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El desaliento de miles de campesinos ante los largos trámites que deben llevar a cabo para recuperar las fincas de las que fueron despojados por la violencia centran el documental "Un asunto de tierras", que busca llamar la atención hacia un problema que afecta "al 60 % de la gente en Colombia".
"Yo sé que la película es como un mazazo, uno sale muy descorazonado", reconoce en entrevista a Efe Patricia Ayala, la directora del documental que se estrenará el próximo 27 de agosto.
Ayala, responsable de otros retratos de la violencia de su país, como "Don Ca" (2013), firma ahora un proyecto en el que acompaña durante un año a un grupo de campesinos del corregimiento Las Palmas, en el norte de Colombia, que inicia un proceso para recuperar sus tierras despojadas.
La comunidad se acoge a la Ley de Restitución de Tierras, norma creada en 2011 que busca, entre otras cosas, la devolución de unos seis millones de hectáreas que fueron arrebatadas a millones de personas en los 50 años que dura ya el conflicto armado en el país.
"Es como si uno se robara Suiza entera", destaca Ayala, que confiesa que lo que la movió a realizar este documental era su deseo de "estar ahí" y "ver lo que se cuece", si bien lo que encontró no fue exactamente lo esperado.
"Sabía que no podía pasar nada, pero la verdad yo llegué a pensar y tenía la convicción de que sí iba a pasar por una sencilla razón, y es que esa comunidad tenía una cámara detrás", comenta.
Sin embargo, el resultado muestra un recorrido desalentador en el que tras doce meses de innumerables trámites y muchas horas en salas de espera el grupo de Las Palmas "ni siquiera entró al registro" de víctimas.
La norma, muy cuestionada por informes independientes en Colombia y por la ONG Amnistía Internacional, deja tras cuatro años de aplicación unos 2.000 casos resueltos y 100.000 hectáreas devueltas, según datos del Gobierno, que subraya lo complejo que resulta desarrollar la tarea en medio del conflicto.
Para Ayala, el principal escollo que enfrentó el grupo de Las Palmas fue que se garantizaran las condiciones de seguridad en las zonas reclamadas para iniciar el proceso, algo que considera una "trampa".
"Es increíble el argumento: yo soy Estado y yo te digo que para que entres debes tener seguridad, pero ¿quién es el encargado de garantizar la seguridad? Es como un perro mordiéndose la cola", sostiene.
En resumen, lo que previó como un caso de éxito del novedoso proceso terminó convirtiéndose en "un caso típico" en el que se mezclan abandonadas casas con procesos vecinales donde, a punta de memoria, se delimitan las hectáreas de cada vecino sobre un mapa que se dibuja poco a poco.
Todo el proceso está acompañado por funcionarios que, destaca Ayala, tienen buena intención pero están "prácticamente amarrados" por los entresijos de la Ley.
La sensación de frustración que deja "Un asunto de tierras" es, aunque inesperado para la directora del documental, el objetivo principal de la cinta, que huye de los datos para centrarse en el aspecto emocional y provocar una "catarsis".
"El objetivo es hacer que el espectador por un lado se sienta por un ratico al menos en los zapatos de ese otro, que en este caso es el 60 % ó el 70 % de la gente en Colombia", resume.
A ello se suma la coyuntura del país, que vive desde noviembre de 2012 un proceso de paz con las Farc que se desarrolla en Cuba y cuya conclusión se intuye próxima.
En este contexto, en el que hay "una tarea de construir la paz más allá de lo que se firme en La Habana", Ayala considera que su trabajo colabora en la "responsabilidad extra" que considera tienen los medios masivos de comunicación.
"Necesitamos contarnos historias desde esta mirada", concluye la directora, satisfecha con una cinta que muestra la lucha de un grupo que se niega a aceptar el pesimismo que conlleva la palabra "víctima".