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“Colombia: Impacto humanitario por el COVID-19” es el segundo informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La organización alerta sobre la seguridad alimentaria de la población y la necesidad de protección a comunidades vulnerables. El Programa Mundial de Alimentos informó que en las últimas semanas ha recibido solicitudes de asistencia alimentaria para casi 830.000 colombianos, en 12 departamentos del país, en su mayoría estas personas han perdido sus fuentes de ingreso.
"Preocupa la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias vulnerables que trabajan de manera informal y sin garantías de seguridad social. En Colombia aumentan las tensiones en zonas con población vulnerable y que viven en la pobreza de varias ciudades, donde el sustento de la gente depende del trabajo en la calle-informal. A pesar de los esfuerzos que se están haciendo, muchas familias no logran acceder al sustento o asistencia necesarias", concluye el informe
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El Programa Mundial de Alimentos dijo que existe riesgo de desabastecimiento por las medidas de aislamiento, fenómenos de acaparamiento, cierre de fronteras, el incremento de demanda externa, la escasez de mano de obra, el incremento de precios y la baja oferta.
Problemas en el sector salud
La organización resalta que en el Decreto 531 los socios humanitarios son parte de las excepciones, permitiendo la movilidad y la circulación de todos los artículos esenciales y ayudas humanitarias para continuar con la atención a población vulnerable. El Gobierno permite las labores humanitarias de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de otros organismos internacionales humanitarios.
La OCHA plantea necesidades como el apoyo con talento humano para el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, el único hospital público de segundo nivel de Chocó, que se cerró parcialmente tras confirmarse que tres miembros del personal de salud están contagiados con COVID-19. Las personas que laboran en el sector de sanidad y en el administrativo entraron en aislamiento obligatorio por 14 días para evitar más contagios.
El informe afirma que es necesario el fortalecimiento de capacidades locales para la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico y seguimiento de casos, ante el incremento del número de contagios. También pide reforzar los equipos de protección para el personal de salud del país.
Otro hecho preocupante es la alerta de autoridades indígenas ante posibles contagios de coronavirus. “La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha reportado al menos 10 casos confirmados de COVID-19 en el Pueblo Binacional Yukpa y el Pueblo Pasto, y posibles casos en el Pueblo Eperara Siapidara. El 17 de abril, también alertó que en el pueblo Embera Dobida (Bajo Atrato, Chocó) dos bebés y una mujer de 60 años murieron con tos seca y fiebre, y otros 90 indígenas comparten estos síntomas”, afirma la organización.
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Por otro lado, la presencia de grupos armados en los territorios causa emergencias humanitarias y pone en riesgo a la población: “Persisten las afectaciones por conflicto armado y violencia en los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Buenaventura y Arauca, en donde las medidas de aislamiento obligatorio han sido aprovechadas por actores armados no estatales para profundizar el control y presión sobre las comunidades”, dice el informe. También se hace énfasis en que es fundamental garantizar la protección de excombatientes y de las poblaciones en las que se encuentran, evitando la discriminación y estigmatización.
La organización también alerta por violencia basada en género. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer reportó un incremento del 142% en el número de llamadas a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencia a nivel nacional. El informe señala que también existe un alto riesgo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todas las comunidades y áreas por la suspensión de las actividades escolares presenciales.
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Por otra parte, la OCHA manifiesta que la suspensión de clases presenciales afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente a los provenientes de Venezuela. Para esto el Gobierno ha implementado varias estrategias como la disponibilidad de guías escolares, el uso de plataformas TIC y contenidos educativos a los que se puede acceder por medio de televisión y radio pública.
También afirma que niños y niñas han dejado de recibir alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esto puede generar que esta población no pueda acceder a una buena nutrición y que desarrollen enfermedades. El Programa Mundial de Alimentos también ha transformado las modalidades de entrega para programas de alimentación escolar, asegurando la asistencia de 112.000 niños y niñas vulnerables, incluyendo miles de migrantes.