Colombia tuvo un aumento del 23 % en los procesos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta en torno a la explotación sexual de menores con respecto a 2018. Según datos de esta institución, en 2018 se reportaron 242 casos, mientras que en 2019, fueron 297. Estos números muestran que las campañas de prevención a nivel nacional ante este tipo de delitos necesitan un mayor acompañamiento intersectorial.
La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, aseguró que su entidad busca "implementar un grupo intersectorial especializado que permitirá la actuación coordinada entre policías, fiscales, jueces, defensores de familiay médicos legistas capacitados y dotados de los medios logísticos , técnicos, tecnológicos y científicos para contrarrestar de manera oportuna los casos de violencia sexual".
El panorama en el país a lo largo del año, respecto a este tipo de delitos, muestra que se realizaron 19 operativos para desarticular organizaciones delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de menores, esto según datos del Gobierno Nacional. Dentro de los casos más recordados está el de la misión "Rompiendo Cadenas" y "Abeona VIII", donde fueron rescatados en Medellín 13 adolescentes víctimas de este flagelo.
Las autoridades competentes también informaron que el modo de operar más común de los delincuentes era contactar a sus víctimas por redes sociales, para engañarlos y explotarlos sexualmente, dentro y fuera del país.
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Desde el mes de mayo, Colombia ha intentado salir sin éxito de una lista negra de la Organización Mundial del Trabajo, que incluye a los países con mayores casos de explotación sexual de menores.
Por esa época del año, la ministra de Trabajo, Alicia Arango alertó que los departamentos con mayores índices de sucesos de este tipo de casos, son: Nariño, Vaupés, Cauca, Bolívar y Putumayo.
Para atender estas situaciones a futuro, el Gobierno contará con un fondo especializado para la prevención y atención de este tipo de problemas, el cual asciende los 18 mil millones de pesos.