17 Aug 2011 - 10:00 p. m.

Pailas, el pueblo desplazado por las bacrim

Tras el asedio guerrillero y paramilitar, Córdoba es ahora epicentro de la violencia de las bandas criminales. Van 316 crímenes este año.

Ginna Morelos Martínez, especial para El Espectador

Berta Rosa Padilla Ortiz se quedó sola en Pailas, Córdoba, la vereda donde asesinaron a seis campesinos el pasado domingo 7 de agosto, mientras el país celebraba la Batalla de Boyacá. A sus 70 años ya nada la asusta. Hace cuatro que las autodefensas la hicieron desplazar a ella y a sus ocho hijos de Batata (sur de Tierralta) al municipio de Planeta Rica, y de ahí paró en Pailas, con tan mala suerte que ahora las bandas criminales sembraron el terror e hicieron salir al único hijo que vivía con ella, a sus nietos y vecinos.

Ella ya no llora, no demuestra miedo. Ha vivido en un territorio donde los hechos violentos resultan cíclicos. Primero fueron las Farc, luego las autodefensas y ahora las bacrim ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’. En su casa, ese domingo, escuchó a lo lejos las ráfagas de fusil. “Ajá, mataron a los pelaos. Duele, mataron a esos pelaos”, repite con voz calmada mientras se acomoda sus escasos cabellos y se agarra su trajinada falda.

El domingo 7 de agosto tres sujetos, escondiendo sus armas entre ponchos y toallas, llegaron vestidos de civil y se llevaron a José Antonio Wilches Ortiz, de 49 años; Carlos Arturo Ruiz Pérez, de 26; Kevin Javier Hernández Castillo, de 24, y Henry López Coneo, de 25. Los mataron al doblar la esquina, relatan entre asustados y llorosos sus familiares.

La lluvia de sangre había comenzado en Tierralta el día anterior, sábado 6 de agosto, cuando mataron a Miguel Ángel Mangones Conde, Rafael Ricardo Castro Sierra y Jaime Sotelo. “Ocho muertos en menos de 24 horas es algo demasiado grande para un pueblo como este. El presidente Santos tiene que revisar qué está pasando, porque acá hay Ejército y Policía por todos lados y siguen los muertos”, dice el padre Miraldo Camargo, párroco de la población.

Berta Rosa, la campesina de ojos tristes y piel manchada, antes de atormentarse por la soledad, le duele que su hijo y nietos estén viviendo apretujados en el colegio Junín, del casco urbano de Tierralta, por culpa, una vez más, de la violencia.

En la institución educativa las sillas fueron apiladas en un rincón de los salones de clase y en el espacio libre colgaron hamacas. Los niños lloran, los hombres y las mujeres se pasean de un lado a otro preocupados porque la comida no alcanza. “Nosotros vamos a regresar hasta que nos garanticen la seguridad”, dice Nedis Rasero Miranda. Su mirada adusta refleja la profunda inconformidad con el Estado y hasta con la sociedad en general, a la que le reclama solidaridad.

El alcalde de Tierralta, Aníbal Ortiz Naranjo, sabe que la situación es grave y pide ayuda humanitaria. “Es que sumado a la gente que está en el colegio Junín, tengo la invasión más grande de Suramérica en mi municipio, se llama 9 de Agosto y en ella viven 4 mil personas”. Desde el año pasado al sector han ido llegando todos los desplazados de Tierralta y territorios vecinos. Hay paisas y costeños revueltos viviendo las mismas necesidades, la misma incertidumbre por la violencia que los hizo salir y por la pobreza que los rodea. En el barrio también están los familiares de los presos recluidos en la cárcel de Urrá, prisión que fue montada para los paramilitares, pero que terminó ocupada por reclusos de todo tipo, incluyendo algunos de alta peligrosidad.

El alcalde asegura que no aguanta un hecho violento más, un desplazamiento más ni un delincuente más en su territorio. Los ‘reencauchados’ del paramilitarismo que quedaron ‘sueltos de madrina’, como popularmente lo comenta la población, transitan por rutas estratégicas vestidos de camuflado. ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’, las bandas criminales que tienen azotado al departamento de Córdoba, han dejado más de 1.400 muertos desde 2008. Tierralta, por su posición estratégica en el Parque Paramillo, donde hay sembradas vastas extensiones de coca, es territorio apetecido por los violentos.

Las cifras de muertos se desbordaron y mantienen enfurecido al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, quien duda de la estadística de la gobernadora Marta Sáenz Correa. Ella se ha ratificado en las cifras y le ha pedido al ministro que además de contar los muertos, cuente los desplazados que van en aumento en su territorio. La quinta masacre en Córdoba en lo corrido del año, la sucedida en Pailas, es lo que ha motivado semejante desplazamiento. Por culpa de ella Berta Rosa se quedó sola, a lo lejos sabe que están los de las bacrim, muy cerquita, ya quisiera ella que para siempre, se instalara el Ejército.

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