Un año hablando de secuestro en la JEP: expectativas de seis víctimas de las Farc

Tan solo un año y medio desde el comienzo del caso 001, enfocado en el secuestro por parte de las Farc, las víctimas acreditadas ven en el tribunal una última oportunidad de verdad y reparación frente a las retenciones ilegales del extinto grupo guerrillero.

Son 1.276 las víctimas acreditadas ante la JEP por el caso 01, qye trata sobre el secuestro / Mauricio Alvarado-El Espectador

El secuestro y las retenciones ilegales fueron uno de los crímenes que más marcaron el actuar de las Farc durante su existencia. En los años de mayor poderío de la extinta guerrilla (1998-2003), se alcanzaron a reportar un promedio de 2.926 secuestros por año en el país. Entre secuestros extorsivos y retenciones con fines de negociación humanitaria, las Farc fueron el principal exponente de esta práctica que tuvo a muchos colombianos alejados de sus familias por años o que incluso los llevó a la muerte en cautiverio debido a las inclementes condiciones de la selva. Tal fue la gravedad de estas prácticas que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abordó estos crímenes como su primer caso conjunto a juzgar.

El caso 001 de la JEP, abierto en julio de 2018, busca aclarar los crímenes cometidos por las Farc bajo su “política de secuestro y las condiciones de cautiverio de civiles, policías y militares”. Tras un año y medio de haber comenzado a investigar, el tribunal especial dio hace unos días un parte del avance en este macrocaso. En ese tiempo, de acuerdo con la JEP, ha recibido siete informes de diferentes entidades en los que queda consignado el sufrimiento de miles de colombianos por este delito. Asimismo, el tribunal especial reveló que hasta el momento se han acreditado 1.276 víctimas de secuestro.

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El Espectador habló con varias de las personas que han sido avaladas como víctimas de las Farc por el caso de secuestro. Estos son algunos de sus testimonios y expectativas frente a la acción del tribunal transicional.

Esperanza Rojas Castellanos

Como parte de Acomides (Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes), organización conocida por ser la voz de los desaparecidos de la Fuerza Pública, Esperanza Rojas trabaja para que familias de uniformados encuentren a sus allegados secuestrados. Ella también hace parte de ese grupo que busca a sus seres queridos. El 2 de noviembre de 1992, su esposo, el sargento del Ejército José Vicente Rojas fue retenido por hombres de las Farc en un retén ilegal por la vía que conecta al Batallón Voltígeros, en Carepa, Antioquia. Desde entonces no sabe nada de él. “Las Farc no nos han dicho nada. Sabemos que ha habido indagatorias, pero nada”, dijo.

El 12 de noviembre de 2018, su caso fue radicado en la JEP, uno de los primeros en el proceso 001. Ante los nulos avances de la justicia ordinaria, como ella dice, Rojas Castellanos encontró en la justicia especial una oportunidad de que se haga justicia. “Esperamos que la JEP haga cumplir, que en mi caso, y el de todos, realmente haya justicia, una reparación digna, y que no vulneren nuestros derechos”, señala la mujer frente a sus aspiraciones en el tribunal transicional. Asimismo asegura que tanto la justicia transicional como los exguerrilleros han tenido disposición de revelar la verdad, pero falta que el Estado disponga de los funcionarios tanto para trabajar en el tribunal como para la búsqueda de sus seres queridos.

Lilia de Hernández

Desde hace 22 años, Lilia de Hernández busca a su hijo, el capitán Carlos Alberto Hernández, médico de la Policía que fue secuestrado en la vía entre Villavicencio y Guamal. El oficial, que trabajaba en la base de Guaymaral, se desplazó hasta la capital del Meta en busca del carro de su esposa, que había sido robado. Allí se perdió su rastro el 22 de noviembre de 1997; solo fue encontrado el automotor en el que se movilizaba. No se supo siquiera quién se lo llevó. Solo con la ayuda de Jaime Garzón, cuenta la mujer, se pudo llegar a tener una mediana certeza de que el capitán había sido secuestrado por hombres del frente 53 de las Farc, al mando de Miller Perdomo.

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Como en otros casos de secuestro, el periodista Jaime Garzón apoyó los enlaces entre la familia de Carlos Alberto Hernández y las Farc, pero el asesinato del comunicador, el 13 de agosto de 1999, rompió su único canal para tener noticias del secuestrado. Después de esto cayeron en las extorsiones de desconocidos que se aprovecharon de su afán por volverse a reunir con el capitán. Han pasado varios años sin tener información alguna sobre el oficial, por eso solo le piden a la JEP que los máximos jefes guerrilleros hablen: “Que esos benditos guerrilleros nos digan algo, así sea que lo mataron y lo enterraron en tal lado. Igual, nuestra esperanza es que, como él es médico, nos digan que lo tienen trabajando en alguna parte”.

Clara Rojas

La historia de Clara Rojas es casi de dominio público en el país. Siendo la fórmula vicepresidencial de Íngrid Betancourt, Rojas fue secuestrada por el grupo subversivo junto con la candidata presidencial cuando se dirigían a la zona de distensión, el 23 de febrero de 2002. Estuvo cerca de seis años en cautiverio, hasta que fue liberada el 10 de enero de 2008. Durante su secuestro, la abogada quedó embarazada y dio luz a un pequeño llamado Emanuel. Rojas es una víctima directa que, ante las pocas acciones a su favor realizadas por la justicia ordinaria, se acreditó, junto con su hijo, ante el llamado de la JEP por el caso 001.

Rojas ha sido una de las víctimas acreditadas que han dado su testimonio ante la JEP. Esta diligencia ocurrió en noviembre de 2018. Frente a la acción del tribunal transicional de aquí al final de su mandato, Clara Rojas dijo que espera que allí no se repita la misma demora que en la justicia ordinaria: “Tengo la expectativa de que no nos toque esperar 15 años más. Han pasado 18 años sin que haya habido justicia, verdad, reparación y/o resarcimiento alguno. De manera que eso es lo que espero de la JEP y por eso acepté hacerme parte en el proceso”.

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Blanca Aidé Flórez

Esta mujer no se hace ilusiones con la acción de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Las cosas van mal porque quedaron de darnos razón de nuestros hijos queridos y no lo han hecho. No nos han entregado a nadie. La paz no existe en el corazón de nosotros, las víctimas”, dice Blanca Aidé Flórez en respuesta a la pregunta por sus expectativas respecto a las acciones del tribunal de justicia transicional. Luego agrega: “Yo sigo esperando, pero veo la cosa difícil. Los guerrilleros están en el Gobierno y solo reconocerán los que se les da la gana”. A pesar de sus reparos, otra parte de su corazón espera que los exguerrilleros den información que acabe con la incógnita de 20 años sobre el paradero de su hijo.

Flórez cuenta que su hijo fue secuestrado el 18 de noviembre de 1997 por hombres de las Farc que lo habrían raptado en Bogotá, a la altura de la 17 Sur con Caracas, para luego llevarlo al barrio Las Cruces y un apartamento en La Castellana. Al final, los subversivos, que alcanzaron a estar en prisión por este crimen, habrían sacado al joven hacia Caquetá. En medio de la confusión por el paradero de su hijo, Blanca Flórez asegura que le exigieron dinero para su liberación, “pero no pude responder porque era una mujer pobre”. En medio de su desespero alcanzó a ir hasta la casa de donde supuestamente salían las comunicaciones de quienes la extorsionaban. Allí habría encontrado hombres de la guerrilla.

Sebastián Arismendy

El 11 de abril de 2002, hombres de la extinta guerrilla de las Farc entraron al casco urbano de Cali y secuestraron a 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Sigifredo López, Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Édinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry y Héctor Arismendy fueron llevados en cautiverio por un comando guerrillero. El 28 de junio de 2007, las Farc anunciaron que 11 de los diputados fueron asesinados en medio de un enfrentamiento con un grupo armado desconocido. Sigifredo López no estaba con los otros secuestrados.

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Las familias de los 11 parlamentarios han luchado porque se haga justicia, entre ellos Sebastián Arismendy, hijo de Héctor Fabio Arismendy. Aunque la extinta guerrilla ha dicho en reiteradas ocasiones que todo hizo parte de un plan para afectar el Estado con el secuestro de políticos, Sebastián Arismendy asegura que todavía falta que sea revelada toda la verdad. Por eso, él y los otros familiares aceptaron la invitación de la JEP para que el caso de los 12 diputados fuera incluido como un proceso emblemático. “Los familiares queremos la verdad. Tenemos dudas porque no queda muy claro cómo hicieron un daño tan fácil en Cali, porque ellos entraron y salieron muy fácil”, señala Arismendy.

Asimismo, Arismendy y los otros familiares de los diputados asesinados le piden a la JEP que, como castigo por las acciones en contra de sus familiares, las Farc “sean condenadas a construir un colegio en la zona de Florida y Pradera, en el que cada salón lleve el nombre de los diputados y en el que parte de la cátedra sea la historia del Valle del Cauca y se mencione a nuestros familiares y su historia en el conflicto armado”. Una pena que estaría contemplada entre las condenas alternativas de la justicia transicional.

Héctor Angulo

Héctor Angulo sabe que sus padres, Gerardo y Carmenza Angulo, jamás regresarán de su secuestro. Una guerrillera y Guillermo “la Chiva” Cortés le confirmaron que las Farc los asesinaron durante su cautiverio. Los dos ancianos fueron secuestrados el 19 de abril del 2000 por delincuentes comunes en su casa en La Calera. Luego, la pareja fue vendida a hombres de la guerrilla que los alcanzaron a tener en un campamento junto con la “Chiva”. No se saben las razones, pero a los ancianos les quitaron la vida en julio del 2000. Contrario a muchos casos que llegaron a la JEP, por este crimen hay una condena en firme, en contra de alias “Romaña” y otros hombres del bloque Oriental, que estaba bajo su mando.

A pesar de que es uno de los casos más claros, Angulo decidió entrar a la JEP, aunque no por verdad o por un castigo en contra de los verdugos de sus padres. “Lo único que quiero es que me entreguen los restos de mi papá y mi mamá, porque de justicia poco se puede hacer”, declara Angulo, que luego agrega: “No esperamos nada, porque ‘Romaña’ ya no está en la JEP. Nosotros solo queremos que se nos entregue a mi papá y mi mamá para darles cristiana sepultura y hacer nuestro duelo”. No obstante, dice de forma optimista, al final de la justicia especial espera que en el resto de los procesos “esta gente (los exlíderes guerrilleros) tenga el valor de decir la verdad”.

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Juan Sebastián Lombo / @JuanLombo/ [email protected]

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