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Varias organizaciones sociales, encabezadas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, radicaron este miércoles una carta pública al presidente Iván Duque en la que le solicitan que continúe con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, creado en el Acuerdo de Paz.
Luego de que en los últimos días el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciara que le erradicación de cultivos ilícitos será obligatoria, diferentes organizaciones campesinas que han avanzado en la sustitución voluntaria de este tipo de cultivos manifestaron su repudio a la medida. Incluso el pasado 9 de agosto, cuando el presidente Duque visitó Tibú, en el Catatumbo, varios grupos de campesinos hicieron una movilización para demostrarle al mandatario su rechazo al anuncio de Botero.
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Sigue a El Espectador en WhatsAppLa indignación de las organizaciones sociales fue más allá y por eso a través de la misiva publicada este miércoles, le solicitan directamente al presidente de la República respetar y mantener lo que se pactó en La Habana sobre estos cultivos.
“Para nosotros resulta importante manifestarle que vemos con buenos ojos el PNIS, queremos que continúe y consideramos que ha contribuido a la reconciliación nacional, que, si el programa se implementara tal y como lo define el punto cuatro del Acuerdo, las comunidades rurales podrán por fin realizar el tránsito a otro tipo de economías lícitas”, señala la carta firmada por la ANUC, la Coccam, la ONIC y Anzorc, entre otras.
Además, las organizaciones se refieren a la delicada situación de seguridad que han enfrentado varios líderes de sustitución vinculados al PNIS, dado que por su labor en este sentido han sido constantemente amenazados y se han presentado varios asesinatos. Según las cifras expuestas en la carta, desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 108 personas relacionadas con este programa.
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Es por eso que no solo le piden al presidente Duque mantener el programa, sino que además implemente las medidas de seguridad necesarias para darles garantías a quienes trabajan en sustitución voluntaria de cultivos. Ya son alrededor de 124 mil familias que se encuentran vinculadas a acuerdos colectivos de sustitución.
La petición de las organizaciones al presidente encontró eco en algunos parlamentarios que también han manifestado su oposición a la erradicación forzada de cultivos. “La siembra indiscriminada de coca se acaba no con drones, ni con aspersión, ni mucho menos con represión; se necesita implementar los planes de sustitución”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Feliciano Valencia.
“No es el glifosato, ni es la represión, no es el abandono estatal ni los drones la solución a los cultivos denominados ilícitos. Se requiere una sustitución con garantías”, manifestó por su parte la senadora Aída Avella.