Sucre, el departamento con mayor nivel de impunidad en Colombia

Colombia tiene una inequitativa distribución de sus capacidades en seguridad y justicia. / Pixabay

En sociedades que sufren violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos como ocurre actualmente en Colombia y México, las historias de impunidad son el pan diario.  Aunque es innegable la responsabilidad de las instituciones estatales en la perpetuación del fenómeno, también es cierto que, dada la magnitud y frecuencia de los delitos, así como la configuración actual de los sistemas penales de justicia ordinaria parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, no solo en el sentido del castigo de los responsables, sino también en el esclarecimiento de los crímenes.  

Por ejemplo, según ONU-Mujeres, en Colombia solo en un 13% de los feminicidios se llega a una condena judicial. En el caso del hurto, uno de los delitos más frecuentes en el país, además de los altos niveles de impunidad, de los más de 240.000 capturados en el 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Otros 1.710, entre 10 y 40 veces. Cerca de un centenar tienen el récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces. La tendencia parece repetirse con quienes son capturados por violencia de género, violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado, entre otros.  Y no solo los victimarios quedan en libertad sin verdaderos procesos de resocialización, también las víctimas son, en muchas ocasiones, revictimizadas en similares condiciones contextuales o incluso por los mismos victimarios.

Justamente la generalización de la impunidad en Colombia y las similitudes con el caso mexicano, llevaron a Pares y la Universidad de Puebla a implementar el  Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), que tiene como objetivo evaluar estadísticamente el fenómeno de la impunidad a nivel subnacional desde una perspectiva integral, no solo como medición del castigo de los delitos sino como una cadena de eventos que comienzan al momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables.

El proceso de construcción del índice fue en sí mismo una evaluación del fenómeno de la impunidad en Colombia. La primera conclusión a la que llegamos es que en el país aún prevalece la impunidad estadística. A la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos, que son por naturaleza públicos y que permiten la veeduría ciudadana sobre su labor, se suma que para algunos departamentos, en especial los de los territorios que comprenden la Orinoquía y Amazonía, los datos ni siquiera son reportados.

En el caso de los datos sobre posibles delitos no denunciados, más conocidos como cifra negra, la situación del país resulta alarmante. A 2019 la cifra negra está disponible solo para 28 ciudades de Colombia y no es representativa a nivel departamental ni a nivel nacional, lo que no permite conocer ni evaluar la magnitud del fenómeno en el país. Otro caso son los datos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, en especial, de la fuerza pública, de los que actualmente en Colombia no se tienen registros oficiales públicos o no resultan confiables dado que se registran muy pocos hechos a nivel nacional.    

Una segunda conclusión es la alta inequidad en la distribución de capacidades y personal para impartir justicia y realizar investigaciones judiciales entre los diferentes departamentos. Es decir, los sistemas políticos y administrativos centralistas orientan la distribución de capacidades y su operatividad de forma diferente a los federalistas, como México, dado que allí se presentan con muy baja frecuencia cifras atípicas al promedio nacional. Por el contrario, para el caso particular colombiano las capacidades del sistema de seguridad fueron concentradas muy por encima del promedio nacional en departamentos con prevalencia de economías de enclave petrolero y presencia de grupos al margen de la ley, mientras el sistema de justicia, aunque guardaba menos variaciones entre los departamentos, mostró una muy baja concentración de su personal, tribunales y juzgados en los departamentos más aislados del país, como en los que presentan una alta impunidad estadística.

Ahora bien, son varios los factores que parecen influir en los resultados de Colombia en el índice. En primer lugar, a nivel estatal existen condiciones ligadas al desarrollo que parecen ser determinantes, tal como lo demuestran los resultados año a año del Índice Global de Impunidad –IGI de la Universidad de Puebla,  en el que países con altos niveles de desarrollo y bajos niveles de desigualdad demuestran tener los menores niveles de impunidad, mientras que países como Colombia y México, con presencia de conflicto armado, crimen organizado, altos niveles de corrupción y desigualdad, presentan altos niveles de impunidad. 

En el caso particular colombiano, el nivel de acceso a la justicia resultó ser un factor determinante en los niveles de impunidad departamentales, donde a mayor acceso a la justicia, menor impunidad. Relación que también coincide con la representatividad política y la distribución de las transferencias de presupuesto de la nación. Adicionalmente, los municipios con un bajo desempeño del sistema de justicia penal, en especial en su eficiencia en el juzgamiento de delitos graves, también resultan tener el mayor porcentaje de cultivos ilícitos, desplazamiento forzado y presencia de grupos al margen de la ley. 

En segundo lugar, la fuerte orientación de los gobiernos de las últimas décadas hacia el fortalecimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional, demuestran una desconexión entre los sistemas de seguridad y de justicia que  hace  que sea el primero el que jalone los resultados departamentales hacia menores niveles de impunidad, mientras el sistema de justicia permanece con bajas capacidades para enfrentar la magnitud del fenómeno de criminalidad y sin una relación directa entre el delito, la población o el acceso a la justicia con la distribución de capacidades del sistema.

Esto resulta en un error que afecta, no solo el desempeño del sistema de justicia, sino también el de seguridad y defensa, aspectos cruciales para el éxito de los procesos que se desarrollan en la actual etapa de posconflicto en el país, en especial los liderados por el Estado en busca de estabilizar y controlar los territorios después del proceso de desarme, desmovilización y reincorporación de las FARC-EP.

Por último, existen diversas fallas en la operatividad de los sistemas. El aumento esperado en la eficacia de la Fiscalía General para investigar e imputar a los responsables después de la reforma que aumentó sus capacidades instaladas y su presupuesto, ha sido marginal al problema que enfrenta el sistema y parecen seguir centrados en los delitos en los que el victimario es identificado. Los jueces y magistrados acumulan procesos en sus despachos año tras año, muchos de los cuales ven su fin en el vencimiento de términos procesales, además, no existe suficiente personal con funciones de policía judicial en los territorios, en especial en aquellos que se encuentran más aislados y aún persiste el fenómeno de captura de los aparatos de justicia y seguridad por parte de actores criminales a diferentes escalas. La labor no es menor.

Por consiguiente y teniendo en cuenta el breve análisis de contexto realizado, les presentamos el Índice Global Impunidad –Colombia En la primera parte de este estudio se hace un recuento de las principales conclusiones del análisis de los resultados y algunas recomendaciones de política pública correspondientes a las cifras presentadas. A partir de allí se expone el marco conceptual y metodológico adoptado, y por último, presentamos los resultados y el análisis de cada uno de los departamentos. Esperamos que esta herramienta sirva para orientar reformas que permitan avanzar en la consolidación de la paz y un Estado Social de Derecho   que el país adoptó con la Constitución de 1991 con el propósito de ampliar la democracia y realizar las profundas reformas sociales postergadas desde siglos atrás.

Antes de entrar a desarrollar cada uno de estos capítulos, es importante ver dos resultados generales que explican gran parte del texto. Como se dijo antes Colombia tiene una inequitativa distribución de sus capacidades en seguridad y justicia. Por ejemplo, departamentos que no tienen cárceles, o donde el número de funcionarios del sector justicia es muy bajo. Debido a esto, fue necesario agrupar los departamentos del país en cuatro grupos, pues la diferencias entre unos y otros eran muy grandes. Es algo así como si Colombia hubiese creado un Apartheid geográfico. Pero al agrupar, todos los departamentos el resultado es el siguiente.

Ahora bien, si se tomara a Colombia como una sola unidad, los resultados son muy complejos. La cadena de impunidad es la siguiente.

Del total de delitos en el país, el 71% se encuentra en etapa de indagaciones previas. De éstos sólo el 27% están activos, mientras en etapa de investigación la cifra de procesos activos alcanza un alarmante 1%.