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Como una "prolongación del pacto de silencio", así calificaron algunas víctimas del asalto y retoma al Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar el sometimiento y otorgarle la libertad condicionada al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, el único militar condenado en la justicia ordinaria como coautor del delito de desaparición forzada en los hechos que rodearon la toma y retoma de esta sede de justicia.
Bajo el mando de Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional, se desarrolló la operación militar que buscaba retomar el control del Palacio de Justicia, luego de que un comando de la entonces guerrilla M-19 entrara y tomara como rehénes a funcionarios y empleados. La toma y retoma terminó con un saldo de cientos de muertos y al menos 12 personas desaparecidas forzadamente por parte de miembros de la Fuerza Pública, como señaló la condena contra el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Germán Romero, abogado de la familia de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, dice que al general se le condenó en derecho en la Corte Suprema de Justicia, pues fue vencido en juicio a pesar de que no aportó a la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos y actual paradero de quienes faltan, “además de los otros crímenes que se cometieron, como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas. Si él de verdad quisiera hacer un aporte a la paz y el derecho de las víctimas, desde hace mucho tiempo hubiera aportado y eso hubiese sido tenido en cuenta en su sometimiento en la JEP. Que no lo haya hecho y haga su solicitud y se le acepte tiene que ver con que está tomando esto (la JEP) como un escenario de defraudamiento a tantos años de luchas de los familiares y que la justicia ordinaria medianamente avanzó en el caso. La JEP prolonga los efectos del pacto de silencio”.
René Guarín, hermano de Cristina Guarín, también desaparecida durante la retoma, piensa que el general compareció ante la JEP porque “necesita quitarse ese problema judicial de encima y morir como un general no condenado. Pero no porque él vaya a hacer un gran aporte de verdad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia”.
Por su parte, Juan Francisco Lanao, hijo de la abogada Gloria Anzola, quien recuperó el cuerpo de su madre apenas el pasado 19 de septiembre de 2019, rechazó la decisión y dijo que lo más importante es que se reconozcan los delitos que se cometieron. “Estoy convencido de que se cometieron los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial contra civiles y que estas personas al igual que el expresidente Belisario Betanctur se fueron sin contar la verdad. Yo creo que se está concediendo la libertad ignorando esto y las condiciones que merecemos las víctimas para que de verdad se hagan efectivos nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación”.
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Las precisiones sobre los delitos que hace Lanao son importantes, pues uno de los temores de las víctimas es que el general Arias, al igual que el general Iván Ramírez Quintero (ya sometido a la JEP), defiendan la tesis de que no hubo desaparecidos. “Cuando el año pasado se presentó el general Iván Ramírez Quintero en la JEP y fue aceptado, yo recibí una comunicación de la JEP para acreditarme como víctima, pero no lo quisimos hacer porque consideramos que tanto como Ramírez y Arias Cabrales van a llevar la tesis pública que exhibió la Fiscalía General de la Nación, de que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, sino que hubo un error en la entrega de los restos, de los cadáveres. Y esa tesis no la compartimos, nosotros lo que haga o deje de hacer la JEP con los militares nos tiene sin cuidado, y por eso no nos hemos acreditado como víctimas ni esperamos conocer mayor verdad de la Justicia Especial para la Paz”, dice René Guarín.
En esta misma línea respondió Pilar Navarrete, quien tuvo desaparecido a su esposo Héctor Beltrán durante 30 años. “Todo esto es un retroceso. Primero sale Uscátegui, luego Plazas Acevedo, luego Rito Alejo del Río y ahora Arias Cabrales, ¿qué está buscando la JEP, que los victimarios sean los que salgan premiados con todo lo que las víctimas hemos aportado? Así no sea para pagar cárcel sino para que cuenten la verdad sobre lo sucedido”. Sin embargo, no tiene muchas esperanzas: “Bernardo Garzón (sargento retirado) también está en la JEP por el caso del Palacio de Justicia y no han hecho sino tomarnos del pelo y decir mentiras. Queremos que digan una verdad creíble y no decir que nunca pasó nada”.
Por otro lado, el abogado Romero dijo que esta decisión de la JEP va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Colombia por la retoma del palacio y los hechos de desaparición forzada. “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente que estos casos sean sometidos a cualquier tipo de justicia especial, y la JEP, como un escenario de justicia transicional, es un escenario de justicia especial por lo cual no debería aceptar el sometimiento”.
El dilema de la acreditación como víctimas del general
Ahora las víctimas se preguntan si deben o no acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz para participar en el proceso judicial de Arias Cabrales. René Guarín dice que definitivamente no lo hará. “René Guarín Cortés no se acredita ante la JEP y se lo dejé claro a la magistrada Heidi Baldosea a través de un escrito porque la JEP no es un escenario donde los militares estén yendo a contar la verdad. No solo por el caso de Mario Montoya, muchos militares van para solucionar un problema judicial pero no a dar un aporte de verdad al país, a las víctimas y el caso del Palacio no va a ser una excepción”, dice.
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Pero Myriam Suspes Celis, hermana de David Suspes Celis (chef de la cafetería del palacio que sigue desaparecido), dice que para ella no es una decisión tomada. “Primero hay que ver qué es lo que nos va a decir este señor y después sí tomar decisiones porque uno siente tanta rabia y dolor. Además, después de haber vivido este proceso de vida tan largo y tortuoso al lado de mi madre, no considero que diga cualquier cosa y aceptarlo así no más. Nosotros hemos sabido de qué manera fueron sacadas las personas y torturadas, yo quisiera que ese hombre no se muera sin decirnos la verdad”.
Pilar Navarrete, por su parte, dice que sí lo hará. “Sí, siempre nos hemos negado a ese juego porque creemos que se pueden salir por ahí, pero no importa, se pueden salir por ese lado, pero por lo menos podemos contar nuestra verdad. Claro que sí”.
El camino de Arias Cabrales en la JEP
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que este viernes comunicó la decisión de aceptar el sometimiento y otorgarle la libertad transitoria y condicionada al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales dejó en claro que este es un beneficio de carácter provisional. Esto quiere decir que en caso de que incumpla con sus compromisos, será revocada. Uno de esos compromisos es "presentar un compromiso claro, concreto y programado de contribuciones para satisfacer los derechos a la verdad, reparación inmaterial y no repetición que desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", agregó la JEP.
Dentro de su aporte de verdad deberá indicar cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición, suministrar información concreta y específica que lleve a establecer la localización y/o el paradero de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado y de las demás personas desaparecidas de manera forzada.