumplen cinco años de la tragedia, Pulido —a quien apenas le quedan unos cuantos dientes— recuerda cómo lo perdió todo cuando huyó de Campo de la Cruz, a donde volvió en 2013.

Otra historia viven Neftalina Sanabria (57) y su familia, que esperan todavía tener una casa propia, porque la de bahareque donde vivían, desapareció con el agua. Esta y otras ocho familias del municipio de Candelaria fueron reubicadas en casas de arriendo mientras les resolvían el tema de vivienda, pero todavía no ha pasado nada. A ella, en cambio, “la Gobernación le debe ocho meses de arriendo”. Lo mismo le pasa a Déimer Orozco (30), mototaxista que hace dos años regresó a Santa Lucía con su esposa y su hija, que padece parálisis cerebral.

Las familias que ya poseen casa propia como las de Villa Marcelis, barrio de palafitos en Campo de la Cruz, denuncian que los servicios de energía y gas vienen “por las nubes”, que el agua apenas llega cada quince días y que el sistema de alcantarillado aún no funciona. “Construimos una poza séptica, pero eso no sirve de nada”, dice María Cuentas, que cocina con leña para no consumir gas, sobre todo ahora que su esposo se quedó sin empleo.

Pulido, Sanabria, Orozco y Cuentas hacen parte de una lista de damnificados que nadie recuerda en el sur del Atlántico, porque después de cinco años parecería que quedó resuelto en esa región del país, pero basta con recorrer algunos municipios de ese departamento para encontrar parte de esas historias, que parecen haber quedado en el pasado por las cifras que divulga el Fondo Adaptación y hasta la Gobernación.

El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, que antes había asegurado que en el sur la emergencia había sido superada, afirma que el 99 % de las familias que estaban en albergues tendrán casa propia antes del 24 de diciembre. “Lo que está ocurriendo en Campo de la Cruz con el agua es un problema de rebombeo, y el pago de arriendos tengo entendido que era solo por un tiempo, hasta cuando se resolviera lo de la vivienda”, agrega.

Es evidente que gran parte de la tragedia ha sido resuelta, pero en cinco años la historia que se cuenta en los medios debería ser otra, una en la que ya no hubiese familias pasando hambre, como la de Sanabria, que se acuesta sin comer porque después del rompimiento del Canal del Dique no volvió a cultivar maíz ni tampoco a criar ganado. El gerente del Fondo Adaptación, Germán Arce, asegura que esa entidad está atendiendo a más de 58 mil familias que padecieron los estragos de la época invernal de 2010 y 2011 en todo el país, y que unas 4.399 se encuentran en el Atlántico. “Más de 2.400 ya cuentan con vivienda propia en ese departamento, pero la idea es ubicar en seis meses a otras 1.391 familias, mientras se solucionan 537 proyectos de vivienda que están paralizados”, agrega. Más del 40 % de las familias damnificadas de esta región aún están a la deriva.

“El Fondo Adaptación no es responsable de reparar las casas que resultaron afectadas por la inundación, ni tampoco tiene injerencia en los servicios públicos, eso les corresponde a los alcaldes locales”, dice Arce. Sin embargo, los damnificados seguirán tocando puertas, aunque poco o nada crean en las promesas del Gobierno y continúen sumidos en la pobreza; quizá peor que antes, cuando vivían en casas de bahareque, pero no les hacía falta comida.