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Alrededor de 1.000 indígenas del Bajo Atrato salieron a marchar en el municipio de Riosucio, Chocó, por la defensa de la vida y para exigirle al Gobierno que garantice la protección de sus líderes y habitantes.
En la movilización, que tuvo lugar este lunes, 6 de mayo, participaron las comunidades indígenas cacarica y salaquí de la cuenca del río Truandó (Riosucio); las autoridades indígenas de la cuenca del río Jiguamiandó y el río Domingodó (Carmen del Darién); y del municipio de Unguía.
“Marchamos para darle un mensaje para los violentos. Queremos la paz, queremos que no haya más víctimas ni muertos, y que no nos involucren en esta guerra absurda que estamos viviendo”, señaló Helfer Andrade Casamá, coordinador de la Mesa de Diálogo y Conservación de los Pueblos Indígenas de Chocó.
La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, se pronunció al respecto y aseguró: “No olvidamos el asesinato contra Aquileíto y a los nueve niños muertos este año como consecuencia del confinamiento por enfrentamientos en muchos territorios del Chocó; así como alrededor de 2.000 indígenas desplazados, atrincherados en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Juradó”.
La Onic también resaltó a otros líderes que perdieron la vida por la defensa de sus territorios como Ana María Mepaquito, asesinada en agosto de 2017; Reynaldo Casama, Nacianceno Indrama, Miguel Domicó y Rosalba Usuga, asesinados en 2011; Marceliano Cabezon, Oscar Dequía Dogirama, José Rojas, Ubaldino Sanapí, asesinados; y, Rito Sobricama, desaparecido en 1996.
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“Desafortunadamente nuestros líderes han caído por defender nuestros derechos y comunidades. Lo único que le exigimos a los violentos es que nos dejen vivir en paz en el territorio, los pueblos indígenas siempre hemos querido la paz”, agregó Andrade.
Los Pueblos Indígenas embera dóbida, chamí, katío, wounnan, zenu y tule del departamento del Chocó, y las organizaciones y asociaciones del Urabá chocoano hacen un llamado urgente al Estado colombiano para que tome las acciones y medidas necesarias para hacer frente a la situación que viven las comunidades chocoanas.
“Hacemos responsable al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad Nacional de Protección, de las represalias que en contra nuestra tomen los actores armados tras el presente encuentro, más aun teniendo en cuenta la negligencia y omisión que ha caracterizado su proceder ante la grave situación humanitaria que afrontamos y las diferentes solicitudes elevadas”, agregan.