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La Procuraduría pidió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y a la empresa de servicios públicos de aseo de Santa Marta, ESSMAR E.S.P. dar reportes sobre las medidas implementadas para solucionar el problema de rebosamiento de aguas residuales que den cumplimiento a la orden judicial emitida en 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ratificada en 2023 por el Consejo de Estado.
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La orden judicial requiere un estudio técnico del sistema de alcantarillado pluvial y la implementación de soluciones correspondientes para evitar que las aguas residuales afecten la salud pública y el ambiente cada vez que colapsan.
Además, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidió que especificaran las medidas, principalmente en las zonas de riesgo contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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El rebosamiento de aguas residuales es un problema de muchos años atrás que ha afectado especialmente a barrios del centro de la ciudad con aguas estancadas, malos olores e inundaciones que afectan la salud pública.
Una muestra reciente de la gravedad que ha ido en aumento fue el aguacero que se prolongó por más de cuatro horas el 3 de agosto, lo que generó graves afectaciones en diferentes puntos con inundaciones de hasta dos metros de altura. Según el último informe de la Alcaldía Distrital fueron 3.711 familias afectadas, de las que 1.850 son damnificadas en 71 barrios.