Las tumbas del ancestral cementerio de la comunidad afro de Roche, cerca del municipio de Barrancas, en el sur de La Guajira, están cubiertas de excremento de vaca. El camposanto se usó como corral para el ganado de la población cuando sus habitantes fueron desalojados del territorio por la empresa Carbones del Cerrejón. Los sepulcros más afectados son los que están bajo los pocos y resecos árboles que hay en el lugar, porque fue la única sombra que los animales encontraron para protegerse del despiadado sol guajiro.
Esa fue la escena que encontró el líder comunitario Tomás Arregocés cuando volvió al sector unos días después de que el grupo antidisturbios de la Policía los expulsara a él, su esposa, sus nueve hijos y diez sobrinos de las tierras que por 400 años pertenecieron a su familia. El proceso fue autorizado por un juez del municipio de Barrancas porque, en el papel, los lotes son propiedad del Cerrejón.
Después de décadas de negociación, en octubre de 2015, Tomás y su sobrino Joe Arregocés acordaron entregar sus tierras a la empresa y ésta a cambio les daría dos casas y un par de hectáreas de tierra para mantener su ganado. Ellos fueron la última, de las ocho familias que antes conformaban la comunidad de Roche, en aceptar la oferta. Las demás accedieron a los acuerdos ofrecidos en 2013 y 2015 y fueron reubicadas en los barrios construidos por el Cerrejón más cerca del perímetro urbano del municipio. Tomás asegura que firmaron el documento “presionados porque ya estaban empezando los trámites de desalojo y no sabía qué más hacer”.
Después del acuerdo empezaron a llevar animales para las nuevas tierras, pero se dieron cuenta de que no tenían agua, luego pasaron por las casas que les entregarían y vieron que no estaban terminadas, así que cuando llegó el 17 de diciembre, la fecha límite para entregar las tierras, decidieron no moverse de donde estaban. El 24 de enero, la empresa los sacó de la zona y derrumbó sus casas, la escuela, el centro de salud y los corrales de animales, haciendo que estos salieran despavoridos. Con esto querían asegurarse de que la familia Arregocés no volviera. Lo único que no se demolió del todo fue el cementerio, porque tiene un significado especial para la comunidad y aún tiene los restos de sus ancestros enterrados en él.
Tomás Arregocés, furioso al ver desmoronarse la obra de toda su vida, responsabilizó a la multinacional Cerrejón de la vida de sus animales, pues, dice, ellos debían ayudarle a reunirlos. Cuando Tomás y su familia se fueron, los funcionarios de Cerrejón cercaron el cementerio para delimitar el lugar al que tienen acceso los antiguos habitantes de Roche. Como era la única cerca del lote, alguien resolvió que también era un buen corral improvisado para los animales que estaban dispersos por la zona. Fue así como las vacas terminaron defecando sobre las tumbas y comiéndose las flores que las adornaban.
Lina Echeverri, vicepresidenta de asuntos públicos de Cerrejón, le explicó a este diario que decidieron desalojarlos porque los pobladores incumplieron dos acuerdos con el Cerrejón y en diciembre no recibieron las fincas que la empresa les entregó, sino que querían abrir una nueva negociación con nuevas exigencias que la compañía no podía cumplir.
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Una de las razones por las que Tomás y Joe Arregocés estaban tan renuentes a entregar sus tierras antes de que la empresa cumpliera los acuerdos, es que veían como los habitantes de las comunidades guajiras de Chancleta, Patilla y Tabaco llevan entre cinco y quince años en proceso de reasentamiento y reparación colectiva en negociación directa con la empresa, pero las casas que les entregaron no resolvieron sus necesidades de trabajo, calidad de vida y educación.
La mayor parte de las tierras que les entregaron para cultivar son áridas, así que las familias campesinas no tienen ninguna actividad productiva y las casas que les construyeron tienen deficiencias de servicios públicos. Muchos padres de familia firmaron el acuerdo por los beneficios en educación que les ofrecía a los jóvenes, pero la mayoría de ellos no pudieron entrar a una universidad, por los vacíos en su educación básica. Dejaron el campo y tampoco encajan en su nueva situación urbana, ahora que viven en Barrancas.
Por estas razones, muchas familias de otras comunidades afros que fueron reubicadas entre 2001 y 2013, hoy regresan a su caserío a reclamar que les cumplan la promesa de darles una calidad de vida mejor que la que tenían inicialmente. Esto, según Jorge Cerchiaro, alcalde de Barrancas, podría hacerlos perder los beneficios adquiridos con la empresa. Sin embargo, hace unos meses la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades de Patilla y Chancleta, ordenándole al Cerrejón cumplir el requisito de consulta previa, derecho fundamental de todos los grupos étnicos cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios. Además, les ordenó tener en cuenta el carácter de comunidad negra e incorporar sus actividades culturales a los acuerdos, dos requisitos que se obviaron en las negociaciones previas. Apoyándose en esa decisión, las comunidades afirman que el acuerdo anterior queda invalidado y las partes deben empezar nuevos pactos.
Al consultar al Cerrejón sobre las inconformidades de los reasentados, ellos dijeron que no conocen ninguna queja por parte de la comunidad y mucho menos que algunos pobladores se estén devolviendo a su territorio por incumplimiento de los acuerdos. Afirman que cumplirán la sentencia de la Corte, pero solo con las familias que especifica el documento y no con toda la comunidad. Explican que esta, como todas las consultas previas, será dirigida por el Ministerio del Interior y será ese ente el que mediará entre las exigencias de la comunidad y las obligaciones del Cerrejón.
Sobre las quejas por la aridez de las tierras afirman que “hay que tener en cuenta que el problema del agua es de toda La Guajira y el que debe velar por el acceso al líquido es el Estado. No podemos asumir los deberes del Gobierno”.
Dora Lucy Arias, abogada del colectivo José Alvear Restrepo, que junto con Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) apoya a las comunidades afros e indígenas, explica que lo que la sentencia de la Corte Constitucional reconoce es lo mínimo que se les debe a esos pobladores, cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. El megaproyecto es tan profundo, dice, y además impacta con tanta fuerza la vida de los habitantes de la región, que sería necesario que además de socializar los proyectos se hiciera obligatorio el consentimiento de la población.
Pero, ya sea con consentimiento o solo con una consulta previa, lo que las comunidades sí tienen claro es que el tema central de cualquier acuerdo al que se llegue de ahora en adelante es la tierra, ya que la falta de lotes productivos es lo que los tiene sumidas en la miseria. Así lo explica con tristeza Wilman Palmezano Arregocés, presidente del Consejo Comunitario de Chancleta y Patilla. Para él, la locomotora minera choca con la vocación campesina de la comunidad. La tierra, asegura Palmezano, es el punto más flojo en la actual negociación porque, aunque la empresa les reconoce una hectárea de tierra por familia, les da $6 millones para comprarla y “es imposible encontrar una tierra con agua en La Guajira a ese precio”.
Las secuelas de la contaminación minera
Cuando Moisés Guette tenía siete meses de edad, empezó a toser sangre. Se ahogaba con frecuencia y sus codos se llenaron de un sarpullido que Luz Ángela Uriana, su mamá, no había visto en ninguno de sus otros cinco hijos. Después de meses de exámenes, le diagnosticaron asma alérgica debido a la contaminación que tiene el aire del resguardo indígena de Provincial en el que vive, que queda a escasos dos kilómetros de la mina de carbón del Cerrejón. Su mamá impuso una tutela contra la mina y el Juzgado de San Juan del Cesar le dio la razón. Ordenó que, antes de dos meses, la mina debe implementar un plan de reducción de emisiones de material particulado y gases de combustión.
Sin embargo, el documento, por ser la respuesta a una tutela por el derecho fundamental a un ambiente sano, no especifica qué acciones debe tomar la mina para resarcir los daños causados al menor. Luz Ángela tendría que demandar al Cerrejón para obligar a la empresa a atender las necesidades de Moisés y el resto de su familia.
La solución que le plantearon los médicos es que salga cuanto antes del lugar, pero ese es su territorio ancestral, allí su familia tiene derecho a cultivar y criar cabras en los lotes comunitarios. Además, no deben pagar arriendo y por lo tanto es más fácil levantar a su numerosa familia dentro del resguardo. Así que aun con el fallo, la situación de Moisés y su familia es precaria.
Más que atender el caso específico del menor, la decisión de la Corte es una alerta. Si el niño se enfermó por nacer en un ambiente contaminado, otros menores pueden estar afectados por alguna otra enfermedad respiratoria. “Nadie tiene un número exacto de los niños que tienen asma, porque la empresa no hace exámenes periódicos de salud respiratoria para ver si la actividad minera afecta a los niños o a los adultos mayores, que son más sensibles a la contaminación”, afirma la madre. Aunque el resguardo indígena no tiene una cifra exacta de los que sufren enfermedades respiratorias, el Instituto Nacional de Salud registró que en 2014 el municipio de Barrancas tuvo un total de 2.526 consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda. Es decir, el 48 % de todas las urgencias reportadas en el municipio son enfermedades respiratorias.
Pero para el Cerrejón, la calidad del aire no puede ser cuestionada porque en La Guajira hay muchos factores que pueden afectar el sistema respiratorio, como las costumbres culinarias de las comunidades o el lugar donde viven. Afirman que la Universidad Javeriana analizó alrededor de 60.000 historias clínicas y llegó a la conclusión de que el departamento no tiene índices de enfermedades respiratorias superiores a otras zonas del país que no tienen minería a cielo abierto.
Pero, sobre todos los tecnicismos médicos o jurídicos, las peticiones de la comunidad se resumen en una sola: quieren que se les tenga en cuenta para tomar decisiones sobre el territorio. Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su sustento y forma de vida campesina. Su cultura.
Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes, quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.
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El Cerrejón en cifras
6.163 empleados directos tiene la empresa Carbones El Cerrejón S.A.
44,4 por ciento de las exportaciones colombianas de carbón son producidas por Cerrejón.
461 mil millones de pesos ha pagado Cerrejón en regalías.
La desviación del arroyo Bruno
Corpoguajira otorgó las licencias necesarias para que Carbones el Cerrejón desvíe el arroyo Bruno, en el sur de La Guajira, a lo largo de 3,6 kilómetros. La empresa planea mover una parte de su cauce 700 metros al norte para extraer los 40 millones de toneladas de carbón que hay debajo.
El arroyo Bruno nace en la reserva natural de los Montes de Oca y desemboca en el río Ranchería, una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de La Guajira.
Mientras la multinacional afirma que no habrá repercusiones ambientales, habitantes de la zona afirman que, con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada. Temen que se seque.
La intervención empezaría en los próximos meses y se demoraría dos años.
*Invitación del Cinep.