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Hace siete años, el 20 de julio de 2013, en la vía que conduce a Tame en Arauca y en plena celebración de los 203 años de independencia de Colombia, una incursión de 80 hombres armados asesinó a 17 militares del Batallón Especial Energético y Vial de esta zona del país, dejó también cinco heridos y otros 14 militares desaparecidos.
La lista es extensa. Otros 50 casos como este fueron recopilados en el más reciente documento que entregó este lunes el Comando General de las Fuerzas Militares a la Comisión de la Verdad. El informe fue bautizado como Alétheia, que significa “lo que se revela, lo verdadero, lo que no se puede ocultar”.
Allí, un grupo de investigadores recogió y categorizó las prácticas violatorias a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario perpetradas por grupos armados organizados que afectaron a la Fuerza Pública y a la población civil entre 1961 al 2016.
Para su elaboración, indicó la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Militares contrastaron fuentes testimoniales con relatos bibliográficos, en una investigación que inició en 2018 y que estuvo motivada por seguir los rastros o marcas del conflicto armado en las víctimas militares y civiles.
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Sobre el tema, el general Javier Alberto Ayala Amaya, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, enfatizó en que el informe contiene graves crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por grupos como el ELN, el EPL, “y todos los actores armados ilegales que han generado violencia a lo largo de estas cinco décadas”.
El informe definió trece patrones de violencia como las más comunes en el enfrentamiento entre el Ejército y los grupos armados. Entre estos figuran el secuestro, la masacre, los ataques con explosivos y armas no convencionales, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles y la desaparición.
Según Alétheia, entre 1958 y 2018 se cometieron 315.030 eventos de violaciones a los Derechos Humanos. Los datos del Ministerio de Defensa recogidos allí revelan el patrón que entre 1982 y 2013, de un total de 10.521 víctimas de minas antipersonal, el 61% corresponde a miembros de la Fuerza Pública.
Durante la presentación del informe, Ana Caterina Heyck Puyana, magistrada del Tribunal para la Paz, indicó que este documento no es el primero que entregan las Fuerzas Militares y que su información tiene, además, un valor conceptual e histórico: “Destaco el símbolo y todo el mensaje que representa mostrarle al país el compromiso de las Fuerzas Militares en el aporte a verdad y comprensión del conflicto armado”.
El mismo documento precisa que en el periodo de estudio se registraron 31.156 homicidios y 5.479 desapariciones forzadas de miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, las bases de datos y registros de soldados desaparecidos indican que las regiones en donde se reporta el mayor número de soldados desaparecidos se encuentran en el departamento Antioquia (24%).
Además, el informe compila un total de 1.297secuestros, 361 casos de tortura y 80 delitos contra la libertad y la integridad sexual. Según información que reposa en el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, hasta 2017 se habían presentado 3.792 casos de militares afectados por minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado. De estos, la gran mayoría de casos ocurrieron entre 2002 y 2014 (93.8%). Los departamentos que presentaron mayor número de casos son Antioquia (18.5%), Arauca (13.5%) y Meta (10.5%).
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“El informe Aletheia, al igual que otros documentos que ya hemos recibido por parte de las Fuerzas Armadas, será fundamental. Tenemos que confrontar las verdades de todos aquellos que han tenido que enfrentar el conflicto”, manifestó Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Por otro lado, el estudio también hace hincapié en los daños causados a los bienes civiles durante el conflicto, como una constante por parte de los grupos ilegales en el desarrollo del conflicto armado. Entre 1998 al 2012 se dieron 5138 casos de daños a bienes civiles con 715 víctimas, 218 personas fallecidas y 467 personas lesionadas.
Afectación a la salud mental, otra de las aristas
Alétheia también reseña que, si bien no existen datos consolidados de afectación psicológica a militares por causa del conflicto armado, las Fuerzas Militares adelantaron una investigación para entender este tipo de secuelas junto a un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario y la Universidad de Antioquia entre 2016 y 2019.
La primera fase contó con una muestra de 607 militares provenientes de todas las divisiones del Ejército Nacional, así como personal de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Los resultados entregados revelaron que que más de la mitad de los soldados que combatieron en el conflicto armado, entre 1996 y 2016, presentaron niveles importantes de agresión reactiva y uno de cada seis, además, muestra altos niveles de hipervigilancia que puede manifestarse en dificultades para conciliar el sueño.
El documento también menciona que entre 2016 y 2017, las Fuerzas Militares implementaron un programa de retiro asistido para 6.000 soldados veteranos. Como parte de este programa, los investigadores visitaron dieciséis municipios para invitar a los participantes a responder preguntas sobre los posibles impactos de su experiencia de guerra.
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Esta fase recogió las respuestas de 607 soldados profesionales de base, con un promedio de 21 años de servicio militar. El 57% de las personas de esta muestra manifestó explícitamente considerarse víctima del conflicto armado.
“Este informe precisamente recuerda que los integrantes de la Fuerza Pública también han sufrido, es bien relevante que sea tenido en cuenta por la sociedad en general y ese es un compromiso bien significativo de la democracia colombiana que las instituciones, en sus distintas competencias, deben reconocer”, concluyó al respecto Oscar Ortiz, secretario de gabinete del ministerio de Defensa Nacional.