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Luego de que familiares de más de 100 colombianos denunciaran la retención de sus parientes en Venezuela –acusados por el delito de contrabando– la Defensoría del Pueblo solicitó a la Cancillería intervenir para evitar persecuciones injustas en la zona limítrofe. (Lea: Denuncian la retención de al menos 100 colombianos en Venezuela)
De acuerdo con Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, es necesario que el Gobierno intervenga para mitigar el impacto de las medidas anticontrabando en las comunidades.
En una petición dirigida a la canciller María Ángela Holguín, el funcionario manifestó que si bien la decisión de sancionar este tipo de conductas corresponde al resorte de las autoridades venezolanas, “preocupa que no sólo se esté judicializando a los grandes contrabandistas, sino también a los ciudadanos que tradicionalmente han adquirido productos básicos para su consumo en el vecino país”, según declaró Otálora en un comunicado.
El defensor del Pueblo le pidió además a la Cancillería que adelante gestiones para evitar que los habitantes ajenos a actividades criminales sean objeto de medidas penales “por el desarrollo del intercambio comercial que ha caracterizado a las zonas de frontera”.
Adicionalmente, la entidad le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores requerir a las autoridades venezolanas para que precisen el número e identidad de los colombianos detenidos desde mayo pasado por conductas asociadas al “contrabando de extracción”.