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El 4 de diciembre de 1996, el corregimiento de Pichilín, en Sucre, se volvió un pueblo fantasma. Una masacre enlutó a la población luego de que 60 paramilitares, aproximadamente, ingresaran en varios carros robados, en un falso retén, y acabaran con todo a su paso. Vestidos con camisas de cuadros, botas, overoles y ocultando sus rostros con pasamontañas, los paramilitares llegaron al corregimiento y sacaron de sus casas a los campesinos.
“Cuando entraron los once carros nos quedamos quietos, muchos corrieron (...) Nos cuestionamos quiénes eran, hasta que nos dijeron ‘Somos las autodefensas de Córdoba y Urabá. Para ustedes hoy es diciembre negro y pa nosotros diciembre contento. El que tenga un mínimo de guerrillero hoy se muere’”, contó William Salgado, líder social de la comunidad.
Los hombres fueron obligados a acostarse boca abajo en la tierra caliente, a pleno sol de mediodía, mientras que las mujeres y niños fueron encerrados en el centro de salud del corregimiento. “Se podía escuchar como pedían salir a gritos y quejarse del calor”, dijo Judith Sarmiento, víctima y habitante de Pichilín.
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William Salgado tenía 14 años cuando ocurrió la masacre, estaba con su familia en el momento en el que las Autodefensas se tomaron el pueblo y observó cómo un hombre, desde un carro blindado y vidrios oscuros, seleccionaba, con lista en mano, a quienes iban a matar. “Yo todavía recuerdo las palabras de los paracos: ‘Los que quedaron vivos beban y tomen que ustedes nacieron hoy. Nosotros vinimos a masacrar todo el pueblo’”, contó.
Fue una de las primeras masacre de la región de los Montes de María. “La verdad quedamos muy pocos, mi papá y uno de mis hermanos salimos a mirar qué era, nosotros no sabíamos qué gente era, por qué habían hecho eso o de dónde venían. Aquí había guerrilla, pero nunca habíamos visto ese tipo de personas”, explicó Salgado.
Durante esa tarde, a varios campesinos se los llevaron en los camperos y solo se supo de ellos cuando encontraron los cuerpos en la vía. El 6 de noviembre de ese mismo año, El Espectador registró el hecho: “en la mañana de ayer (5 de noviembre) comenzaron a aparecer, a lo largo de la carretera que une a los municipios de Colosó, Morroa y Toluviejo, los cadáveres de los cautivos, maniatados con señales de tortura y con disparos en la cabeza”.
No los olvidan. Fueron 13 muertos en total: Luis Eduardo Salgado Rivera, Ederman Rivera Salgado, Emiro Rafael Tovar Rivera, José Daniel Rivera Cárdenas, Eberto Tovar (presidente de la Junta de acción comunal), Ovidio Castillo, Luis Alberto Pérez, Manuel Vergara, Jorge Luis Torres, Misael Vergara, Manuel Pérez, José Daniel Rivera Cárdenas y Germán Ramos, este último era conductor de uno de los camperos que quemaron en el retén.
Después de la masacre: “quien corre se salva”
Ninguno de los que se quedaron en el pueblo se atrevía a salir de noche. Entre 1996 y el año 2000 las calles arenosas quedaban vacías después de seis de la tarde. Las puertas eran trancadas con seguro y reforzadas con sillas recostadas contra la puerta. El miedo reinó.Cada vez que se escuchaban carros pasar, o esuchaban tiros a lo lejos, la gente corría a esconderse al monte. Siempre lo hacían para salvar sus vidas. “Cuando pasó la masacre de los paras yo tenía 14 años y como víctima puedo decir que no tuvimos niñez. Nuestra vida se resumió en correr y defendernos. Aquí la consigna era: quien corre se salva, así nos decían nuestros papás. Por eso cuando veíamos gente armada nos íbamos a correr al monte”, narró Salgado.
La Armada fortaleció su presencia en el pueblo, pero la guerrilla nunca se fue. Para la comunidad eso solo empeoró las cosas pues comenzó una disputa territorial a finales de los 90 y principios del 2000. Para ellos, vivir en Pichilín o Colosó se volvió imposible.
“Cualquier persona que saliera de la zona era considerado informante. Uno no podía hablar ni con el Ejército, la guerrilla o los paras porque para cualquiera de ellos uno era un sapo aliado al enemigo o guerrillero para el Gobierno. Si nos íbamos no podíamos volver o nos mataban”, explicó Salgado.
23 años después de la horrible tarde la comunidad intenta recuperar el tejido social. Al pueblo poco a poco volvieron los campesinos a sembrar en sus tierras y con ellos las celebraciones, los eventos culturales y deportivos: campeonatos, fiestas de amor y amistad, día de los niños, navidad y año nuevo.
Sin embargo, para los habitantes de este corregimiento ha sido difícil recobrar la confianza en un Estado ausente, según ellos. “Todavía pienso que con todo el daño que nos hicieron y lo mucho que sufrimos, el Estado ni siquiera nos ha reparado por completo. Sí, tenemos reparación colectiva e individual, pero creo que eso no va ni en el 20 % de ejecución. Considero que con una buena inversión en un proyecto productivo podremos mejorar nuestra calidad de vida como campesinos”, dijo William Salgado.
¿Y los responsables?
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en una declaración en el 2008 ante los magistrados de Justicia y Paz, aceptó su responsabilidad y participación en la masacre de Pichilín. De acuerdo con declaraciones de testigos en el fallo del Consejo de Estado, Mancuso habría planeado la masacre junto con Salomón Feris Chadid, alias 08, exparamilitar encargado de controlar la entrada a esa zona de Sucre, para atacar al frente 35 de la entonces guerrilla de las Farc.
El documento del alto tribunal explica que en el hecho también participaron miembros de la Policía y la Armada. En 2014, el Consejo de Estado ordenó a la Nación a pagar más de 3 mil millones de pesos de indemnización a las familias de las víctimas por su responsabilidad en los hechos. Según el fallo, la Fuerza Pública conocía con anterioridad lo que iba a suceder y facilitaron la incursión del grupo paramilitar comandado por Salvatore Mancuso.
En Sucre han sido restituidas 5.572 hectáreas de tierra, beneficiando a 2.095 personas que integran 430 familias, de las cuales 31 han sido reconocidas como segundos ocupantes. Es decir, aquellas personas que habitan predios objeto de restitución y que no lograron demostrar la buena fe exenta de culpa, pero que no tienen relación con el despojo ni adquirieron ilegalmente el predio.
Un pueblo que sobrevive con un Estado ausente
El corregimiento no cuenta con servicios básicos como agua potable, luz y saneamiento. La falta de agua potable es el principal problema.“La que tenemos es salada, la sacamos de un Jagüey o recogemos cuando llueve por lo tanto no es apta para el consumo” denuncian sus habitantes. Esto sin contar que la falta de gas natural los obliga a utilizar leña. “Nosotros somos consciente del daño que le hacemos al medio ambiente, pero ¿cómo hacemos? si no tenemos otro recurso”, dijo Judith Sarmiento.
Abandonada a su suerte y consumido entre la maleza se encuentra aquella casa azul pintada con flores y paisajes que a primera vista parece la fachada de un jardín infantil, pero que en realidad es el único centro de salud que tiene Pichilín. Entre sus dos habitaciones se encuentran una camilla, un escritorio, gavetas, utensilios oxidados y hasta prescripciones médicas que datan fechas de 2018 e incluso más antiguas.
A pesar de las adversidades, la comunidad se muestra optimista ante el futuro. Entre ellos y con ayuda de fundaciones como Sembrando Paz y el proyecto "familias en su tierra"de Prosperidad Social, las 97 familias que lo habitan se rebuscan y colaboran entre ellos. Con ayuda de sus proyectos productivos consumen lo que les ofrece la tierra como yuca, maíz y tabaco. “De aquí no me voy, aquí nací, crecí y quiero morir. Yo mi pueblo no lo dejo. Esta es mi felicidad. Tenemos una riqueza grandísimas, nosotros comemos el 90 % de lo que producimos, yuca, ñame, caraota, plátano. Solo tenemos que comprar las carnes”, dijo Salgado.
Los habitantes de Pichilínse consideran "una comunidad de paz", pues aseguran que actualmente no necesitan la presencia de la Policía y pueden dormir con las puertas sin seguro. "Solo pedimos la presencia del Estado y una paz estable y duradera. Es necesario que cese tanta violencia, no queremos más muertos, ni tanto niños sin estudiar por culpa del conflicto", finalizó William Salgado.