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Con la confirmación este martes de 15 nuevos casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio se prendieron las alarmas ante la posibilidad de que comiencen a aumentar considerablemente los contagios en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que el hacinamiento en el centro penitenciario es del 99 % y que el Gobierno Nacional ya expidió el decreto-ley de excarcelación con el que se busca descongestionar las cárceles del país y evitar la propagación del virus entre los reclusos.
Un panorama al que se suma el hecho de que, según cifras entregadas por el Inpec a la Secretaría de Gobierno, desde comienzos de abril, 26 personas han salido en libertad, 11 fueron trasladadas y 11 más obtuvieron el beneficio de detención domiciliaria. En total, 48 personas salieron de la cárcel y no se tiene la certeza de si tuvieron o no contacto con los presos que dieron positivo para el virus.
Para el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, ante la medida adoptada por el presidente Iván Duque, urge que tanto el Ministerio del Interior como el Instituto Nacional Penitenciario Carcelario (Inpec) concerten un protocolo de seguimiento epidemiológico a quienes van a recuperar la libertad, para tener la certeza de que no se trasladarán casos a la ciudad. En entrevista con El Espectador, el mandatario local insiste en que es necesario que los reclusos que salgan de la cárcel tengan garantizadas las condiciones de aislamiento, que se realicen pruebas masivas en el penal y que el Gobierno cumpla con la adecuación de la recién inaugurada clínica Carlos Nieto, centro médico especializado en atención a pacientes con COVID-19.
¿Cuál es el plan de contingencia ante la situación que se está presentando en la cárcel?
Desconozco a detalle el plan de contingencia diseñado por el Inpec para abordar en la cárcel. Desde el municipio hemos hecho jornadas de salud en el centro penitenciario, hemos hecho brigadas de suministro de tapabocas, agua y jabón, pero lo cierto es que si no existen condiciones de aislamiento a los compañeros de celda de las personas que han dado positivo, va a ser muy difícil contener esto, por el mismo hacinamiento del centro penitenciario.
Usted propuso que se adecuaran otros espacios para llevar a los reclusos contagiados. ¿Qué ha pasado con eso?
Una de las propuestas nuestras es que se utilice el Centro del Menor Infractor Yarí, que está en desuso por parte de Bienestar Familiar. La idea es que allí se puedan aislar entre 20 o 30 presos que pasen la cuarentena y podamos no solo contener el virus, sino garantizar las condiciones y mejorar los protocolos en el interior del penal.
Y en este contexto, ¿cómo reciben el decreto de excarcelación emitido por el Gobierno para descongestionar las cárceles del país en medio de la pandemia?
Para nosotros el tema de la excarcelación en esta coyuntura es preocupante, porque hay una situación de riesgo inminente que se pudo haber evitado en su momento. Ahora, teniendo un nivel de propagación de tan alta densidad en la cárcel, hay que ver los alcances del hecho de que muchos internos vayan a sus casas. Por eso lo que se tiene que hacer realmente en el centro penitenciario es cuantificar el riesgo, saber realmente cuántos reclusos son parte de ese cerco estrecho, y para eso se necesitan pruebas masivas dentro de la cárcel. Sobre la base de esas pruebas ya se pueden garantizar las condiciones para tomar decisiones de cuáles son los internos que van a salir en libertad y cuáles se van a mantener en aislamiento.
¿Se están haciendo las pruebas suficientes en la cárcel?
En este momento, teniendo en cuenta la densidad poblacional de la cárcel, se tienen que hacer pruebas masivas. De 52 que me dicen que hicieron, 17 fueron positivas, es un alto porcentaje. Todo esto lo está manejando el Gobierno Nacional en coordinación con el Inpec, pero tenemos la mejor disposición para poder aportar en el plan de contingencia.
¿Qué medidas están adoptando entonces desde la administración para evitar que la situación de la cárcel se traslade a la ciudad?
Nosotros fortalecimos las medidas de orden público y aislamiento. Estamos reanudando obras en un puesto de salud muy importante en el centro de la ciudad, que es el de San José, y estamos fortaleciendo los equipos de bioseguridad del personal médico. Pero nada de esto es suficiente si no hay apoyo del Gobierno en lo que tiene que ver con dotación y pruebas masivas en el centro penitenciario.
El martes se inauguró el primer centro médico que se especializa en tratamiento a pacientes con afecciones relacionadas con COVID-19. ¿Cómo está funcionando?
Era una clínica de Saludcoop que estaba tirada prácticamente hace dos años. Nosotros la tomamos en comodato y ya estamos habilitando sus servicios, ya terminamos la adecuación del primer nivel, que tiene que ver con el centro de atención respiratoria, con una capacidad para atender alrededor de 50 casos y que va a llevar el nombre del doctor Carlos Nieto, un homenaje sentido que queremos hacerle al primer médico que falleció en medio de la lucha contra el coronavirus. El compromiso con el Gobierno Nacional es que va a garantizar la dotación para que podamos trabajar cuidados intensivos.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué medidas se van a adoptar para cuando termine la cuarentena obligatoria?
Estamos revisando medidas con un proceso de transición acorde con lo que se viene incrementando y al momento de la curva de contagio a escala territorial. Nos preocupa mucho que la situación de la cárcel incrementó sustancialmente la cantidad y el número de contagios en nuestra ciudad, lo que va a generar nuevas medidas en materia de aislamiento. Por eso el llamado nuestro al Gobierno es que realmente se coordinen distintas medidas que fortalezcan la capacidad de respuesta de municipio en materia de saud, pero también en el protocolo de la cárcel. Si a esto se le sigue dando largas, si no se hacen pruebas masivas, si no fortalecemos la dotación de los centros clínicos, vamos a llegar a un escenario en el que va a ser muy difícil evitar cualquier tipo de contagio.
¿Cómo están atendiendo a la población vulnerable de la ciudad?
Hemos venido implementando la entrega del Plan de Alimentación Escolar en las instituciones educativas, estamos hablando de 33.900 raciones, de la entrega de casi 21 mil mercados por donación, la entrega de alrededor de 2.000 mercados comprados por el municipio. Estamos avanzando en la tarea de subsidiar el 50 % del servicio domiciliario de gas, el 25 % del servicio domiciliario de energía eléctrica, pero necesitamos cooperación de todos y que la Superintendencia revise el incremento tarifario de la electrificadora que está generando también un problema serio para las familias de nuestra ciudad.
¿Y cómo están los recursos para suplir todas esas necesidades?
La gente tiene una enorme angustia para poder sobrevivir, hay dificultades relacionadas con el ingreso, la manutención propia de sus familias, el debilitamiento de la economía es impresionante. A nosostros como municipio nos está tocando asumir la carga de la crisis, teniendo en cuenta que al mismo tiempo que consideramos los ingresos que son el calendario tributario y los impuestos, estamos incrementando los gastos de inversión por urgencia relacionados con generar mitigaciones en medio de la crisis.