25 Jun 2021 - 11:52 p. m.

Violencia en Norte de Santander: la guerra entre paramilitares y guerrillas

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde 2020 han asesinado a 16 líderes sociales en el departamento. Además hubo siete masacres. Las zonas más afectadas por la violencia desde que empezó la pandemia son los municipios que conforman el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta.

Desde que empezó la pandemia por el COVID-19, la situación de seguridad en Norte de Santander vive uno de sus momentos más complejos. La presencia del Ejército Nacional de Liberación (Eln), con su frente Juan Fernando Porras Martínez; el frente 33 de las disidencias de las Farc; el Ejército Popular de Liberación (Epl); y la incursión del Clan del Golfo han recrudecido las violencia en esta zona del país que históricamente ha sido golpeada por la guerra.

Este viernes 25 de junio el helicóptero presidencial, donde iban el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios fue atacado cuando iba del municipio de Sardinata a Cúcuta. Fue el mismo mandatario quien informó que no hubo heridos y que la aeronave pudo aterrizar sin inconvenientes. En las imagines compartidas por la presidencia de la República queda claro que el vehículo fue impactado por balas en varias partes de su infraestructura.

“Quiero informar al país que luego de cumplir compromiso en Sardinata el helicóptero fue victima de un atentado. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un hecho cobarde. Como gobierno no vamos a desfallecer en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada que operan en el país. No nos amedrentan con violencia. Nuestro estado es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos demostrando que el estado hace presencia en todo el territorio. He dado instrucciones de ir en contra de quienes pusieron en riesgo la vida de otras personas. Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad”, aseguró el presidente.

El Catatumbo

La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, emitió el 9 de febrero de 2021 una alerta temprana para los municipios de El Carmen, Convención y Teorama (los tres ubicados en el Catatumbo) advirtiendo la presencia del Eln y el Epl en la zona. La entidad aseguró que el enfrentamiento entre estos dos grupos armados compromete la seguridad de líderes sociales, transportadores, comunidades indígenas y en general de toda la población.

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“Fue en jurisdicción de estos tres municipios donde comenzaron las tensiones que terminaron por desencadenar la confrontación violenta entre las dos guerrillas, más exactamente en el corregimiento Fronteras (Teorama) y las veredas Caño Azul y La Cooperativa (Convención), así como en los territorios indígenas del Pueblo Barí en el extremo norte de los Municipios de Teorama, Convención y El Carmen, límites con la República Bolivariana de Venezuela”, aseguró entonces la Defensoría.

Sin embargo, la guerra que se vive en el Catatumbo va más allá de estos grupos. Un ejemplo de esto es el municipio de Tibú, donde desde principios de 2021 hubo desplazamientos debido a la incursión del Clan del Golfo. En enero la Fundación Progresar informó que 40 familias tuvieron que salir de sus viviendas debido a la presencia de estas estructuras. La Defensoría del Pueblo también había emitido una alerta temprana en noviembre de 2020 en la que había advertido que en el municipio también había presencia del Eln, Epl, las disidencias del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Comando Danilo García de la Segunda Marquetalia.

Días más tarde de que la Fundación Progresar diera dicha información, la Defensoría del Pueblo informó que otras 400 personas habían salido desplazadas por la incursión paramilitar del Clan del Golfo. Además en los últimos días del primer mes de 2021 hubo una masacre en la que fueron asesinadas tres personas en Tibú.

“Estos gravísimos hechos ocurren en un contexto de incursión paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ocurrida en el área rural de Cúcuta el pasado 14 de diciembre, sin que haya una respuesta oportuna y adecuada por parte de las autoridades civiles, policiales y militares”, señaló la organización de derechos humanos Progresar.

Y esta confrontación entre los grupos armados afectó también a Ecopetrol, quien cuenta con pozos petroleros en Tibú y de gas en Sardinata. En los últimos meses de 2020 se habló de la posibilidad de que la empresa no siguiera con la productividad debido a la falta de seguridad que tenían sus empleados para salir al campo y hacer las rutinas de seguimiento a los pozos. Esto generó la reacción inmediata de las autoridades, pues la zona del Catatumbo tuvo su desarrollo en torno a la producción de petróleo.

Según la alcaldesa de Tibú, Corina Durán, las actividades de la empresa le dejaron al municipio $3.900 millones, por lo que la continuidad de las mismas eran claves para el municipio y sus habitantes. Además afirmó que la producción de gas y petróleo da trabajo a 520 personas de forma directa y beneficia a por lo menos 1.000 familias de la zona. Cuando la situación de inseguridad fue más crítica Orlando Mauricio Sánchez, gerente de Ecopetrol en Norte de Santander, aseguró que había una filtración de 400 barriles diarios por cuenta de que no podían ir a los campos por la presencia de estos grupos armados.

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En el Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, bandas criminales y grupos paramilitares como Los Rastrojos, el Clan del Golfo (llamado así por el Gobierno) o la disidencia del Frente 33 de las antiguas Farc también se baten a muerte por las estratégicas zonas utilizadas para actividades como el narcotráfico. La confrontación constante que se vive en la región es atizada por situaciones como el incumplimiento del acuerdo de paz, las dinámicas violentas que sacuden la frontera con Venezuela y la revictimización de los sobrevivientes, denunciaron este viernes líderes de la zona.

“Los Rastrojos deciden quién vive y quién muere, qué se hace y qué no se hace. Nosotros queremos insistir en la responsabilidad que tiene el Estado colombiano y las autoridades en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria y crear garantías para que los campesinos puedan retornar con seguridad y de manera voluntaria”, aseguró Wilfredo Cañizares, líder defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar.

La frontera con Venezuela

La posición geográfica del departamento es otro de los problemas. “En la frontera con Venezuela hay 3.000 hectáreas de coca. Por ahí funcionan las más grandes rutas del contrabando y las autoridades no se dan cuenta. Desde aquí se organizan secuestros, extorsiones y amenazas a ganaderos, arroceros y comerciantes. Es una zona compleja que no ha tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades”, le dijo Cañizares a este medio hace unos meses.

En las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo ha emitido sobre esta zona del país, siempre resalta la cercanía con la frontera. Más allá de la presencia y actividades de estos grupos de un lado y del otro, una de las problemáticas más grandes es la importancia que tiene el paso fronterizo para las comunidades campesinas e indígenas. En esta zona hay dos tribus binacionales como lo son los Barí y los Yukpa.

“El tránsito en la frontera para las comunidades campesinas e indígenas ha significado parte de la dinámica económica social y cultural desde antes de la creación de las repúblicas, además de una estrategia de supervivencia de la población desde la incursión del paramilitarismo en la región a finales de los años 90 pues, para cuando se intensificaba la violencia, un mecanismo de autoprotección ha sido trasladar sus caseríos a territorio venezolano para luego retornar”, aseguró la Defensoría.

En la frontera entre ambos países hay una guerra cazada entre el Eln y Los Rastrojos, otro de los grupos que hace presencia en el Catatumbo. La Defensoría ha alertado a la población sobre posibles plantaciones de minas antipersonales instaladas en territorios como Tibú.

La violencia en Cúcuta

La batalla entre el Eln y Los Rastrojos llegó hasta la zona rural de la capital de Norte de Santander. La violencia en esta zona del departamento aumentó este año con la guerra entre guerrillas y grupos paramilitares. Según habitantes de los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena el Clan del Golfo llegó hasta esa zona ante una llamada de auxilio de Los Rastrojos cuando estaba a punto de perder la confrontación contra el Eln.

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“Cuando los paramilitares llegaron, en diciembre de 2020, nos reunieron a toda la comunidad y se presentaron. Uno de ellos nos dijo: “Mire, no se preocupen, ustedes avisen a la Policía y al Ejército que nosotros estamos aquí. Ellos ya saben y contamos con su apoyo, porque tenemos la misión de sacar al Eln de la frontera”, le dijo un habitante de la zona a este medio en abril de 2021.

La intención de los grupos paramilitares de sacar al Eln de esta zona es porque le dejaría la puerta abierta para poder terminar de entrar a Tibú y por ende al Catatumbo. Esta zona tiene el mayor número de cultivos de coca del país. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), hay 41.000 hectáreas de coca, 20.000 de las cuales están en Tibú.

La Defensoría del Pueblo advirtió de esta situación desde marzo del 2020, cuando ya empezaban a evidenciar una guerra sin tregua entre el Eln y los Rastrojos. Frente a esto, la entidad aseguró que debido a estas confrontaciones cientos de personas del área rural de la capital del departamento podría ser afectadas.

“El riesgo que se advierte y que requiere medidas urgentes, está ocasionado por la imposición durante la semana del 9 de marzo, de restricciones a la movilidad en la zona por parte del Eln, que se encuentra en la frontera del lado colombiano donde hay confluencia con la zona de presencia de Los Rastrojos. Ello evidencia el traslado de la disputa territorial entre estos dos grupos hacia territorio colombiano como resultado del proceso de expansión y retoma del control anunciada la guerrilla”.

Pero la violencia llegó también hasta la zona urbana de Cúcuta. El pasado martes 15 de junio hubo una explosión de un carrobomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional. En estos hechos resultaron heridas 36 personas al interior de la base militar. Desde el gobierno nacional aseguraron que el Eln estaría detrás de este atentado.

Dos días después de estos hechos, el grupo guerrillero sacó un video donde asegura que no tiene nada que ver con el atentado a las instalaciones militares en Cúcuta. “Nos permitimos informarles que ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene que ver con el ataque que se presentó el pasado 15 de junio en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta”, se escucha en el video

Según lo dicho el miércoles 16 de junio por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, la camioneta que fue usada para el ataque que dejó 36 soldados heridos en la Brigada 30 de Cúcuta, era una Toyota Fortuner Blanca, modelo 2017, que llegó al lugar hacia las 12:35 a.m.

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