Sustitución de cultivos: el centro de los diálogos en Putumayo

Durante el paro nacional, en Putumayo hubo 16 puntos de bloqueo. / Mauricio Alvarado

Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Con la discusión sobre la sustitución de cultivos ilícitos, entendida como uno de los programas claves del Acuerdo Final de Paz, comenzaron este jueves en Puerto Asís los diálogos con los que se busca poner sobre la mesa las preocupaciones y principales reclamos de las comunidades del departamento del Putumayo, el municipio de Piamonte, Cauca, y el corregimiento Jardines de Sucumbíos, de Ipiales, en Nariño, que se han manifestado en las calles en el marco del paro nacional. Las conversaciones son encabezadas por el Comité del Paro Regional Andino Amazónico, el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para las Regiones, con participación de otras entidades del Gobierno Nacional. Según el cronograma, serán siete semanas en las que también se abordarán temas como territorio y ambiente, educación, vivienda, salud y soberanía alimentaria.

“No a la fumigación con glifosato, sí a la sustitución voluntaria y gradual de parte del campesino, no a la erradicación forzada”, son algunas de las demandas que expone Maydany Salcedo, lideresa del paro en la regional Putumayo. La sustitución de los cultivos de uso ilícitos es uno de los temas transversales en este departamento, que históricamente ha registrado cifras altas de hectáreas cultivadas. En 2020, por ejemplo, 19.991 de las 143.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia estaban en Putumayo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con datos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, hasta febrero de este año por lo menos 20.347 familias del departamento estaban vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y se han erradicado voluntariamente 10.004 hectáreas. Sin embargo, para las comunidades es claro que los beneficios del programa se quedaron en el papel. “Es un programa que a la fecha ha sido incumplido por el Gobierno. Exigen la implementación del programa, además del reconocimiento de la soberanía alimentaria de los productos propios de las comunidades campesinas”, afirma Yuri Quintero, lideresa de la región.

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Las principales exigencias del pliego en lo relativo a la sustitución de cultivos de uso ilícito radican en la urgencia de establecer espacios de concertación con las comunidades campesinas cocaleras para transitar caminos alternativos; reglamentar el uso lícito de los cultivos de planta de coca con fines medicinales y tradicionales, y suspender las erradicaciones forzadas y las aspersiones con glifosato.

Pero los cultivos ilícitos no son la única preocupación en esta región del país. Otro de los temas claves de los diálogos es el de los proyectos minero-energéticos y las denuncias de las comunidades que se sienten afectadas por las multinacionales que se dedican a estas actividades. “Gran Tierra es una de las empresas con mayor concesión de bloques petroleros. En Villagarzón ha generado unas afectaciones muy fuertes ambientales y sociales. Una generalidad de desempleo, no inversión en el municipio y alta presencia militar”, explica Quintero.

De ahí surgen peticiones como la creación de una mesa permanente para la regularización del tema en los municipios petroleros del departamento. Además, buscan que las comunidades campesinas, indígenas, afros y demás participen en el trámite de una ley que reglamente las licencias ambientales y la actividad del sector. Otra petición es formular e implementar un plan que restaure y mitigue el daño espiritual, social, cultural y ambiental de los territorios y comunidades afectadas por las actividades de explotación en el departamento del Putumayo, Piamonte, Cauca, y Jardines de Sucumbíos y, también, que allí se suspenda la expansión y emisión de licencias y permisos ambientales para la exploración y explotación.

Con estos temas en la agenda, los delegados del Comité del Paro buscan que en la región haya inversión social que contrarreste el abandono histórico que sufre la comunidad. Por eso, su abordaje tendrá un espacio específico del componente étnico, teniendo en cuenta “el tratamiento que debe tener en relación a cada uno de sus pilares. Para los pueblos indígenas, están basados en su plan integral de vida y plan de salvaguarda”, explica Carlos López, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo.

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Maydany Salcedo insiste en que, aunque están dispuestos a negociar, si el Gobierno no cumple lo pactado, volverán a las calles: “El Gobierno debe entender que estamos exigiendo nuestros derechos y que en el marco del paro seguimos en resistencia y en asamblea permanente. No se ha terminado el paro en Colombia, continuaremos luchando por la reivindicación de nuestros derechos como campesinos, afros e indígenas para tener un país en paz con justicia social”.

Para que los diálogos sobre las peticiones tuvieran lugar, se necesitaron acercamientos entre los delegados del Gobierno y del Comité Regional del Paro. Estas reuniones iniciaron en mayo con la participación de integrantes de ambas partes, mandatarios locales y funcionarios del Ministerio Público para establecer las garantías de las negociaciones. “Tras una serie de diálogos, el pasado 20 de junio se logró llegar a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Comité Regional del Paro en el municipio de Villagarzón sobre los 16 puntos presentados en el pliego de garantías”, sostiene el Ministerio de Minas y Energía, encargado por el Gobierno para dicho proceso. Añaden que gracias a esto se levantaron los bloqueos para normalizar la situación de orden público y las operaciones del sector de hidrocarburos en la región.

Durante las jornadas del paro nacional, en el departamento de Putumayo hubo 16 puntos de bloqueo o resistencia, como lo llaman las comunidades. “Desde el pasado 28 de abril hubo jornadas de movilización, plantones pedagógicos y plantones de sensibilización. Fueron convocados, en primera instancia, como principales protagonistas por colectivos de jóvenes en todas las cabeceras municipales. Luego de cuatro días, se instalaron acciones de bloqueo en las vías principales del departamento”, cuenta Quintero.

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El momento más convulso de las protestas fue tras la muerte de Jordany Rosero, el joven que falleció en Villagarzón tras recibir un impacto de bala durante enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, quien se convirtió en un símbolo de la resistencia en medio de la movilización. “Lamentamos mucho lo sucedido con el compañero; por desgracia, ese es el precio que debemos pagar aquí por exigir nuestros derechos”, finaliza Salcedo.