Procuraduría pidió al Gobierno acudir a organismos internacionales por crisis en Arauca

Venezolanos desplazados por la violencia del campamento de La Victoria, estado Apure, Venezuela, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia.

Foto: AFP - Agencia AFP

La situación de desplazamiento en Arauquita (Arauca) es muy compleja. La llegada de al menos 5.000 personas desplazadas desde Venezuela por el enfrentamiento, según el gobierno de ese país, entre el Ejército venezolano y las disidencias de las Farc ha causado una crisis humanitaria. Por esta razón, la Procuraduría le pidió al Gobierno nacional acudir a la intervención de organismos internacionales que ayuden a superar esta situación y que los desplazados puedan volver a sus casas en el estado Apure, al sur de Venezuela.

“La Procuraduría solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de solicitar su participación, veeduría y acompañamiento en el sentido de garantizar que desde el país vecino se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

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Desde el ministerio Público aseguran que las medidas tales como la entrega de mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina, entre otros elementos son necesarias para que las población que se encuentra desplazada pueda tener sus derechos fundamentales garantizados. También pide al Gobierno nacional que se haga un censo para determinar el número exacto de personas que se encuentran en los albergues y sus nacionalidades.

Otro de los puntos que preocupan en estas situaciones de desplazamiento es la emergencia de salud que está atravesando el mundo con el COVID-19. Según la Defensoría del Pueblo, en el fin de semana que acaba de pasar se detectaron cuatro casos del virus en tres de los albergues que fueron dispuestos para atender esta crisis humanitaria. Además de la pandemia hay otras casos de salud por atender, como personas que requieren medicamentos que no hay en esta zona del país, según le dijo Ánderson Rodríguez, presidente de la Asociación Campesina de Arauca, a El Espectador.

“La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raíces en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera. Este es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata. Pienso que se requiere hacer un pare total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario hoy, no sólo la participación y el trabajo del gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales”, dijo Margarita Cabella, procuradora general.

El Gobierno nacional y las personas que están desplazadas han recibido la ayuda de diferentes organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Estas entidades han estado trabajando a la par con la población y en la entrega de alimentos y elementos necesarios para la protección de los derechos de quienes están en los albergues.

La crisis en Arauca

Desde el fin de semana del 21 de marzo iniciaron los enfrentamientos, de acuerdo con el gobierno venezolano, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y un grupo disidente de la antigua guerrilla de las Farc que hace presencia en esta zona fronteriza. A raíz de dichos combates se empezó a generar un desplazamiento masivo desde el estado Apure en Venezuela, hacia Arauquita, municipio araucano en Colombia.

A lo largo de estos días han ido llegando cada vez más personas porque los enfrentamientos continúan. Según datos oficiales, hay 4.741 personas desplazadas. Las autoridades han reconocido que hay un subregistro que no permite determinar el número exacto de personas que están en los albergues y que seguramente es mayor al entregado. La población está recibiendo ayudas por parte de diferentes instituciones colombianas, de cooperación internacional y el mismo Gobierno nacional.

Desde el domingo 28 de marzo el ministro del Interior, Daniel Palacios, decretó el estado de calamidad pública y se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se organizan y coordinan todas las ayudas y acciones necesarias para atender a esta población.

La Defensoría del Pueblo anunció que en esta crisis humanitaria se puede estar violando el Derecho Humanitario Internacional (DHI), ya que han recibido diferentes denuncias de personas desplazadas en las que se asegura que hubo ataques indiscriminados contra la población civil. También hay otros testimonios que dan cuenta sobre personas desaparecidas y asesinatos.

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Ayer se logró la instalación de un Centro de Atención Transitoria a Migrantes con capacidad para 300 personas, después de que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) diera su visto bueno. Además, la organización también donó 60 carpas para poder atender esta crisis.

Los combates persisten en esta zona de Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, aseguró que esto se trata de una ofensiva lanzada por el Gobierno venezolano contra un grupo irregular colombiano que hace presencia en la región.