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En María La Baja, el municipio de Bolívar que recibió a las más de 300 familias desplazadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del corregimiento de Mampuján en 2000, las víctimas de esta violencia escucharon a Salvatore Mancuso, excomandante de este grupo paramilitar. A través de una llamada telefónica, les pidió perdón y les dijo que los crímenes cometidos bajo su mando contra la población montemariana eran crímenes de Estado.
La conversación fue grabada y presentada en el octavo Encuentro por la Verdad, que organizó la Comisión de la Verdad, esta vez para reconocer la afectación y resistencia de los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales. Fue un momento significativo y revelador, pues Mancuso aseguró que debido a la presencia y acciones de los frentes 35 y 37 de las Farc, así como las guerrillas del ERP y del ELN, “parte del Estado” llegó a las autodefensas a pedirles que conformaran un grupo para la zona, idea que apoyaron empresarios y ganaderos de la zona “para poderse defenderse de estos ataques permanentes de la guerrilla”.
Sin embargo, el accionar no se limitó a eso: “El problema también venía de la estigmatización que hacía el Estado con las listas que nos entregaba para señalar a objetivos y miembros de las comunidades negras, afrodescendientes, mestizas como miembros de la subversión, como miembros de la guerrilla. Y además de la estigmatización, también se señalaban con hechos racistas como que eran comunidades de flojos que no hacían absolutamente nada sino albergar a la guerrilla en la zona”.
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El exjefe paramilitar también afirmó también que “las desapariciones fueron uno de los hechos de guerra (..) que en su mayoría se extendió y se realizó por pedido del Estado colombiano, de las Fuerzas Militares y de Policía, porque le aumentaba los índices de estadística de homicidio. Y para que no contaran homicidios y muertos, pedían que se desaparecieran a víctimas”.
Finalmente, se comprometió a colaborar a las víctimas con la verdad de lo que sabe y dar los nombres y apellidos de otras personas también responsables de la violencia, siempre y cuando tenga garantías para hacerlo.
Pero Mancuso no fue el único responsable que asumió su responsabilidad en el conflicto. También Mario Zuluaga, empresario bananero condenado por la masacre de Punta Coquitos (Turbo), cometida el 11 de abril de 1988 contra 27 trabajadores afro de Sintagro, reconoció que participó en la financiación y conformación del grupo paramilitar que perpetró este hecho, y les pidió perdón a las víctimas, entre ellas una mujer que perdió a su hermano en este crimen.
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“A mí me mataron a mi hermano injustamente, porque tenía 15 días de estar viviendo en esta vereda. A mi hermano lo llevaron en una embarcación y no lo volvimos a ver más. Cuando lo sacaron ya del mar, ya estaban vueltos nada. Estaban todos podridos, comidos de los pescados. Me acuerdo del día, era un lunes 11 de abril del 88. El día antes había sobrevolado un helicóptero, pero qué iba a saber uno que iba a pasar”, contó la mujer, a quien le resguardaron su identidad.
Zuluaga dijo que, desde 1978, los bananeros de la región empezaron a verse afectados por la presencia de las guerrillas, “y entonces ya tomamos la decisión de entrar a estos grupos paramilitares para que la guerrilla no se fuera a apoderar de la zona. Entonces de una forma contribuimos a financiar esos grupos paramilitares y fue cuando ocurrió la masacre de Punta Coquitos, de Honduras y La Negra”.
Y agregó que estaba arrepentido: “Porque hubo una participación directa en esas masacres, ¿cierto? (…) Pido perdón a todas las víctimas porque murió mucha gente inocente. Nosotros en ningún momento pensamos que esos grupos iban a operar como operaban”. Finalmente señaló que estaba dispuesto a “resarcir a las víctimas”.
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Wilson Antonio Chaverra, exalcalde de Vigía del Fuerte (Antioquia), también reconoció que acudió a los grupos paramilitares y pidió perdón a las víctimas. Rodrigo Londoño y Pastor Alape, excomandantes de la guerrilla de las Farc y firmantes del Acuerdo de Paz, se refirieron a “los errores en el proceso de lucha”. Para el caso de la violencia contra los pueblos negros, Alape dijo que el error de las Farc fue haber ejercido “un liderazgo desde una visión occidental que desde las propias realidades de estas poblaciones. Es decir que faltó un acompañamiento de sus propias resistencias (…)” y por eso cometieron “algunos errores contundentes como los de Bojayá, en las que terminamos haciendo de su territorio un campo de batalla”.
Por su parte, Londoño expresó que, como sucedió con otros grupos, distribuyeron el territorio para ocuparlo, “sin interesarnos quién era la gente que habitaba ahí (…) y eso, claro, hizo entrar en choque. Y tengo entendido que hubo choques de varias unidades nuestras con comunidades negras, que de seguro que ahí tuvo que haber habido víctimas”. Aceptó, además, que debido a esa discriminación racial “se deben haber cometido hasta crímenes, que esta es la oportunidad de esclarecerlos y reconocer la responsabilidad del caso”.
En el encuentro se evidenció que la violencia contra los pueblos negros de Colombia fue generalizada y tuvo asidero en el pensamiento racista y colonial de la sociedad no afro. Testimonios como el de una mujer negra de María La Baja, que fue violentada sexualmente y marcada con una varilla caliente, como si fuera ganado o esclava, dejan ver la desproporción de estos hechos. “Yo creo que ellos me hicieron eso porque era negra, me marcó como si fuera una esclava”, aseguró.
Otros hechos que también fueron desarrollados en el evento fueron los desplazamientos forzados, como los ocurridos en 1997 en las poblaciones asentadas en las márgenes del río Cacarica, en Riosucio (Chocó), tras las operaciones coordinadas Génesis, del Ejército, y Cacarica, de las AUC. O las violencias que vivieron los palenqueros y los raizales, aún más invisibilizadas.
Leyner Palacios, comisionado de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, ocurrida en 2002 y en la que perdió a 28 familiares, recibió el bastón de mando por parte de la guardia cimarrona de San Basilio de Palenque al inicio del evento. Con este acto de comprometió, así como toda la institución que representaba, a esclarecer qué había ocurrido en el conflicto contra las poblaciones afrocolombianas, palenqueras y raizales. De esta manera continúa también el legado de María Ángela Salazar, comisionada de la Verdad a quien reemplazó después de que falleció por COVID-19. Salazar había dicho: “Lo más difícil es la comprensión de que los pueblos negros hacemos parte del relato nacional”. La tarea de Comisión es mostrar cómo ha sucedido ese borramiento.