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Los damnificados por la avalancha de hace dos años en la vereda El Tarrita, Norte de Santander, bloquearon la carretera entre Ocaña y Cúcuta, a la espera de respuestas por parte del Gobierno Nacional sobre su reasentamiento.
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Los manifestantes exigen el pago de los arriendos pendientes y los resultados de los estudios y diseños para una solución definitiva a los problemas que trajo la avalancha en las vías y en sus viviendas.
“Llevamos más de dos años esperando las ayudas del Gobierno Nacional. Ahora las personas no van a poder aguantar seis horas en la carretera en solidaridad por el calvario que nosotros hemos vivido”, aseguró a La Opinión el manifestante Wilmar Ortiz, de la Quebrada Paramillo.
En el sector solo se permite el paso de ambulancias, organismos de socorro y personas con citas médicas certificadas por las instituciones, además están pidiendo la historia clínica. “A los conductores les recomendamos que busquen vías alternas como la de Bucaramanga-Pamplona para poder llegar a Cúcuta”, añadió Ortiz.
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Por su parte, Lusary Jácome, líder de los damnificados de El Tarrita, aseguró a Caracol Radio que el “paro va a continuar. Se están haciendo cierres por seis horas y después se dejan pasar los carros que estén en el bloqueo. En la noche sí está libre y vamos a estar en este paro hasta el lunes, posiblemente”. En total, son 146 las familias que resultaron damnificadas por la avalancha que se registró el 31 de mayo de 2023.
#Regiones | Damnificados de 'El Tarrita', en Norte de Santander, quienes adelantan un bloqueo en la vía nacional Cúcuta - Ocaña, pidieron disculpas por las molestias generadas, asegurando están abandonados por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/lgAVFBziSg
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 2, 2025
“La reunión con directivos y personal que sí toma decisiones del Gobierno y la gobernación se realizará el lunes. Entonces seguiremos en paro”, agregó Jácome.
Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, expresó que ellos sí han cumplido con los damnificados, pero es el Gobierno Nacional el que ha incumplido. “La gobernación se comprometió en hacer un monitoreo constante y desde el 2024 tenemos tres cámaras con internet satelital. En segundo lugar, tenemos el trabajo del colegio, con servicio de PAE. En tercer lugar, en unos tiempos determinados se estableció unos arriendos, que los estamos cumpliendo”.
Villamizar añadió que para la reubicación se requiere “adquirir un espacio para las familias, ahí mismo sobre la vía, que corresponde a la UNGRD y el Gobierno Nacional. Por eso es la protesta, en la cual acompañamos a la comunidad para buscar una solución”.