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Esta es la acusación que enfrenta la exsecretaria de Educación de Daniel Quintero

Un juez avaló la acusación presentada por la Fiscalía contra Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de educación, por contratos del programa Buen Comienzo.

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10 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Martha Alexandra Agudelo Ruiz es acusada de estar involucrada en hechos de corrupción relacionado con el programa Buen Comienzo, durante la administración de Daniel Quintero.
Martha Alexandra Agudelo Ruiz es acusada de estar involucrada en hechos de corrupción relacionado con el programa Buen Comienzo, durante la administración de Daniel Quintero.
Foto: Tomada de @soyalejangu
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Un juez de Medellín avaló el jueves 9 de octubre los términos de acusación presentada por la Fiscalía contra Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación del distrito, durante la administración de Daniel Quintero, por hechos de corrupción relacionados con el programa Buen Comienzo.

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El Juzgado 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín tomó la decisión con la que concluyó la etapa de formulación de acusación y dieron paso a la fase preparatoria de juicio.

Además de Agudelo, también están vinculados Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de Buen Comienzo y Henry Gómez Montoya, representante legal de la corporación Colombia Avanza, entidad contratista del programa.

La acusación se centra en contratos del 2020. Uno que fue suscrito por más de $20.000 millones para la atención a la primera infancia, se habría celebrado, según la Fiscalía, sin los requisitos legales ya que, al parecer, favorecieron a la Corporación Colombia Avanza y presentó sobrecostos en los paquetes alimentarios, lo que representaría un detrimento patrimonial de más de 1.400 millones.

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Según la Fiscalía, los elementos probatorios demostrarían los sobrecostos de los kits alimentarios, vinculación de personal sin cumplir requerimientos técnicos y pagos por servicios no prestados.

El segundo contrato cuestionado tiene relación con la atención alimentaria a estudiantes durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Según el ente acusador, se habrían apropiado de más de $956 millones por sobreprecios, duplicas de pagos por logística y falta de idoneidad del contratista.

Por estos hechos, los acusados se enfrentan a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

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