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La auditoría anual de la Contraloría incluyó un apartado especial en el informe sobre Medellín para la controvertida caja menor del despacho de la alcaldía de Daniel Quintero, en el que se evidencia que gastos cercanos a los $117 millones no fueron justificados.
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El informe del ente de control se hizo con base en el 50, 26 % de las facturas que se tienen documentadas de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, sobre las que se hicieron dos hallazgos administrativos: los dos con incidencia disciplinaria y uno al que le sumaron una incidencia fiscal.
El primer hallazgo está relacionado con el monto a ejecutar en la caja menor, debido a que en ninguna de las resoluciones con las que se abrió el fondo fijo se establece el presupuesto, lo que oara la Contraloría demostraría desconocimiento de lo normativo de quienes administraban estos recursos, así como falta de planeación en el gasto.
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Sumado a esto, resaltan que tampoco se programaron los tipos de gastos del fondo fijo, por lo que se terminaron realizando compras de carnes, verduras, bebidas, productos de panadería, aprovisionamiento de la cocina del despacho, pago de peajes y hasta arreglos florales que “fueron recurrentes y previsibles en las vigencias auditadas, y no son imprevistos, ni urgentes ni necesarios”.
El segundo hallazgo está relacionado con gastos en restaurantes en Bogotá, Cartagena, Medellín y otras partes del país, especialmente en cadenas como El Corral y Starbucks, que no cuentan ni con autorización ni certificación y la mayoría de los cuales estaban justificadas para atender reuniones oficiales dentro de la agenda del alcalde.
De acuerdo con el ente de control, de $124 millones del item por servicio de restaurante, solo ocho fueron autorizados por el ordenador del gasto, que era el secretario de Gobierno, Juan David Duque, mientras que el resto no cuenta con soportes y en el caso de los que se hicieron en otras ciudades, debieron tramitarse como viáticos. Esto, de según la Contraloría, permitió que “se realizaran compras individuales o personales y en algunos casos, compras de comida suntuosa, afectando la eficiencia del gasto público”.
Tras conocerse el informe, la alcaldía de Medellín tiene cinco días hábiles para dar aclaraciones o presentar objeciones, antes de que la Contraloría deje en firme el informe con los hallazgos que hizo en la alcaldía de la ciudad.