La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) pronosticó que la mesa de concertación del salario mínimo legal terminará en fracaso por las profundas diferencias del sector sindical con el Gobierno y los empresarios.
La mesa fue instalada el miércoles y sobre ella quedaron la exigencia formal de los trabajadores de un ajuste del 12 por ciento para 2011 y las ofertas gubernamental y empresarial del 2 al 2,5 por ciento.
El salario mínimo en Colombia está en 515.000 pesos, de manera que la pretensión sindical equivale a unos 61.008 pesos.
El presidente de la CUT, Tarsicio Mora, explicó a Efe que la aspiración salarial hace parte de un pliego de exigencias dejado en manos de la delegación del Gobierno en la mesa por su organización y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).
En dicho documento, ambas organizaciones exigen que el Ejecutivo discuta con ellas y adopte medidas que protejan la capacidad adquisitiva de los trabajadores, como el control al precio de los productos básicos, de los combustibles y los servicios públicos.
Además del porcentaje salarial, la CUT y la CPC consideran que el Gobierno debe aumentar el tope del 2 por ciento que fijó en el presupuesto de 2011 como ajuste para el sueldo del cerca de un millón de empleados estatales.
Asimismo, ordenar el desmonte de la "tercerización laboral", subir las mesadas de los pensionados y consensuar con los representantes de trabajadores y los jubilados las iniciativas legales que cambien las condiciones laborales y de seguridad social.
"Al Gobierno le hemos dado plazo hasta el día 6 para que nos responda", advirtió Mora, y notificó que su central y la CPC no estarán en la quinta y última sesión de la mesa, prevista para el 10 de diciembre.
La instancia de concertación tendrá sus otras citas el 3 y el 9 de este mismo mes, en cuyo transcurso se acuerda por consenso el salario mínimo para el año siguiente o se fija, por decreto del Gobierno, en el caso de que las tres partes no lleguen a un acuerdo, que ha sido lo más frecuente.
El presidente de la CUT, que es la mayor central del país, observó que, si no se recibe una respuesta, la permanencia de los sindicatos en la mesa hasta la sesión final es un "acto de validación".
"En la mesa (...) a nosotros nos han dado el papel de quedarnos sentados hasta cuando ellos terminen el suyo para validar la imposición del decreto", observó Mora, para quien los representantes de los trabajadores no quieren ser testigos de "un acto que refleja que no hay negociación ni concertación".
La oferta gubernamental y empresarial de ajuste del salario mínimo se corresponde con la meta de inflación prevista para este año, política que es rechazada por los sindicalistas.
El Gobierno y los empresarios defienden que un aumento del salario mínimo tiene un impacto en la inflación, que sube como efecto, mientras que los sindicatos sostienen que, como lo demuestran casos como el de Brasil, una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores incrementa la demanda, lo que genera una mayor producción.
Según indicó Mora, el salario mínimo tiene alcance sobre unos tres millones de trabajadores, mientras que otros seis millones están al margen de la remuneración básica legal.