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Un doble drama han tenido que vivir más de 250 personas desplazadas por la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Primero, se vieron obligadas a abandonar sus hogares al quedar en medio de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; luego, denuncian haber sido sometidas a malos tratos, humillaciones e intoxicaciones en Ciénaga, lo que las llevó a regresar a zonas aún en riesgo.
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Las familias, provenientes del corregimiento de San Javier y de las veredas La Mojana, La Tigra y Cerro Azul, salieron de sus territorios en la madrugada del miércoles por temor a quedar atrapadas en medio del fuego cruzado. Tras desplazarse hasta el casco urbano de Ciénaga, esperaban recibir atención humanitaria, pero, según sus testimonios, encontraron condiciones precarias.
“Lo más terrible no fue habernos desplazado, sino la atención que recibimos. Llegamos con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, y no tenían ni dónde recostar la cabeza. Dormían en el piso”, relató Nailer Riatiga, líder comunitario.
De acuerdo con Riatiga, la alimentación fue escasa, tardía e insuficiente. “El desayuno llegaba a las 11 de la mañana, el almuerzo a las tres de la tarde, incompleto. No había kits de aseo. La comida estaba cruda y en mal estado”, denunció.
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Las quejas fueron elevadas en repetidas ocasiones ante la administración municipal, sin obtener respuestas oportunas. “Nos reportábamos a la Alcaldía y al secretario de Gobierno, pero decían que todo estaba bien, cuando los alimentos no llegaban a tiempo”, afirmó.
La situación se agravó el viernes en la noche, cuando, según los afectados, fueron entregados alimentos en mal estado que provocaron una intoxicación masiva.
“Trajeron unos espaguetis con carne molida y eso intoxicó a más de 15 personas. Nueve tuvieron que ir a urgencias. Solo reaccionaron cuando ya vieron la emergencia”, señaló Riatiga.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas confirmó las denuncias y cuestionó el manejo institucional. “No los llevaron a un albergue digno, sino a una sede administrativa. Hubo maltrato verbal, mala alimentación y una revictimización constante. Por lo menos nueve personas fueron hospitalizadas por intoxicación grave, entre ellas niños”, indicó.
Según Dimas, ante la falta de garantías, las familias tomaron una decisión extrema: regresar a sus fincas pese al riesgo armado. “Nadie les daba la mano. Los miraban como un problema. Entonces dijeron: para estar en estas condiciones, mejor volvemos”, sostuvo.
Antes de retornar, los desplazados firmaron un documento en el que dejaron constancia de su decisión y responsabilizaron al Estado por cualquier hecho que pudiera poner en riesgo sus vidas. “Si llega a pasar algo, la responsabilidad es del Estado. Nosotros nos vamos porque nos sentimos abandonados”, expresó uno de los líderes.
Actualmente, los hombres de las comunidades ya se encuentran en el territorio, mientras niños, mujeres y adultos mayores permanecen en Zona Bananera, como medida preventiva. “Primero teníamos que verificar cómo estaba la zona. Por eso dejamos a nuestras familias abajo”, explicó Riatiga.
Sin embargo, el regreso ha estado marcado por nuevas pérdidas. Los campesinos reportan afectaciones en cultivos, animales muertos y viviendas abandonadas. “Hay personas que dejaron todo: animales, cosechas, herramientas. Ya encontramos pollos muertos, cultivos secos, pérdidas millonarias. Nadie ha venido a verificar”, relató el líder.
Desde las organizaciones sociales, se insiste en la necesidad de una ruta humanitaria que garantice un retorno seguro. “No pueden ser las mismas víctimas las que revisen si hay peligro. Los actores armados ingresaron a las fincas. No sabemos si hay explosivos. Debe ir una comisión humanitaria con autoridades competentes”, advirtió Dimas.
Gobernación asegura que no fue informada por la Alcaldía
Frente a las denuncias, la Gobernación del Magdalena afirmó que no recibió información oportuna por parte de la Alcaldía de Ciénaga sobre la emergencia.
En un comunicado, informó que, por instrucciones de la gobernadora Margarita Guerra Zúñiga, se activaron mecanismos de atención para cerca de 200 personas desplazadas desde la parte alta de la Sierra Nevada.
La administración departamental señaló que, en articulación con el Hospital San Cristóbal, brindó atención médica en el Centro de Atención a Víctimas, pese a no haber recibido una solicitud formal del ente municipal.
Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y aseguró que continuará acompañando a las comunidades afectadas.
Mientras tanto, las familias regresaron a territorios donde persiste la presencia de actores armados, sin acompañamiento institucional permanente y con temor a nuevos enfrentamientos.
Líderes sociales y defensores de derechos humanos insisten en que el caso evidencia una falla estructural en la atención a víctimas del conflicto, y hacen un llamado urgente al Gobierno nacional, departamental y municipal para que asuman su responsabilidad y eviten que estas comunidades sigan siendo obligadas a escoger entre el desplazamiento, el abandono y el riesgo de muerte.