La llamada puede llegar al teléfono personal del propietario. En otros casos aparece un mensaje, un panfleto o un hombre que entra al establecimiento y deja clara la exigencia. El mensaje, según comerciantes y productores que han conocido este tipo de presiones en Magdalena, termina siendo prácticamente el mismo: hay que pagar para poder trabajar tranquilos.
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El problema es que pagar tampoco garantiza tranquilidad. Empresarios, comerciantes y productores rurales han quedado atrapados en territorios donde confluyen los intereses de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Clan del Golfo, estructuras como Los Primos y bandas delincuenciales que también utilizan la extorsión como fuente de financiación.
En algunos casos, según testimonios conocidos por el sector empresarial, después de recibir la exigencia económica de una estructura, aparece otra reclamando el mismo territorio. La nueva orden puede ser dejar de pagarle al primer grupo y comenzar a entregarle el dinero a los que llegan.
En medio quedan quienes producen, venden, generan empleo y tienen inversiones que difícilmente pueden trasladar de un municipio a otro.
“Uno trabaja para sostener empleados, pagar impuestos, proveedores y todas las obligaciones de una empresa. Si además empiezan a aparecer personas cobrando por dejarlo trabajar, llega un momento en que uno se pregunta si vale la pena continuar”, relató bajo reserva un empresario que conoce de cerca las presiones que afronta el sector productivo.
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El miedo explica precisamente por qué buena parte del fenómeno permanece escondido. Denunciar significa para muchas víctimas exponerse frente a organizaciones que tienen presencia en sus territorios y conocen sus negocios, propiedades, trabajadores y movimientos.
Comerciantes y finqueros, entre las víctimas
La situación dejó de ser una percepción exclusivamente empresarial. Operativos realizados durante este año por el Gaula de la Policía en Magdalena han permitido capturar presuntos integrantes de los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo señalados de intimidar a comerciantes y propietarios de fincas.
En abril, por ejemplo, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura ACSN que, según la investigación, exigían hasta un millón de pesos a comerciantes y finqueros bajo amenazas contra sus vidas.
La Policía estableció que los presuntos extorsionistas utilizaban panfletos intimidatorios entregados directamente en establecimientos y propiedades rurales. Las investigaciones ubicaron parte de esas actividades en Zona Bananera y Aracataca.
En otro operativo realizado el mismo mes, fueron capturados dos hombres señalados de intimidar comerciantes y finqueros en Zona Bananera, Fundación y Aracataca. Uno de ellos, conocido con el alias de ‘Cóndor’, presuntamente exigía $800.000 a sus víctimas a cambio de respetar sus vidas. El problema adquiere otra dimensión cuando las amenazas llegan al campo.
Productores consultados sobre la situación describen un escenario particularmente complejo porque una finca no puede cerrar sus puertas y trasladarse fácilmente. Cultivos, animales, maquinaria y trabajadores permanecen en el territorio, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a quienes ejercen control armado.
“Lo más difícil es cuando aparece otro grupo. Si uno recibe una exigencia de una estructura y después llega otra diciendo que no puede pagarle a aquella sino a ellos, ¿qué hace uno? Queda en medio de un problema que no buscó”, explicó una fuente vinculada al sector productivo que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
Un negocio atacado encendió las alarmas en Fundación
La preocupación adquirió especial gravedad en Fundación, uno de los municipios donde autoridades y gremios vienen advirtiendo sobre el impacto de la extorsión. Recientemente, hombres armados dispararon contra un establecimiento comercial después de que sus responsables se negaran a pagar una exigencia económica.
La situación de Fundación ya había obligado a las autoridades departamentales a realizar intervenciones especiales. La Gobernación, acompañada por el Gaula, desplegó jornadas en la zona comercial para prevenir extorsiones y promover las denuncias. Sin embargo, el temor persiste.
Para pequeños comerciantes, la situación puede resultar todavía más asfixiante. Una tienda, restaurante, taller, droguería o establecimiento familiar difícilmente tiene capacidad financiera para incorporar una extorsión como otro gasto mensual. Cerrar comienza entonces a aparecer como alternativa.
“Hay personas que prefieren entregar el negocio, vender lo que puedan e irse. Usted puede tener un establecimiento que produce, pero si comienza a sacar dinero todos los meses para pagar una vacuna, termina trabajando para otros”, señaló otro comerciante.
Hasta $7.000 millones mensuales por extorsiones
La dimensión económica del fenómeno quedó expuesta recientemente en un informe de la Fundación Ideas para la Paz, en el que se señala que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada habrían establecido un sistema de control territorial y económico sobre el corredor turístico comprendido entre Santa Marta y Palomino.
Las extorsiones podrían representar para esa organización ingresos mensuales de entre $6.000 millones y $7.000 millones. El mecanismo alcanzaría hoteles, restaurantes, operadores turísticos y establecimientos comerciales. El informe advierte incluso sobre cobros asociados al número de turistas recibidos por algunos hoteles y exigencias económicas para permitir la apertura de nuevos negocios.
El dato permite entender que la extorsión dejó de funcionar únicamente como una amenaza individual contra determinados comerciantes. En algunas zonas estaría operando como una economía criminal organizada alrededor de la actividad productiva.
La Cámara de Comercio lleva la preocupación al presidente electo
Ese escenario llevó a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena a enviar una comunicación formal al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que advirtieron que la inseguridad ya está golpeando variables fundamentales para el desarrollo económico: inversión, empleo, competitividad y confianza empresarial.
En la carta se incluyeron cinco medidas que el gremio considera necesarias para recuperar el control institucional. La primera consiste en aumentar permanentemente el pie de fuerza de la Policía y otras instituciones de seguridad en Santa Marta y los municipios con mayores afectaciones.
También plantea crear un Equipo Especial contra el Crimen Organizado que reúna capacidades de inteligencia, investigación criminal y judicialización específicamente orientadas a estructuras responsables de extorsiones, homicidios, amenazas y ataques contra empresarios.
Una tercera propuesta apunta al delito de la extorsión, por lo que piden implementar un plan integral que articule a otras autoridades territoriales.
La Cámara pide además mayores capacidades tecnológicas, logísticas y operativas para la Fuerza Pública y propone crear una mesa permanente de seguridad para Santa Marta y Magdalena en la que participen Gobierno Nacional, autoridades territoriales, organismos judiciales, Fuerza Pública y representantes empresariales.
“El pequeño comerciante tiene miedo”
El temor a denunciar también fue reconocido públicamente por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Carlos Jaramillo, durante la Cumbre Global de Seguridad realizada recientemente en Magdalena, en la que pidió recuperar los frentes de seguridad que han funcionado en Santa Marta y extenderlos hacia los municipios.
Pero hizo una advertencia especialmente significativa: es necesario mejorar los mecanismos de denuncia para que los pequeños comerciantes víctimas de extorsión puedan acudir a las autoridades sin sentir que están poniendo sus vidas en riesgo.
El sector empresarial estudia aportar por lo menos COP 1.000 millones para respaldar estrategias destinadas a mejorar la seguridad y convivencia en el departamento.
El dilema: pagar, cerrar o denunciar
Para quienes reciben una llamada extorsiva, las grandes estrategias institucionales terminan reducidas a tres posibilidades mucho más simples y dramáticas: pagar, cerrar o denunciar.
Pagar puede mantener abierto temporalmente el negocio, pero tampoco garantiza que desaparezca la amenaza. Cerrar significa perder inversiones construidas durante años y poner en riesgo empleos. Denunciar implica confiar en la capacidad del Estado para proteger a la víctima después de entregar información sobre organizaciones armadas.
“Nuestra intención es que el Gobierno Nacional encuentre en el territorio un aliado para construir soluciones de largo plazo. La seguridad es indispensable para proteger el empleo, la inversión y la competitividad, pero también queremos aportar una agenda construida desde las necesidades y oportunidades del Magdalena”, señaló Carlos Jaramillo Ríos.
El desafío para el próximo Gobierno será complejo porque en Magdalena la disputa criminal tiene varios protagonistas y las fronteras de influencia pueden cambiar.
Mientras los conquistadores de la Sierra mantienen una fuerte presencia, especialmente en Santa Marta, la Sierra Nevada y corredores hacia La Guajira, otras estructuras criminales buscan ampliar su influencia en diferentes zonas del departamento.
Al empresario le preocupa poder abrir su negocio al día siguiente, producir en su finca, pagar a sus trabajadores y regresar a casa sin que una llamada convierta nuevamente el miedo en otro costo de hacer empresa en Magdalena.