Líderes sociales y defensores de derechos humanos en Antioquia señalaron al defensor regional del pueblo, Jhon Jaime Zapata, de descalificar las alertas por la situación que viven en ese departamento. Afirman, además, que el funcionario "viene ocultando la realidad" sobre lo que pasa en estos territorios.
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La denuncia la realiza el Proceso Social de Garantías para líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes se refirieron a dos situaciones particulares. Por un lado, según relatan, el pasado jueves primero de noviembre, en medio de una reunión en la Alcaldía de Medellín, esta organización rechazó el homicidio del líder comunitario Eladio de Jesús Posso, asesinado en Tarazá el miércoles 31 de octubre, y reclamó al defensor regional la falta de acciones para evitar esta situación en todo el departamento pero sobre todo en la región del Bajo Cauca.
"A este reclamo el defensor regional responde que nosotros estábamos realizando falsas denuncias y que el motivo de nuestro reclamo era que él no estaba de acuerdo con la veracidad de dichas alertas", señaló la organización en un comunicado.
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Para el Proceso Social de Garantías resulta "bastante preocupante" que el funcionario señale como falsas las denuncias que vienen haciendo, teniendo en cuenta que en lo que va del año, según cifras de esta organización, han sido asesinados 29 líderes sociales solo en Antioquia además de 120 amenazas y más de 230 agresiones.
"Esta respuesta de parte del Defensor Regional del Pueblo en nuestro departamento la asumimos como un ataque a la labor que el Proceso Social de Garantías viene realizando en el departamento, buscando acciones eficaces de parte de la institucionalidad para que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no siga siendo objeto de agresiones", agrega la organización.
La otra situación a la que se refieren en el comunicado es a una serie de decisiones administrativas tomadas por Zapata para trasladar a otros territorios a funcionarios de la defensoría que están cumpliendo con su deber. Resaltan particularmente el caso de la defensora comunitaria Carmen Cristina Anaya en la subregión del Bajo Cauca y Aura Milena Upegui en el norte del departamento. Para la organización, estas decisiones tienen la evidente intención de ocultar la realidad de lo que sucede en esos territorios, pues dichas funcionarias "incomodaban" a las instituciones en esas zonas.
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Ante tal panorama, solicitan al defensor regional que informe cuáles denuncias de esta organización ha recibido, qué tramite se les ha dado y cuáles de esas son falsas. Así mismo, al defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret le solicitan "aclarar si las aseveraciones realizadas por Jhon Jaime Zapata tachando de falsas las denuncias hacen parte de una postura oficial de la Defensoría del pueblo a nivel nacional, de lo contrario exigimos se tomen los correctivos".