14 May 2021 - 8:11 p. m.

“No es falsa la noticia sobre joven de 17 años en Popayán”: abogada Lizeth Montero

Este jueves se conoció el caso de una menor de edad que se habría suicidado luego de denunciar en una red social hechos de violencia sexual cometida presuntamente por parte de agentes del Esmad. La Policía dice que la noticia es falsa, pero la abogada Lizeth Montero, quien conoce de cerca la denuncia, desmiente a la institución.
Pilar Cuartas Rodríguez

Pilar Cuartas Rodríguez

Periodista Investigación
De acuerdo con defensores de derechos humanos, tres menores denunciaron hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por la Fuerza Pública el 12 de mayo en el Paro Nacional. El pasado fin de semana también se llevó a cabo una marca feminista.
De acuerdo con defensores de derechos humanos, tres menores denunciaron hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por la Fuerza Pública el 12 de mayo en el Paro Nacional. El pasado fin de semana también se llevó a cabo una marca feminista.

Diferentes plantones feministas se llevan a cabo este viernes en distintos puntos del país para rechazar el caso de una joven menor de edad en Popayán que se habría quitado la vida, después de denunciar que la noche del miércoles fue detenida y llevada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán tras sufrir violencia sexual presuntamente por parte de uniformados de la Policía. Los hechos fueron dados a conocer en un comunicado conjunto de seis organizaciones defensoras de DD.HH., que le pidieron investigar a la Defensoría, Procuraduría y Personería. (Paro Nacional: menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías)

La noche de este jueves también se conoció un audio que divulgó aún más la noticia, y en el que se escucha a la abogada Lizeth Montero alertar sobre este caso y el de otras menores de edad que narran haber sufrido violencia sexual. En diálogo con este diario, Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, egresada de la Universidad del Cauca, magister en derechos humanos y democratización de la Universidad Externado de Colombia, da su versión de los hechos. (“Es una noticia falsa”: Policía niega abuso de joven detenida en Popayán y Fiscalía investiga)

La Policía dice que el comunicado de diferentes organizaciones de DD.HH. sobre el posible suicidio de una menor en Popayán, tras denunciar violencia sexual presuntamente por parte de policías, es una noticia “falsa, vil y ruin”. ¿Es falsa esa noticia y es falso el comunicado?

No. El suicidio es un hecho cierto, comprobable, al igual que la agresión previa. Existe abundante material probatorio, testimonios que ya están siendo cruzados y que dan cuenta que efectivamente la agresión, la aprehensión y el uso excesivo de la fuerza tuvieron lugar a las afueras de la URI. Lo que no se puede afirmar en este momento es que exista evidencia de violación o acceso carnal violento. Lo que ella señala en sus redes sociales, antes de tomar esa decisión, es que hubo tocamientos indebidos y que, parte de ese uso excesivo de la fuerza, está evidenciado en los videos, en los que además queda claro que hubo intención de impedir que el periodista alternativo, que estaba registrando el hecho, pudiera registrar lo que sucedió. (“¡Hágale lo que quiera!”: las denuncias por violencia sexual en Paro Nacional)

Al principio y al final del video se narra también que la golpean. Entonces, objetivamente hablando, hay dos hechos ciertos. Aparentemente la menor sí comete suicidio y digo “aparentemente” porque estamos esperando el dictamen de Medicina Legal en relación a la causa de muerte. El otro hecho, que está siendo desconocido de plano por la Policía, es que existió una agresión desproporcionada contra esa menor, que después resulta fallecida.

En redes sociales circula ese video que usted menciona, en el que la víctima denuncia haber sufrido violencia sexual al relatar que fue “manoseada” por policías. ¿El perfil desde el que se publicó ese video en una red social sí pertenece a la víctima?

Claro que sí, su familia dice que ese es su perfil de Facebook. Ella señala desde ahí que la manosearon y la tocaron y que se sintieron sorprendidos cuando se dieron cuenta, al revisar sus documentos, que ella era hija de un integrante de la Policía Nacional. De hecho, la persona que nos atendió en el procedimiento de entrega era consciente de esa situación y creo que acudieron al registro nacional de funcionarios de la Policía para identificar a los acudientes de la joven y llamarlos para ponerla a ella a disposición de sus papás. Finalmente, quien llega a recogerla en la URI es la abuela y sucedió antes de las 11p.m.

Háganos, por favor, un recuento de lo que se sabe del caso y en qué momento usted lo conoce.

Según los testimonios de defensores de derechos humanos, de los amigos con los que ella se estaba desplazando, ella iba para el norte de la ciudad donde vivía. Ellos iban pasando justo en el momento en el que en la glorieta La Chirimía había enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Fuerza Pública. Esto es a unas dos cuadras de distancia de la URI. Lo que dicen los testimonios es que ellos iban pasando, que ella, al ver los gases lacrimógenos, se pone a grabar con su celular, y que los agentes arremeten contra ella, la capturan de manera injustificada y empiezan a someterla, haciendo un uso excesivo de la fuerza, porque ella se resiste a ser trasladada, además manifestando en todo momento que no estaba haciendo nada.

En algún momento del video, que también es consistente con la narración de los testigos, ella arroja su bolso al piso pidiéndoles que lo revisen, que vean que no tiene nada y claramente ella se opone al procedimiento de traslado, porque pareciera ser que considera que a todas luces era injustificado. En ese procedimiento intervienen cuatro agentes del Esmad, que la toman de las cuatro extremidades, y ella manifiesta en el video que le están bajando los pantalones, la ponen en el suelo en varias oportunidades y finalmente la ingresan así, por la fuerza, a la URI.

Ese es justo el momento en el que nosotros, un grupo de defensores, llegamos al sitio. Estábamos a unas cuadras y corrimos con dirección norte-sur sobre la vía en la que queda la URI, mientras veíamos la transmisión en vivo del periodista que hizo el video y que era de un medio llamado Red Alterna. Al escuchar que el periodista decía que era una mujer, corrimos lo más que pudimos, pero al llegar a ella ya la estaban terminando de ingresar a la URI y ahí empieza toda una serie de intercambios de palabras entre los agentes del Esmad y los defensores de derechos humanos y brigadistas que estábamos ahí, porque ellos nos impiden el acceso a la URI, nos quitaron de la puerta diciendo que era por “nuestra seguridad”, pero luego empezaron a decir que estábamos tirando piedras, que por qué defendíamos los derechos humanos de uno y no los de ellos y que grabáramos cuando los vándalos hacían los destrozos.

Nos querían sacar de la cuadra y yo empecé una transmisión en vivo señalando eso, diciéndoles que ellos tenían una posición de garantes como miembros de la Fuerza Pública, que tenían que respetar nuestra labor como defensores de derechos humanos y que no podían negarnos el acceso a una instalación de acceso civil, porque la URI no es una instalación militar.

¿Cómo sale la menor de la URI?

Nos quedamos en el sitio hasta que hubo un recrudecimiento de la confrontación en la glorieta y los agentes del Esmad se fueron. Pudimos acercarnos todos a la puerta de la URI y verificar lo que estaba sucediendo. Un compañero dijo que eran cuatro menores, que ingresaron arrastrados por la fuerza, pero íntegros. Y luego nos señalaron que el procedimiento era hacerles una anotación en el libro de anotaciones y que lo que procedía era que llegaran los acudientes y que los acudientes debidamente identificados se los podían llevar. Entonces, nos concentramos en ubicar que estuviesen los familiares de los menores. Llegó una chica que se identificaba como su hermana, pero en realidad era una amiga que quería sacarla sin que llegara la familia, pero finalmente verifican que es hija de policía, se meten al sistema, llaman a la abuela y ella llega como una hora y 40 minutos después. La menor salió en compañía de su abuela.

La Policía dijo en W Radio que esta joven estaba “exaltada” y “tratando de continuar con los desmanes”. ¿Qué opina de estas afirmaciones?

Creo que son profundamente malintencionadas y que no encontramos que estén justificadas en los testimonios de las personas que rodearon el momento preciso de la aprehensión de esta menor de edad por parte del Esmad. Ella evidentemente se exalta, que puede ser consistente con lo que hemos visto, como defensores, de la reacción de alguien que se está oponiendo a su captura, más aún si considera que esa captura es injustificada y arbitraria. Si la gente siente que se la están llevando por algo que no hizo, es normal que se oponga de manera brusca e incluso violenta. Eso no significa de ninguna manera, ni establece en términos penales, la posibilidad de afirmar que ella estaba cometiendo algún acto que sea tipificable en el Código Penal.

El procedimiento adecuado debió ser lograr en ella un estado de calma, solicitar acompañamiento del Ministerio Público, verificar si era menor de edad y tratar de realizar el procedimiento de la forma menos lesiva para los derechos de los niños, niñas y adolescentes como establecen los protocolos y los estándares nacionales e internacionales.

¿Y cambiaría en algo la situación si la joven hubiese estado “exaltada” o “vandalizando”?

No, es un argumento que busca justificar una agresión contra una mujer menor de edad y el uso excesivo, abusivo, arbitrario, innecesario e irracional de la fuerza, que no tiene justificación tratándose de una menor de edad en esas circunstancias. Sus derechos prevalecen y la posibilidad de restablecer una condición de trato digno hacia una mujer de esa edad está por encima de cualquier justificación, incluso de ser cierta. La Policía busca justificar algo que no tiene justificación y algo que hace de manera reiterada con los manifestantes cuando los captura.

¿Por qué usted afirma que la detención de esta menor fue arbitraria?

Debe evaluarse si la aprehensión estaba justificada o no. Y según los testimonios de amigos y presentes, ella estaba pasando por el lugar cuando empieza a grabar la confrontación. No la involucran a ella de manera per sé o automática en la comisión de un delito. En tanto eso no se configure, se presenta una detención arbitraria e ilegal porque no existe un fundamento fáctico que permita decir que era necesario aprehenderla, trasladarla o judicializarla. Con un hecho, además curioso: si efectivamente fue así, ¿por qué no la judicializaron? A los menores también se les aplica un régimen penal de responsabilidad especial. Si ella estaba cometiendo actos vandálicos, ¿dónde está el informe de policía que dé cuenta de eso y por qué no se procedió a judicializarla?

La violencia sexual no es solo violación ni penetración. ¿Cuáles son los hechos de violencia sexual que denunció esta adolescente en Popayán?

Restringir la violencia basada en género y la violencia sexual solamente a que exista un acceso carnal violento es jurídicamente desacertado y creo que mediáticamente lo que está buscando la Policía es apartarse de un caso en el que, incluso podría llegar a probarse que no existió un acceso carnal violento, pero en el que se debe entender la violencia sexual consistente también en los tocamientos y la disposición del cuerpo de una mujer de edad, que pudo haber generado un grado de afectación psicológica de esa niña, que podría tener un nexo causal que desencadenó su decisión y el resultado final.

Violencia sexual son todos los actos que atentan contra la libertad e integridad sexual, no solo agresiones físicas sino psicológicas que afectan el cuerpo de una mujer. La agresión sexual y el ataque a la condición de mujer se configura cuando existe una utilización excesiva de una fuerza que busca reducir el cuerpo de una mujer de manera violenta aprovechándose, además, de una superioridad física y numérica, que queda claramente evidenciado en el video. Decir que fue proporcionada la forma en la que la agredieron es impresentable por parte de la Fuerza Pública. Había una cantidad de hombres armados, uniformados, a los que ella no tenía posibilidad de agredir de manera idónea. Ella no tenía armas para lesionar a los agentes, no representaba una amenaza para la vida de esos agentes. No era la forma de reducirla.

La joven dijo en su publicación de una red social que la habían “manoseado”. ¿Por qué cuesta entonces entender que se relató un hecho de violencia sexual que debe ser investigado?

Porque quienes están del otro lado son hombres de una institución del Estado, a quienes se les cree de manera inmediata sus afirmaciones porque tienen el control de una información que, según ellos, proviene de fuentes legales y verificadas en relación con el procedimiento. De otro lado, está una sociedad civil que denuncia unos hechos y una niña que está denunciando lo que le pasó. Entonces, hay una evidente relación de desigualdad de armas en relación de la capacidad que tenga una menor de edad para denunciar los hechos de los cuales es víctima en relación con una institución, que hace además hace un despliegue mediático que busca desprestigiarla a ella, a la relación con su familia, a su estabilidad psicológica, para poder librarse de la responsabilidad. Es aberrante lo que está haciendo la Policía en este caso.

¿Cuáles son los estándares internacionales más importantes sobre la violencia sexual y cuando es ejercida por la Fuerza Pública?

Existen unos deberes que soportan las teorías de derechos humanos y es la posición de garante que tienen los agentes de la Fuerza Pública, en tanto que son representantes del Estado. Y en materia de violencia sexual, existen unas obligaciones específicas, taxativas, dirigidas a impedir, a desincentivar y sancionar de manera muy severa a los funcionarios públicos de todas las ramas del Estado en relación con la comisión de actos que denigren la integridad sexual de una mujer, que ataquen su integridad sexual, psicológica, física, pero que también denoten una agresión que se despliega por su condición de mujer.

Usted acompañó anoche al papá y a la mamá de esta menor en instalaciones de Medicina Legal. ¿Qué pronunciamientos ha hecho la familia de la víctima?

Estuve toda la tarde con la familia, desde 4p.m. hasta 2.30a.m. Ellos están supremamente dolidos y lo que piden es que se investigue, que no se descarte de la teoría del caso la relación entre la agresión y el resultado final. Quieren justicia y que esto tiene que parar.

Para resumir un poco esta conversación, ¿cuáles son las preguntas claves que deben esclarecer las autoridades sobre el caso?

Deberá responderse: Lo que ocurrió al interior de la URI, si se aplicó el protocolo para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes cuando son aprehendidos; las causas de la detención que se configuran, en nuestro punto de vista, arbitrarias; y si esa agresión tiene una relación de causalidad con el resultado final.

Otras menores de edad han denunciado también violencia sexual en Popayán. ¿Qué conoce de esos casos?

Junto a la menor del caso en cuestión estaba otra menor de edad. Tras salir de la URI, ella contó que los policías le dijeron: “perra, ¿por qué no estás en la casa cocinando?”, “uy, qué rico lamerte”, le dijeron que le iban a bajar los pantalones y la golpearon. Ella fue víctima de una agresión sexual directa. A la mamá de esta joven también la agredieron, ella es trabajadora de la salud, hacía parte de una brigada que estaba atendiendo en las manifestaciones. La mamá tuvo que separase de su hija por tres cuadras, y ésta última iba con tres compañeritos más que fueron retenidos . Y ellos estaban comiendo unas salchipapas y los agentes del Esmad los rodearon, gasearon, golpearon, y se los llevaron a la fuerza.

La mamá y otros miembros de la misión médica corrieron a socorrer a la niña, pero no lo lograron. Hubo defensores de derechos humanos tratando de registrar el procedimiento, en un video se escucha la voz de una defensora decir “es una niña”, pero los agentes del Esmad se le ponen al frente impidiéndole el paso para que no registre el procedimiento. A la niña la suben a una moto, le dicen cosas horrorosas y que refieren una violencia sexual directa en contra de una menor de edad. Ella tiene ahora estrés postraumático, estamos a punto de ir con ella a Medicina Legal para que le realicen el dictamen médico legal, tiene moretones en el cuerpo y refiere afectaciones psicosociales.

¿Algo más para agregar?

Esto evidencia que hay unos patrones de comportamiento y conducta en la Fuerza Pública, que hemos venido denunciando las organizaciones de mujeres. Esto no puede seguir pasando y hay que abrir un debate público.

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