Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Exigir un cese al fuego antes de empezar a dialogar, como rechazar categóricamente la posibilidad de un cese al fuego, son posiciones ambas con connotación ideológica. La pertinencia y la viabilidad de un cese al fuego dependen básicamente de la correlación de fuerza de los actores armados y de sus verdaderas intenciones.
¿Cómo, entonces, minimizar los riesgos inherentes a la negociación de un cese al fuego? ¿Cómo evitar que un cese al fuego se convierta en un obstáculo?
Muchas veces las dificultades y los problemas provienen de la ausencia de definición precisa del cese al fuego. ¿En qué consiste? Muchos acuerdos de cese al fuego han terminado generando más desconfianza y acusaciones mutuas porque no se precisó suficientemente lo que se entendía por tal. ¿Cese al fuego o cese de hostilidades? Precisar cuáles son las acciones y/o hostilidades que deben “cesar”, o sea, cuáles son en adelante los actos prohibidos y permitidos, es fundamental. En Guatemala, el concepto de cese al fuego fue definido de la siguiente manera: “… consiste en el cese de todas las acciones insurgentes de parte de las unidades de la URNG y el cese de todas las acciones de contrainsurgencia por parte del Ejército de Guatemala”. Sin embargo, no quedó claro qué se entendía por una acción insurgente o una contrainsurgente.
Segundo, al igual que un acuerdo humanitario, un cese al fuego debe ser lo más neutral posible (sin vencedores ni vencidos) para evitar que una de las partes saque ventajas de él. El objetivo de un cese al fuego debe ser proteger a la población civil, no defender un territorio.
Tercero, un cese de hostilidades debe ser ordenado y planificado: ningún cese de fuego o de hostilidades se construye de la noche a la mañana. No se requiere necesariamente un cronograma o una calendarización precisa, porque un cese no implica necesariamente cambios de posición en el terreno, ni reagrupación y desmovilización de fuerzas. Pero se requiere por lo menos una separación física de los combatientes, y mecanismos de verificación y control.
Un cese al fuego debe ser entonces verificable, porque sin verdaderos controles ni verificación, su incumplimiento puede agravar la situación, desalentando a ambas partes y desatando frustraciones.
Un cese al fuego debe también ser aprehendido en sus múltiples dimensiones. Muchas negociaciones se quedan en lo estratégico-militar, mientras que la firma de un cese al fuego también puede tener implicaciones financieras. Un cese de hostilidades implica generalmente una pérdida de recursos económicos para el grupo armado ilegal. La búsqueda de alternativas, como una prima al cese, puede ser un incentivo útil.
Al mismo tiempo puede ser útil prever sanciones creíbles en contra de los que violen el cese al fuego acordado. Es cierto que existen muchos casos en contra de esa tesis (Angola, Camboya, Sri Lanka, Serbia…) pero en otros, como fue el caso de Burundi, el temor por parte de los grupos armados ilegales de no poderse beneficiar de los dividendos de la paz y las múltiples amenazas de sanciones proferidas por los países de la región y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contribuyeron a convencer a los diferentes grupos armados ilegales de dejar las armas.
También es mejor negociar un cese al fuego temporal y renovable. En efecto, cualquier grupo armado que empieza a dialogar quiere conservar abiertas sus dos opciones, la militar y la política. Por lo tanto, proponer un cese de hostilidades indefinido o permanente desde el inicio de las conversaciones es poco realista porque, aunque no equivale necesariamente a fijar de manera irreversible la situación sobre el terreno, tal propuesta reduce el margen de maniobra de la parte más débil. Al contrario, un cese de hostilidades de duración predeterminada o un cese de acciones temporal renovable no compromete su capacidad bélica y le permite seguir negociando sin tener la impresión de haber caído en una trampa.
Finalmente, un cese al fuego deber ser parte integrante de un proceso político. No es la solución en sí, sino sólo un elemento de la solución. Por lo tanto, iniciar las negociaciones con la búsqueda de un acuerdo de cese al fuego puede ser viable y beneficioso, si y solamente si se lo logra aprovechar para desarrollar una dinámica política. En El Salvador, el tema del cese al fuego se discutió de manera paralela a los temas substanciales, en la medida en que las otras mesas de negociación avanzaban para no correr el riesgo de que las discusiones sobre un cese al fuego congelaran las discusiones de temas más substanciales. Pero fue solamente después de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec que se decretó el cese al fuego.
Buscan blindar a los comisionados de Paz
En medio del proceso que se le adelanta al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, el senador Roy Barreras propuso ayer incluir, dentro de la ley reglamentaria del nuevo marco legal para la paz, un artículo que brinde protección a los futuros voceros de Paz, para que no se vuelvan a presentar casos de este tipo en los procesos de desarme.
“Lo que debe haber es precisión, para que, cuando un facilitador de Paz permita o reciba una entrega masiva de delincuentes, la identificación de los antecedentes de cada bandido corra por cuenta en principio del vocero autorizado que debe entregar el listado y en segundo lugar de las autoridades de policía judicial encargadas de verificar esas identidades”, señaló Barreras.
De esta forma, según el congresista, se evitaría que haya “colados” en un eventual proceso de desmovilización.
* Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.