‘No hay razón para que Farc salve a Samper, que representaba todo lo que combatíamos’: Carlos A. Lozada

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El pasado 10 de diciembre, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, rindió su primera versión voluntaria el excomandante de las Farc sobre el magnicidio del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado y los otros cinco homicidios que se atribuyó Farc el pasado 3 de octubre. Aquí les contamos en resumen los detalles.

Durante la mañana de este jueves 10 de diciembre, Julián Gallo Cubillos, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, rindió su primera versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y los homicidios del economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado.

Siga acá la audiencia en vivo:

El pasado 3 de octubre, a través de una carta enviada a la JEP, los excomandantes de las antiguas Farc se atribuyeron responsabilidad de estos seis asesinatos. Tres días después del anuncio, en entrevista con El Espectador, Lozada aseguró que él había ejecutado la orden de matar a Gómez Hurtado y contó detalles, hasta ese momento desconocidos, como que la orden llegó de Jorge Briceño, El Mono Jojoy, y que el operativo para asesinarlo fue ejecutado por cuatro excombatientes de la antigua Red Urbana Antonio Nariño.

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Esta confesión llevó a que JEP citara a Lozada por estos casos. Desde entonces, la familia de Gómez Hurtado interpuso una tutela, en la que se oponían a que la justicia transicional escuchara a los exFarc en este caso. El pasado 20 de noviembre la JEP negó el recurso de reposición interpuesto por la familia del exlíder político y fijó nuevas fechas para las versiones voluntarias de Lozada (10 de diciembre) y Rodrigo Londoño o Timochenko (11 de diciembre).

A la diligencia de hoy, que se adelanta en la sede de la JEP en Bogotá, asistieron todos los magistrados que componen la Sala de Reconocimiento, la Procuraduría General de la Nación y las víctimas con sus abogados, además de Lozada y su representante legal. Desde el comienzo, Iván González, presidente de la Sala, indagó en detalles de los hechos revelados por el excombatiente.

Sobre los homicidios del representante Pablo Emilio Guarín, ocurrido el 15 de noviembre de 1987, y del exconsejero presidencial Jesús Antonio Bejarano, asesinado el 15 de septiembre de 1999, aseguró que no tiene mayor información. Sobre Guarín dijo que sería Rodrigo Londoño quien podría aportar más información desconocida sobre el homicidio, y de Bejarano sólo señaló que la orden fue ejecutada por el frente Joselo Lozada y que las Farc tenían información que demostraba que Bejarano tenía órdenes del Alto Gobierno de impedir un Acuerdo de Paz, en ese entonces entre el gobierno de Belisario Betancur y la antigua guerrilla. “En la dirección de las Farc siempre se consideró negativo el papel de Bejarano porque entorpeció la posibilidad de los diálogos de paz en Caracas (Venezuela). Además, se tenía conocimiento de contratos de Jesús Antonio para dar asesoría a las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Álvaro Gómez Hurtado

Del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado mencionó que, para la otrora guerrilla, él fue “una de las personas responsables de haber desatado un conflicto armado de más de 50 años, dejando miles de víctimas en Colombia”. Según la versión entregada por Lozada, en 1961 “hubo una campaña militar contra un asentamiento campesino con el señalamiento de lo que se conoció como las repúblicas independientes que, según ellos, no reconocían la existencia del Estado”. Uno de los que denunció ante el Congreso de la República estas supuestas repúblicas fue, precisamente, Álvaro Gómez Hurtado, lo que, según Lozada, repercutió en que “los campesinos tomaran la decisión de alzarse en armas declarándose perseguidos por la oligarquía y el latifundismo”.

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En su versión reveló que, de hecho, ese fue uno de los detonantes para que las Farc se convirtieran en un grupo insurgente y, desde la fundación de la guerrilla, “tenía conocimiento de la orden de asesinar a Gómez Hurtado”. Sobre el hecho, explicó que fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño, bajo su comandancia, el 2 de noviembre de 1995. Mencionó que hubo cuatro exguerrilleros involucrados en el magnicidio y que tres de ellos fueron asesinados. “Hubo otro que le decíamos Sebastián. Él desertó de la Red Urbana años después y no tenemos conocimiento de su paradero actual”, agregó.

También dijo que para asesinarlo tuvieron que levantarse datos del inicio de vacaciones estudiantiles de la Universidad Sergio Arboleda y del horario de clases del exlíder político. Fue así como “en menos de un mes se tuvo información y se llevó a cabo su ejecución”.

El magistrado Iván González le preguntó por qué pasaron tantos años desde el momento en que el Secretariado de las Farc lo fijó como objetivo militar hasta el momento en que se llevó a cabo su asesinato. Lozada respondió que se debía al desarrollo de la operatividad de la Red Urbana: “Fue en los 90 cuando comenzamos a consolidar esa estructura. Fue un tema de capacidad de las Farc para desarrollar esos homicidios”. Añadió que, en su momento, el objetivo de la guerrilla era llevar la guerra a las ciudades para que “las élites, que se han involucrado con la violencia y se han lucrado de ella, comenzaran a sentir el deseo de terminar el conflicto armado”.

El abogado de la familia Gómez Hurtado, Bernardo Henao Jaramillo hizo varias preguntas a Lozada sobre los detalles del magnicidio; sin embargo, varios de estos cuestionamientos no fueron respondidos porque el día del atentado contra el exlíder conservador Lozada aseguró que estaba en la región del Catatumbo. “Yo viajé 10 días antes del hecho, a participar de una reunión en el Caquetá. Nos dimos cuenta del ‘éxito’ de la operación por las noticias”. Sin embargo, el representante legal cuestionó el relato del compareciente y le dijo que la sorprendía que justo cuando la Fiscalía “ya iba hacer señalamientos o individualizaciones para avanzar en este caso”, llegó la confesión de la antigua guerrilla. “¿Cómo nos garantiza usted que este relato no es otra estrategia para desviar la investigación?”, interpeló.

Lozada aseguró que “no hay ninguna razón de las Farc para salvar a un expresidente que representaba todo lo que combatíamos, porque Ernesto Samper nunca pudo abrir un proceso de conversaciones de paz con nosotros por su debilidad política”. De hecho, comentó que, en la época, José Obdulio Gaviria tuvo conocimiento de que las Farc fueron los autores del magnicidio; sin embargo, “era responsabilidad del Estado esclarecer estos indicios”.

Hernando Pizarro León-Gómez y José Fedor Rey

Sobre el homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez y José Fedor Rey (Javier Delgado), excombatientes de las Farc asesinados en 1995 y 2002 respectivamente, dijo que la orden la dio El Mono Jojoy y también fue ejecutada por la Red Urbana Antonio Nariño, bajo su comandancia.

El argumento fue que ambos lideraron el Frente Ricardo Franco, una disidencia de las Farc que “incurrió en varias violaciones a la reglamentación, como la infiltración masiva de menores de edad a las Farc para labores de inteligencia”. Posteriormente, como ambos excombatientes lo reconocieron, fueron los responsables de la masacre de Tacueyó (Cauca), ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986, en la que murieron 164 guerrilleros. “Esa masacre fue una especie de señal. Ellos habían cometidos varias violaciones al reglamento de las Farc y fueron condenados al fusilamiento”, reveló.

Durante la segunda parte de la diligencia judicial, María Ximena Castilla, abogada de la familia Pizarro León-Gómez, cuestionó fuertemente a Lozada pidiéndole más detalles sobre la decisión de asesinar a Hernando Pizarro. La representante legal lo interpeló preguntándole qué tipo de decisiones tomaba como comandante de la Red Urbana Antonio Nariño y le pidió que aportara pruebas que fundamentan su versión sobre este homicidio. Los hijos de la víctima, Guadalupe y Tanilo Errázuriz Pizarro, también hicieron sus intervenciones y le exigieron a Lozada que explicara por qué asumieron responsabilidad por este caso 25 años después del hecho, luego de que Gustavo Sastoque, exintegrante del CTI pagó 10 años en prisión tras haber sido víctima de un montaje judicial que lo inculpó de este asesinato. El excomandante de Farc reiteró la versión que conoce de estos hechos, a lo que Tanilo Erráruriz aseguró no creer en su versión por las incongruencias que, según él, hay en el discurso del excomandante.

Finalmente aseguró que sería Pablo Catatumbo quien podría aportar más detalles sobre el homicidio de José Fedor Rey.

Fernando Landazábal

Del exmilitar Fernando Landazábal Reyes mencionó que “era claramente un objetivo militar, no sólo por su condición de ser un general de la República, sino también por ser considerado uno de los ideólogos de la guerra contrainsurgente que, para el Estado, no se limita a la lucha contra estructuras armadas sino que desde la dirección de las Fuerzas Armadas incorporó el asesinato de dirigentes sociales, líderes sindicales y líderes de izquierda”. Según Lozada, este operativo lo comandó Javier Paz, quien falleció por cáncer en 2004, y se dio porque “a Javier le entregaron una tarjeta de presentación con la dirección de vivienda y trabajo del exgeneral, al norte de Bogotá, entonces se tomó la decisión de hacer esa operación a cuatro cuadras de su residencia”.

Claudia Landazábal, hermana del general, le preguntó a Lozano quién le entregó a las Farc la tarjeta de presentación de su hermano y que fue la pista para ubicarlo y, posteriormente, asesinarlo; sin embargo, Lozada aseguró que no tenía conocimiento de quién entregó el papel y le respondió que estuvieron ubicándolo por cerca de treses meses para cometer el hecho. Le aseguró a la víctima que el general había hecho “aportes académicos, desde sus libros, para la guerra”.

El togado González también cuestionó cuáles fueron los determinantes para elegir a esas seis personas y no escoger a otros políticos o civiles que desarrollaban labores similares. El exguerrillero respondió que, si bien fueron muchos los funcionarios públicos y los militares que lideraban procesos ideológicos, “fue un tema circunstancial el que hizo que fueran esas personas y no otras, a pesar de que había varios que reunían esas características en el desarrollo de la guerra”. Aunque reconoció que la selección se debió a un tema estratégico por el acceso a la información y ubicación que tenían de estos seis hombres.

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Lozada aseguró que la decisión no era “golpear” a unas personas en específico con estos atentados, sino que buscaban atacar a “representantes de una clase social responsable del conflicto armado”. Sin embargo, admitió que podrían haber sido otras las víctimas.

Después de la explicación de los casos, el magistrado Iván González le pidió a Lozada que contara de otros homicidios sobre los que las Farc tengan responsabilidad y hoy el país desconozca. Lozada contestó que están recogiendo los datos para entregarlos a la JEP: “En su momento reconoceremos otros homicidios de los que tenemos responsabilidad contra liderazgos regionales. Los entregaremos a la Jurisdicción, pero son casos que se están documentando”. Sin embargo, insistió en que su compromiso con la verdad sigue en pie y muestra de ello es que hace pocas semanas se atribuyeron dos atentados contra el político Germán Vargas Lleras.

La magistrada Catalina Díaz también hizo una intervención para preguntar si las Farc tienen responsabilidad por el atentado al político Fernando Londoño, y aunque Lozada aseguró no tener información sobre ello, tampoco negó que las Farc pudieran estar tras este hecho. La magistratura hizo el mismo planteamiento sobre el homicidio al abogado Eduardo Umaña Mendoza, el cual fue rechazado por Lozada quien negó rotundamente que la extinta guerrilla estuviera tras este asesinato.

En otro momento, el togado Óscar Parra se tomó la palabra para preguntar por qué era estratégico asesinar al general Landazábal si al momento de su homicidio llevaba más de 15 años retirado de las Fuerzas Militares. Sobre este punto, el compareciente explicó que “los oficiales retirados han jugado un papel nefasto en la prolongación del conflicto armado” y mencionó a la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), asegurando que esta organización es “determinante” en el diseño y la prolongación de políticas públicas de contrainsurgencia. “Históricamente la mayoría de los altos oficiales retirados se han opuesto a la salida dialógica del conflicto armado”.

Antes de finalizar la audiencia, las víctimas y sus representantes tuvieron un espacio para hacer preguntas directas por sus familiares. El hijo de Fernando Landazábal, que lleva su mismo nombre, le preguntó si los integrantes de las antiguas Farc tenían que informar al secretariado sobre cualquier político o militar que pudiera ser considerado objetivo militar, a lo que Lozada respondió que “nosotros teníamos una idea de quiénes podían ser considerados un objetivo”. El hijo del general le refutó la afirmación de los “aportes académicos para la guerra” y le respondió: “Se nota que usted claramente no ha leído ninguno de los libros de mi padre porque él era un hombre de paz, pero con las armas del Estado”.

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Pese a que planteó varias preguntas, afirmó que no seguiría con los cuestionamientos porque Carlos Antonio Lozada no hizo parte del secretariado de la época, “entonces, lo que dice, en su mayoría, son suposiciones”. Finalmente, aseguró que no confía en la versión entregada por el excomandante guerrillero sobre el homicidio del general Landazábal y dijo estar seguro que “las Farc sí tenían una lista de objetivos militares”.

Esta fue la primera versión de las Farc luego de que se atribuyeran estos seis homicidios. El próximo en comparecer será Rodrigo Londoño (Timochenko), quien es el único integrante del Secretariado de la época -en la que se cometieron los hechos- que sigue vivo. Los otros dos excomandantes llamados a rendir versión por este caso serán Pastor Lisandro Alape y Pablo Catatumbo. Las fechas de estas diligencias no se han definido todavía.

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