7 Sep 2016 - 2:07 a. m.

Violencia de género, fantasma que ronda a Apartadó

La idea de que las mujeres les pertenecen a los hombres parece haber echado raíces en Urabá. Mientras se siguen contando agresiones, las autoridades se quedan cortas en prevención y atención.

Daniela Valbuena Agudelo*

Hay un tema que muchos sienten y que, a veces, es evidente como una tempestad; pero pocos son conscientes de su daño. Hay un problema presente en toda la región de Urabá, pero de éste solo se habla cuando se lleva la vida de niñas y mujeres. Hay un tema que destruye vidas y familias, pero que, muchas veces, se queda en los corrillos de esquina o, máximo, en un titular de prensa: la violencia contra la mujer.

Pese a que llegan numerosas denuncias a las Comisarías de Familia o a la Fiscalía, muchas mujeres que han sido víctimas de agresiones no saben cuáles son sus derechos o cuáles son las entidades encargadas de brindarles ayuda. Como si fuera poco, hay quienes temen denunciar o, luego de hacerlo, desisten de los procesos, entorpeciendo la labor judicial.

La problemática local

Según el Observatorio de Violencia Sexual y Violencias Basadas en Género, en Apartadó, coordinado por la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria Luis Amigó y Cordupaz, entre otras instituciones, la violencia física y sicológica contra la mujer es una problemática constante en la región.

Según datos del último informe del Observatorio, publicado en 2013, la noche es cuando más se presentan agresiones y el hogar de la víctima es el principal escenario de violencia contra la mujer. Igualmente, el análisis señala que los agresores son, mayoritariamente, las parejas o exparejas de las víctimas.

Dos de los casos más recientes en la región son el de Gertrudis Díaz Madera, una enfermera profesional de 38 años, asesinada en marzo de 2015 en el municipio de Carepa. E Ibeth Candanoza, de 41 años, quien fue asesinada en Chigorodó en uno de los primeros casos de feminicidio de 2016. En ambas agresiones, las autoridades señalaron como responsables a sus compañeros permanentes.

Según Omar Darío García Martínez, fiscal local de Apartadó, desde  2012 hasta el 30 de abril de 2016, fueron radicadas en ese despacho, un total de 1.525 denuncias por violencia intrafamiliar. Entre tanto, la Comisaría de Familia del mismo municipio recibió, solo en marzo, 450 denuncias por esa misma causa. “Eso demuestra que no es un fenómeno esporádico o aislado, sino recurrente y en crecimiento”, añadió Patricia Suárez Arias, funcionaria de la Casa de Justicia de Apartadó.

Por otra parte, y según datos del Observatorio de Violencia Sexual y Violencias Basadas en Género, los barrios Obrero y Policarpa son los más afectados por la problemática. Allí reside buena parte de las víctimas que se atreven a denunciar casos de violencia de género o violencia intrafamiliar.

Pero así sean numerosos los casos que se denuncian, las autoridades reconocen que muchos otros no se registran por el temor de las víctimas a recibir nuevas agresiones o por su dependencia económica del agresor. También, según afirma Melba Judith Anza, fiscal seccional de Apartadó, muchos casos se caen por falta de pruebas.

Paños de agua tibia

No cualquier asesinato de una mujer es considerado un feminicidio. Para que quepa en esa categoría, debe quedar claro que su muerte se produjo por razones de género, es decir, por su condición de mujer. Omar Darío García Martínez, fiscal local de Apartadó, explica que “el tipo penal de feminicidio entró en vigencia en nuestra legislación a partir de la promulgación de la Ley 1761 del 6 de julio de 2015, que lo crea como delito; antes de esto, se tenía como circunstancia agravante del tipo penal de homicidio”.

En respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía Seccional de Apartadó reportó que entre 2012 y 2016 esa unidad ha conocido siete casos de muertes violentas de mujeres. Cinco de ellos se encuentran tipificados como homicidios en “los cuales no se ha determinado si el móvil es la condición de ser mujer”. Mientras tanto, los dos restantes ocurrieron en la vigencia de la Ley 1751 de 2015, fueron tipificados como feminicidios y se encuentran en etapa de juicio.

Según dice Melba Judith Anza, la fiscal seccional de Apartadó, la nueva norma logró que los crímenes cometidos contra las mujeres pasaran a considerarse hechos de alta gravedad, aumentando la pena del agresor siempre y cuando el caso cumpla con las series que estipula la ley.

Sin embargo, endurecer las normas no parece haber sido suficiente. Mientras tanto, los programas que buscan prevenir y crear rutas de atención, por lo menos en el caso de Apartadó, se han quedado cortos. Ese es el caso del proyecto Mujer y Familia de la Secretaría de Inclusión Social.

Si bien la iniciativa se enfoca en la atención de mujeres afectadas, en informar a las víctimas sobre sus derechos y encaminarlas a la entidad idónea para atender su problema, Bertilda Teherán Beleño, encargada del programa, considera que el personal y el presupuesto asignados son insuficientes para desarrollar estrategias de educación que logren, de manera efectiva, disminuir los casos de violencia de género.

Uno de los programas de esa dependencia es un Comité Estudiantil de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en los grados décimo y undécimo de algunas instituciones educativas del municipio que, de acuerdo con Teherán, pretende inculcar el respeto por las mujeres. También existe un grupo de 20 mujeres que trabajan en un proceso de empoderamiento como seres autónomos. Sin embargo, la funcionaria manifiesta la necesidad de contar con una casa refugio y con presupuesto para la atención de emergencia, pues, mientras tanto, sus actividades son limitadas.

En conclusión, mientras no se concientice a la sociedad de que la violencia no es la solución a los problemas entre parejas ni se cambie la mentalidad en torno a la “propiedad” del hombre sobre la mujer, sea esposa, compañera o incluso hija, ese monstruo del feminicidio tendrá en la zona de Urabá su hogar y espacio de trabajo, para tristeza de centenares de familias y de una sociedad indolente.

Ley en honor a Rosa Elvira Cely

La Ley 1761 de 2015, de acuerdo con el texto de la norma, “tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivo de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su,bienestar, de acuerdo,con los principios de igualdad y no discriminación”.

*Este artículo fue publicado en el periódico De la Urbe, de la Universidad de Antioquia

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