Metroagua en Santa Marta, ¿el nuevo Electricaribe de la costa?

Hace más de 20 años, los samarios sufren por el servicio de agua. El líquido llega solo al 83% de la población, y no durante las 24 horas del día, algunos sectores lo ven fluir en sus casas apenas una vez por semana, o tal vez nunca. La necesidad ha hecho que recurran a hervir el agua, a comprar decenas de botellas, mangueras y motobombas, y a tanques elevados para no padecer sed y poder bañarse. Y bajo estas condiciones, son ellos los que quedaron en medio de la disputa entre la alcaldía y Metroagua, operador del servicio, que se ha acentuado en las últimas semanas cuando se presentaron desbordamientos de aguas negras en las calles.

La pelea, en la que están en juego derechos fundamentales y las condiciones dignas de vida, radica en que ambas partes suscribieron hace más de dos décadas un contrato de arrendamiento para que Metroagua usara las redes de la ciudad y prestara el servicio de acueducto y alcantarillado. En 2002 se firmó un otrosí con una cláusula que establece que al terminar el contrato, en abril de 2017, la empresa no cedería las redes al distrito hasta que éste le pagara unas inversiones que dice haber realizado en el transcurso del contrato.

La administración local afirma que aunque esas inversiones podrían estar justificadas en el papel, no las conoce porque no se ven reflejadas en la realidad, que se debe liquidar Metroagua, y que en ese proceso se demuestren las mejoras en el servicio. La compañía responde que la alcaldía tiene participación en la asociación, que tres de los nueve puestos en la junta directiva son de ésta, por lo que está al tanto de esas inversiones hechas, y ahora se hace la de la vista gorda. Pero la alcaldía dice que solo asistió a una junta directiva el año pasado, y fue excluida.

La idea que tiene el alcalde Rafael Martínez es que una vez caduque el contrato con Metroagua el 17 de abril, un operador transitorio asuma el sistema por un año, y que este debe ser elegido por licitación pública. Y luego se hará una Alianza Público Privada para operar el servicio los próximos 30 años. Sin embargo, Metroagua no se irá sin la plata que exige.

Según el mandatario, Metroagua se quiere ir con los bolsillos llenos, por un pésimo servicio que no se refleja en los números invertidos. “Necesitamos  que los socios  mayoritarios   permitan  la terminación  de este contrato sin generar  mayores traumatismos y desinformando  a los ciudadanos». En la controversia también está de por medio el exalcalde samario Carlos Caicedo, quien interpuso una acción popular para que la justicia obligue a la compañía a devolver las redes a la administración.

“Pusimos una acción popular en 2015 porque ese otrosí que favorecía a Metroagua condenó a la ciudad a la pésima prestación de un servicio”, afirmó Caicedo, quien pidió intervención de la Contraloría y exámenes de peritos dictaminados por un tribunal de arbitramento para verificar que la empresa sí ha invertido cerca de $60 mil millones.

“Es una artimaña jurídica para seguir atornillados. La Unidad de Gestión del Riesgo y el Gobierno Nacional han construido pozos y mejorado la infraestructura y ahora Metroagua quiere cobrar por eso. Tienen un negocio redondo, no hacen inversión, no pagan arriendo (porque se bajó de 33% a 2% de lo recaudado) y no tienen quienes le hagan la interventoría técnica sino ellos mismos, es un chantaje para no irse”, agregó el exmandatario.

Las actuaciones de Caicedo fueron denunciadas este miércoles ante la Procuraduría por Metroagua, que argumenta que el exalcalde pone en peligro la vida de sus trabajadores al incentivar la movilización ciudadana con un discurso “pendenciero” y que tanto él como Martínez han ejercido presión a sus funcionarios públicos obligándolos a recolectar 250 firmas y a difundir la iniciativa “No más Metroagua”.

Luis José Londoño, gerente de Metroagua. /Gustavo Torrijos – El Espectador

“El problema es que no hay fuentes de agua”: Metroagua

Luis José Londoño, gerente de Metroagua, reconoce que hay fallas en el servicio, pero se mantiene en su argumento de que para terminar el contrato la administración debe pagar cerca de $60 millones, con los que la compañía promete que va a ponerse al día con sus acreedores. Él dice que ese dinero ha sido invertido en obras públicas de hasta $400 mil millones, un canal fluvial, y el mejoramiento de las plantas, del sistema electromecánico, y la perforación de pozos.

Los males del servicio del agua en Santa Marta los achaca a la falta de organización de la ciudad y a la falta de fuentes de agua. “La ciudad tiene un problema muy grave que no es imputable a la empresa es imputable a la alcaldía, porque el control urbano es de ella. No urbanizan, la gente se asienta y después empieza exigir. No hay fuentes de agua ni infraestructura. Hay cerca de 24 mil  personas desplazadas, de 96 mil usuarios, que se pegan a las tuberías sin pagar. 

¿Por qué entonces después de casi tres décadas es que estalla este caos? “Desde 2008 se viene discutiendo ese tema, y la superintendencia tiene conocimiento, hace cuatro años nos reunimos con ellos, y saben que hacemos lo que podemos”, contesta Londoño.  

El acueducto de la ciudad se alimenta hoy de los ríos Manzanares, río Piedras y río Gaira, que vienen de una estribación de la Sierra Nevada. “Son ríos cortos que en algunos veranos se han secado. Hemos estudiado de dónde traer más agua, hasta del río Magdalena o hacer represas. La Universidad de Los Andes hizo un estudio y determinó que en temporada alta la ciudad tendría 2 millones de habitantes y se necesitarían seis metros cúbicos por segundo, esa agua no la hay en los ríos de la Sierra en verano y los indígenas no permiten hacer túneles. Para ya se necesitan 3,2 metros cúbicos, que no tenemos, para abastecer al 100% de la población”, concluye el empresario.  

Apenas hay en marcha un proyecto de diseño para bombear el río Córdoba y crear una nueva planta que traiga agua del Magdalena. “Hay que salir a buscar los recursos. Lo único que dijeron es que la nación iba a poner $1.4 billones de $2,8 billones que vale la solución”. Ante la supuesta contaminación del líquido denunciado por samarios, Londoño responde que en las conexiones ilegales las personas acuden a prácticas que no garantizan la potabilidad del agua, porque intervienen las tuberías.

¿Qué pasa con la calidad del agua?

Aun cuando Londoño dice que el agua que se suministra a Santa Marta es potable y apta por el consumo y que así lo demuestra su más reciente estudio, la Secretaría de Salud de la ciudad informó que el Laboratorio de Salud Pública Departamental solo evaluó 3 de los 14 parámetros exigidos por el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, “porque en esa entidad no se contaba ni con el personal ni con los equipos ni los reactivos necesarios para cumplir tales exámenes”. Variables como el nitrato, cloruro, nitritos, sulfatos, hierro total, color, turbiedad, aluminio y fosfatos no se tuvieron en cuenta.

La comunidad ha denunciado que el agua le llega sucia y que por eso no la pueden consumir, son pocos los samarios que se atreven a tomar agua del grifo. Planeación Nacional, que lidera la idea de una APP, calificó de “pésimo” el servicio de Metroagua y aseguró que en el sector de San José del Pando la infraestructura de acueducto es precaria y las personas se abastecen con “acueductos artesanales”, y el agua no es apta para el consumo. Debido a esto, el 35% de los niños en la ciudad presentan enfermedades en la piel.

La Superservicios ya puso la lupa sobre Metroagua y un equipo especializado visita la compañía. Hasta tanto los procesos judiciales no tengan desenlace, los habitantes podrían seguir pagando hasta $150 mil pesos al mes por un agua que no es segura para consumir. A oscuras transcurren semanas por cuenta de Electricaribe, y ahora a secas por una pelea de poderes que parece apenas empezar.