Iglesia y organizaciones sociales piden garantías para los indígenas de Antioquia
Durante la misión humanitaria que lideraron las diócesis de Quibdó (Chocó) y Apartadó (Antioquia), se constató que continúan en riesgo 2.200 indígenas de Murindó (Antioquia), por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln.
Este año la Organización Indígena de Antioquia (OIA) ha emitido varios comunicados en los que se advierte el riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas del departamento. Tanto es la gravedad del asunto que, el 12 de marzo de este año, declararon emergencia humanitaria. A esa alerta, se le suma la voz de la iglesia y organizaciones sociales, que estuvieron en Murindó, Antioquia, verificando las denuncias. Se confirmó que continúan en riesgo 2.200 indígenas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln.
Hasta Murindó llegaron delegaciones de las diócesis de Quibdó (Chocó) y Apartadó (Antioquia), el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, en el marco de una misión humanitaria que se desarrolló del 7 al 11 de marzo de 2021.
Se confirmó que la presencia y accionar de los grupos armados, trae como consecuencia confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. Los habitantes de Turriquitadó Alto, por ejemplo, se vieron obligados a desplazarse hasta Turriquitadó Llano, debido a que obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes, herido por una mina antipersonal.
Le recomendamos leer: Indígenas de Antioquia se declararon en emergencia humanitaria por violencia en el departamento
“Al enterarse el Eln de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela. Las familias desplazadas son 25 (140 personas), pero hubo cuatro familias (20 personas) que no pudieron desplazarse y están absolutamente confinadas e incomunicadas”, aseguran desde la misión humanitaria.
En la comunidad de Isla se vive en situación de confinamiento por las minas antipersonales. En ese lugar, Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que forma parte del pueblo embera eyabida de Murindó, perdió su pierna derecha al pisar una mina antipersonal el 28 de febrero de este año.
La misión humanitaria pide la intervención urgente del Estado, para poder garantizar los derechos de las comunidades. También solicitan ayudas humanitarias, inicio del desminado humanitario.
Le recomendamos leer: Medellín ha recibido 89 indígenas víctimas de desplazamiento forzado en lo que va de 2021
”Insistimos nuevamente ante el gobierno nacional, para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas. Es urgente firmar e implementar un Acuerdo Humanitario que incluya el cese al fuego para que se favorezcan las garantías de protección a las comunidades”.
A los grupos armados, especialmente al Eln, le piden ordenar el desminado de viviendas, escuelas, caminos y cultivos, y se comprometa a no volver a instalar minas.
En Antioquia, de los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.
Las zonas que se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad son el Bajo Cauca, el Occidente, el Urabá y el Suroeste. De acuerdo con Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas más expuestas por la presencia de minas antipersonales y enfrentamientos entre grupos armados.
Este año la Organización Indígena de Antioquia (OIA) ha emitido varios comunicados en los que se advierte el riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas del departamento. Tanto es la gravedad del asunto que, el 12 de marzo de este año, declararon emergencia humanitaria. A esa alerta, se le suma la voz de la iglesia y organizaciones sociales, que estuvieron en Murindó, Antioquia, verificando las denuncias. Se confirmó que continúan en riesgo 2.200 indígenas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln.
Hasta Murindó llegaron delegaciones de las diócesis de Quibdó (Chocó) y Apartadó (Antioquia), el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, en el marco de una misión humanitaria que se desarrolló del 7 al 11 de marzo de 2021.
Se confirmó que la presencia y accionar de los grupos armados, trae como consecuencia confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. Los habitantes de Turriquitadó Alto, por ejemplo, se vieron obligados a desplazarse hasta Turriquitadó Llano, debido a que obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes, herido por una mina antipersonal.
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“Al enterarse el Eln de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela. Las familias desplazadas son 25 (140 personas), pero hubo cuatro familias (20 personas) que no pudieron desplazarse y están absolutamente confinadas e incomunicadas”, aseguran desde la misión humanitaria.
En la comunidad de Isla se vive en situación de confinamiento por las minas antipersonales. En ese lugar, Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que forma parte del pueblo embera eyabida de Murindó, perdió su pierna derecha al pisar una mina antipersonal el 28 de febrero de este año.
La misión humanitaria pide la intervención urgente del Estado, para poder garantizar los derechos de las comunidades. También solicitan ayudas humanitarias, inicio del desminado humanitario.
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”Insistimos nuevamente ante el gobierno nacional, para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas. Es urgente firmar e implementar un Acuerdo Humanitario que incluya el cese al fuego para que se favorezcan las garantías de protección a las comunidades”.
A los grupos armados, especialmente al Eln, le piden ordenar el desminado de viviendas, escuelas, caminos y cultivos, y se comprometa a no volver a instalar minas.
En Antioquia, de los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.
Las zonas que se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad son el Bajo Cauca, el Occidente, el Urabá y el Suroeste. De acuerdo con Amelicia Santacruz, consejera mayor de la OIA, Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas más expuestas por la presencia de minas antipersonales y enfrentamientos entre grupos armados.