Enfrentamientos entre combos han provocado deserción escolar en Medellín

Durante varios días los estudiantes del corregimiento de Altavista, en Medellín, no pudieron asistir a clase. Los enfrentamientos entre combos y bandas que operan en la zona impidieron que 191 niños y jóvenes asistieran a sus colegios pues sus padres temían que puedieran ser víctimas del fuego cruzado.

La presión de los armados ha afectado incluso a sectores como el de los conductores de servicio público quienes han denunciado extorsiones de hasta 60 mil pesos semanales.

De acuerdo con el personero delegado de Medellín para los Derechos Humanos, Juan Fernando Gómez, quien habló con El Espectador sobre la problemática, el fenómeno no solo afecta a este corregimiento, sino que se ha dispersado hacia otros sectores de la capital antioqueña.

¿Cuál es la problemática que se presenta en Altavista?

En el corregimiento de Altavista, históricamente han tenido injerencia dos combos, que vienen afectando el orden público, se autodenominan los “Pájaros” y “Los chivos”, y han tenido periodos críticos de enfrentamiento, como el que estamos viviendo en este año, desde el primer semestre y lo que va corrido del segundo, a raíz de la disputa territorial. Producto del microtráfico y la extorción han venido alterando el orden público.

El punto más crítico que se viene presentando en la actualidad, es al parecer por la presencia de un nuevo grupo al margen de la ley, que se hace llamar Mano de Dios. Este grupo al parecer es un reducto del Clan del Golfo o de las Autodefenzas Gaitanistas de Colombia y esto ha provocado que el corregimiento, en la actualidad venga presentando fenómenos de orden público como enfrentamientos a cualquier hora del día; lo que ha generado desplazamientos por parte de las familias. En lo que va corrido del año, hemos tenido 55 casos de desplazamiento.

¿Se le ha venido haciendo algún seguimiento a las familias?

La personería de Medellín, a través de un grupo de profesionales, e investigadores, hemos venido haciendo presencia en el territorio, y hemos hecho un acompañamiento a las familias, que han llegado a nuestra Unidad Permanente de Derechos Humanos.

Se les toma la declaración de desplazamiento por el hecho victimizante, cuándo se expulsa del lugar donde reside, se les da un auxilio de alimentación y se les busca albergue, en algunas ocasiones estas familias se ubican en su red familiar mientras las situaciones mejoran de la situación. Si no tiene donde ir, se disponen albergues del municipio o de la unidad.

¿Cuántas instituciones educativas están siendo afectadas por esta situación?

En la actualidad tenemos 4 instituciones educativas en el corregimiento. Hay una que es sede de otra, es decir son tres, que tiene injerencia en la población estudiantil de allí, son: Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos, que es quizá una de las instituciones educativas más afectadas, con más inasistencia de estudiantes, la otra es la Pedro Octavio Amado, que también tiene injerencia en el sector y la Débora Arango, que tiene dos sedes, la otra es la Mano de Dios.

Hasta el martes, en la jornada de la mañana, se presentó una falta de aproximadamente de 167 estudiantes, y en la jornada de la tarde, más o menos un porcentaje entre el 12% y el 29% de toda la población estudiantil. El día más crítico fue el lunes donde hubo algunas instituciones que no prestaron servicio como la Jorge Amado, en la mañana y en la tarde de los 1.180 estudiantes, solo asistieron 130 estudiantes.

¿En total de cuántos estudiantes estamos hablando?

El impacto sobre la población estudiantil, que no ha podido recibir sus clases de manera continua y como debería hacerlo, serían unos 200 o 250 estudiantes en los puntos más críticos, sin embargo, el temor es latente por parte de la comunidad y por parte de los padres de familia.

Se han establecido unas rutas de atención por parte de la Secretaria de Educación, así como desde la Secretaría de Seguridad para brindar pie de fuerza que se les garantice a los estudiantes el retorno a clase. Nosotros como entidad y como ministerio público consideramos que no solamente se debe hacer intervención militar o policial, sino que también debe ir de la mano de una intervención social, oferta institucional, mayores espacios que permitan contribuir a la convivencia y la paz del corregimiento.

¿Qué acciones concretas están tomando las instituciones respecto a esta situación?

Se tuvieron que tomar medidas como recortar jornadas. En conjunto con la Secretaría de Educación, los rectores y jefes de núcleo se han venido ahondando en reuniones que permitan tomar medidas para generar confianza en las familias, para que envíen a sus estudiantes y tengan la seguridad de que van a estar allí bien y que tienen las condiciones de seguridad para que ellos puedan retornar a sus aulas de clase.

Nosotros como Ministerio Público hemos exhortado a la institucionalidad para que primero garantice la seguridad del territorio. Lo que está claro es que las instituciones están para apoyarse, y que no podemos dejar que unos cuantos combos que hacen injerencia en el sector atemoricen a toda la población y vayan a desestabilizar la institucionalidad o el orden público.

¿Se ha contemplado la posibilidad de suspender las clases o cerrar los colegios?

Las instituciones están abiertas y están en normal ejecución, nosotros estamos haciendo seguimiento a la escolarización de los estudiantes y hasta el día de ayer, digamos que la jornada laboral de los colegios se ha venido presentando de manera normal.

Hay una inasistencia, pero es por parte de los estudiantes porque las familias consideran que no hay garantías para retornar.

A parte de la deserción escolar también se han presentado extorsiones a conductores de servicio público…

La irrupción de este nuevo grupo ha generado una instabilidad de orden público en el corregimiento y las quejas que hemos tenido por parte de los conductores de las rutas 172 y 178, que cubren todo el corregimiento de Altavista, es que vienen siendo extorsionados por los tres grupos: “Los pájaros”, “Los chivos” y “La Mano de Dios”, con una cuota semanal de 60 mil pesos, por un bus.

Ellos no están dispuestos a seguir pagando esa extorsión, piden garantías por parte de la institucionalidad para que se respete y se les garantice la integridad de ellos, porque han manifestado que, si no pagan esa extorsión, pues serían objeto de vandalismo y esto es quemarles el bus o algo que iría mucho más allá es que podrían atentar contra su vida.

Las autoridades han venido haciendo un acompañamiento y digamos que el servicio de trasporte se ha normalizado, pero seguimos recibiendo denuncias por parte de algunos conductores que manifiestan que accedieron a prestar nuevamente el servicio, dadas a las presiones de los propietarios de los vehículos, pero las extorsiones continúan.

¿Dichos enfrentamientos han ocasionados daños directos a la población civil?

En este año no tenemos referencia de quema de vehículos o de vandalismo, pero el año anterior sí, a finales del año anterior sí hubo un ataque directo a un conductor donde le incineraron el vehículo, al parecer podría ser pago de extorsión.

A hoy, lo que podemos decir es el hecho lamentable, y reprochable que ocurrió la semana pasada, en un sector cercano a Altavista que es el de Belén Buenavista, donde fue asesinado un transportador escolar, y a hoy es materia de investigación y no podemos asegurar que sea por un pago de extorsión.

¿En qué otros sectores de la ciudad de Medellín se ha venido presentando esta problemática?

Hoy hemos evidenciando problemáticas en la comuna 7 en Robledo, con enfrentamientos entre combos, hemos tenidos fenómenos de desplazamiento interurbano y homicidios. Esa es la comuna, después de la comuna 10, con el mayor número de homicidios en lo que va corrido del año, es una situación que nos preocupa también mucho, tenemos muchas denuncias de extorsiones, amenazas a comerciantes y a transportadores.

La otra comuna donde se han presentado dificultades es la comunica 8 de Medellín, a principio de año o digamos que en el primer trimestre del año tuvimos una dificultad por enfrentamientos entre combos que se autodenominan “La Libertad” y “San Antonio”, lo que generó un problema de descolarización de varios estudiantes, hoy podemos decir que la jornada laboral es normal y con la presencia de autoridades se ha recuperado la calma en la zona.

El tercer caso es en el corregimiento de San Cristóbal donde a raíz de un homicidio dominio que se registró el día sábado en la madrugada, fue el asesinato del líder social Fabián Alberto, que en el 2012 había sido desplazado del corregimiento y que retornó para el 2013 y lamentablemente fue vilmente asesinado. Hoy la comunidad está atemorizada a raíz de este crimen y tenemos la preocupación de que se puedan presentar fenómenos de desplazamiento como en el 2012 donde desertaron 1.000 personas.

¿Qué falta por hacer para erradicar totalmente esta situación?

Si bien Medellín viene avanzando en su lucha contra la pobreza, o digamos viene disminuyendo el indicador de pobreza, creemos que todavía se debe propiciar, por parte del ente municipal mayores ofertas de empleo, nosotros a diario recorremos las comunas y lo que la gente demanda más es que haya mayores oportunidades laborales, que hayan mayores oportunidades de educación, sobre todo educación superior.

Que se busquen estrategias para poderle ganar a estas bandas, que se aprovechan de esa miseria o esa falta de oportunidad y seducen a nuestros jóvenes para que hagan parte de estos grupos al margen de la ley.