“Se pide socialización urgente del proyecto del canal del Dique”: Procuraduría

La licitación del Canal del Dique será adjudicada el próximo 21 de julio.

Foto: Alfredo Molano Jimeno

El canal del Dique se encuentra en riesgo. Esta bifurcación del río Magdalena, que tiene más de 100 kilómetros de extensión y llega hasta Cartagena de Indias, tiene múltiples amenazas ambientales que se incrementaron luego de la contingencia ocurrida en 2010, cuando el agua se desbordó y ocasionó inundaciones en el norte del Bolívar y el sur del Atlántico.

Desde entonces, el Gobierno aprobó que comenzara una licitación para modificar el estado actual del canal, cuya adjudicación será el próximo 21 de julio, en la que se espera inversiones de alrededor 3,1 billones de pesos.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo enviaron un documento a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que le transmitieron los interrogantes “sobre la gestión del riesgo y otras tantas observaciones sobre los componentes social y ambiental que implicará la restauración del Canal del Dique”, afirmó un comunicado de la Procuraduría.

Las comunidades están preocupadas. Los pasados 24 y 25 de marzo se realizaron reuniones en Santa Lucía (Atlántico) y Arjona (Bolívar) con personas cercanas al canal, entre ellas algunos pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas; en las que la ANI estuvo ausente.

Al finalizar las jornadas, tanto la Procuraduría como la Defensoría acordaron transmitir las preguntas y conclusiones a la ANI, relacionadas con la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares y las inundaciones que han aumentado dada la temporada de lluvias por la que atraviesa el país, como consecuencia del fenómeno de La Niña.

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Por la misma línea, los habitantes de la zona también manifestaron preocupación por el desconocimiento que tienen sobre los posibles impactos del proyecto llevado a cabo por la ANI, y los planes respecto al cuidado del medio ambiente. Por ello, solicitaron garantías para participar y conocer detalle de los procesos.

“Además, que el personal para la obra sea del área de influencia, que les den a conocer los planes para el sostenimiento de quienes no podrán adelantar sus actividades habituales, vigilar que las esclusas y compuertas permitan el libre tránsito fluvial”, detalló el comunicado de la Procuraduría.

Por último, dicha entidad en conjunto con la Defensoría le pidió a la ANI especificar las fechas y los municipios que definirá para las respectivas socializaciones, y así dar respuesta a las inquietudes de las comunidades.