Homicidios en el Bajo Cauca antioqueño: asesinan a dos mineros en Cáceres
Primeras informaciones señalan que cuatro hombres que se transportaban en moto fueron los autores materiales del hecho. Las víctimas fueron identificadas como dos mineros oriundos de Montería (Córdoba). La población local teme una nueva ola de desplazamientos forzados.
Las autoridades locales de Cáceres confirmaron este martes el asesinato de Alfredo Manuel Campos, de 31 años, y Norbey Salgado, de 30; dos mineros oriundos de Montería (Córdoba) que llevaban varios meses trabajando en esta zona del Bajo Cauca.
Con este hecho, los asesinatos a mineros en esta subregión del país ascienden a cinco en los últimos ocho días. Este doble homicidio se suma a la masacre de cinco mineros, perpetrada el pasado 7 de agosto en el corregimiento de El Pato, en Zaragoza.
Según Martín Rivera, secretario de Gobierno de Cáceres, a pesar de que se desconocen a los responsables, “esto habría ocurrido anoche en la vereda Los Azules y, según información de algunos vecinos, cuatro hombres movilizados en motocicleta habrían sido los autores materiales”.
Las condiciones de seguridad previas al asesinato de Campos y Salgado ya eran delicadas en Cáceres. Cerca de 800 personas que habitan la vereda de Isla Amargura se vieron obligadas a desplazarse el jueves 3 de septiembre, situación que fue denunciada por la Junta de Acción Comunal.
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Se estima que la mayoría de familias desplazadas llegaron al municipio vecino de Caucasia, donde permanecen en un albergue temporal ubicado en una escuela del corregimiento de Guarumo.
Por más de que en la zona hacen presencia estructuras paramilitares de Los Caparrapos y del Clan del Golfo (autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la Séptima División del Ejército aún no se atreve a señalarlos como los responsables de los crímenes.
Su comandante, el general Juan Carlos Ramírez, apenas reiteró que trabajarán en “proteger a la población de cualquier amenaza o intención criminal de grupos armados organizados”.
Esta zona del nororiente antioqueño se ha convertido en un bastión y un corredor de drogas para los grupos armados ilegales, según diferentes organizaciones sociales.
Como documentó este diario, una confluencia de factores violentos recientes en el Bajo Cauca llevaron a que la Defensoría del Pueblo identificara dos escenarios de riesgo: uno estructural, definido por el abandono y la exclusión histórica de esta subregión de los proyectos de desarrollo nacionales y regionales, lo que ha permitido que el territorio sea concebido como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales; y otro coyuntural, en el que los grupos ilegales de turno aprovechan ese abandono estatal para fortalecerse y financiarse.
Las autoridades locales de Cáceres confirmaron este martes el asesinato de Alfredo Manuel Campos, de 31 años, y Norbey Salgado, de 30; dos mineros oriundos de Montería (Córdoba) que llevaban varios meses trabajando en esta zona del Bajo Cauca.
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Según Martín Rivera, secretario de Gobierno de Cáceres, a pesar de que se desconocen a los responsables, “esto habría ocurrido anoche en la vereda Los Azules y, según información de algunos vecinos, cuatro hombres movilizados en motocicleta habrían sido los autores materiales”.
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Su comandante, el general Juan Carlos Ramírez, apenas reiteró que trabajarán en “proteger a la población de cualquier amenaza o intención criminal de grupos armados organizados”.
Esta zona del nororiente antioqueño se ha convertido en un bastión y un corredor de drogas para los grupos armados ilegales, según diferentes organizaciones sociales.
Como documentó este diario, una confluencia de factores violentos recientes en el Bajo Cauca llevaron a que la Defensoría del Pueblo identificara dos escenarios de riesgo: uno estructural, definido por el abandono y la exclusión histórica de esta subregión de los proyectos de desarrollo nacionales y regionales, lo que ha permitido que el territorio sea concebido como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales; y otro coyuntural, en el que los grupos ilegales de turno aprovechan ese abandono estatal para fortalecerse y financiarse.