La Marcha por la Dignidad es una iniciativa que exige que pare el asesinato de líderes sociales en Colombia. El 13 de julio dos grupos iniciaron el recorrido: la “Ruta Libertadora” salió desde Gibraltar, en Toledo, Norte de Santander y la “Ruta Comunera”, que inició en Barrancabermeja, Santander.
Este sábado 18 de julio se unirán para hacer un acto simbólico en el puente de Boyacá. “De ahí seguiremos hacia Bogotá, donde cerraremos con presencia de medios y procesos sociales en en el parque de los Héroes”, afirma Sonia López, lideresa y defensora de derechos humanos del Congreso de los Pueblos.
12 líderes y defensores de derechos humanos de Arauca, Boyacá y Casanare están en la Ruta Libertadora. La Ruta Comunera está conformada por un grupo de cerca de 27 personas. De acuerdo con López, el objetivo principal es denunciar y exigir al Estado que “pare el genocidio contra el movimiento social”. Denuncian el asesinato y la judicialización de líderes y defensores de derechos humanos.
En un comunicado, señalan que un grupo de personas caminó desde Popayán hasta Bogotá. “Fueron las pioneras de la Marcha por la Dignidad, con el objetivo de denunciar la grave situación humanitaria”, dicen. Dicha marcha, llegó el 10 de julio a Bogotá, después de recorrer más de 400 kilómetros.
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Los líderes denuncian que a dos años del inicio del Gobierno de Iván Duque, se “han profundizado todas las políticas neoliberales de los gobiernos de los últimos años. También se ha dedicado a agudizar la guerra que acuerdos y negociaciones buscaron atenuar; hizo trizas el acuerdo de paz con las FARC, acabó la mesa de diálogo con el Eln, desconoció los acuerdos firmados con el movimiento social e impulsa una criminal política de muerte y persecución hacia quienes pensamos y hacemos diferente”.
López cuenta que están intentando concertar con las autoridades de los diferentes departamentos, pues hay restricciones a la movilidad durante el fin de semana, pero solicitan apoyo para terminar el recorrido con todas las medidas y protocolos de bioseguridad.
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“Exigimos que se proteja la vida en Colombia, que la fuerza pública no asesine ni viole ni persiga a quienes piensan diferente y organizan a las comunidades: porque ser líder social no es delito. Por la vida y la libertad de las mujeres y las personas con opciones sexuales diversas”, explican en el comunicado.
Además, López alerta sobre la judicialización de líderes, que para ellos es “un plan de persecución y criminalización como parte de la estrategia criminal de agresión del Estado colombiano y las corporaciones transnacionales contra el tejido social que las comunidades han venido construyendo en el país”, según explican en otro documento.