Movimientos y organizaciones sociales de todo el país alistan gran paro nacional para 2019

Archivo El Espectador

Este viernes 12 de octubre culminó en Bogotá el encuentro en el que se habían dado cita alrededor de 1.300 representantes de movimientos sociales, campesinos, indígenas, políticos y afro de todo el territorio nacional. Desde el martes 9 de octubre se habían reunido con el propósito principal de concertar una agenda de movilización y acción política conjunta con miras a 2019.

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Desde ese espacio, denominado Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos emitieron una declaración política que deja fijados los principales puntos de lucha común para el próximo año. Organizaciones como el Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Paz a la Calle, entre muchas otras, acordaron, por lo menos, tres puntos sustanciales.

En primer lugar, y como objetivo central de la Asamblea, acordaron “una ruta” de movilización social a futuro. Para tal fin, “convocamos a la Bancada por la Paz y la Esperanza, las plataformas de convergencia y las organizaciones sociales y políticas, a nivel territorial y nacional, a conformar un Comité Coordinador Nacional de la Unidad Estratégica para trabajar con creatividad, coherencia y persistencia en la materialización de un Frente o Bloque Popular y Democrático, con base en una Plataforma Programática a la que aportamos los mandatos emanados de esta Asamblea”, se lee en la declaración de las organizaciones.

Fruto de tal ruta, y como segundo punto fundamental, los movimientos y organizaciones sociales allí reunidos se preparan para llevar a cabo en el primer semestre de 2019 un gran paro nacional. Entre los objetivos que convocan dicha manifestación se encuentran, por ejemplo, la defensa de la consulta previa – cuyo intento por reglamentarla rechazan – y de las consultas populares que esta semana la Corte Constitucional dejó sin efecto.

Pero además exigirán la continuidad irrestricta de la agenda de diálogos con el Eln y el cumplimiento efectivo del Acuerdo con las Farc. Así mismo, el cese de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo a la criminalización de la protesta social y el rechazo a “el paquete normativo regresivo y antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria”.

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Como un último punto y con miras a las elecciones locales y regionales de 2019, los movimientos convocados generarán espacios de concertación de propuestas y otros mecanismos que les permitan girar alrededor de candidaturas de convergencia.