James Barrero nunca ha tenido miedo de llamarse como su padre y mucho menos de seguir sus pasos. A sus 32 años, es el actual ejecutivo nacional de la Unión Patriótica (UP), un rol que asumió, entre otras cosas, para que la memoria del genocidio contra la UP no quede en el olvido y mucho menos en la impunidad. Su padre, James Ricardo Barrero, concejal por el partido UP en Villavicencio (Meta), fue asesinado el 30 de septiembre de 1999 a manos de paramilitares y luego de que, según la familia, el Departamento Administrativo de Seguridad le asignara un escolta sospechoso. Por este caso, Tribunal Administrativo del Meta condenó administrativamente al DAS y al Ministerio de Defensa.
Su caso es uno de los que aparecen en el informe “Villavicencio, ciudad víctima, resistente y reparadora”, un informe elaborado por la alcaldía de Villavicencio y entregado a la Comisión de la Verdad el pasado 31 de marzo con el que buscan que la violencia política, los desplazamientos forzados, el despojo de tierras y todas las victimizaciones de la guerra que se vivieron en el departamento del Meta, sean tenidas en cuenta en el informe final que entregará la Comisión.
El documento, de 80 páginas, fue iniciativa del alcalde Juan Felipe Harman quien en entrevista con este diario contó que uno de sus objetivos era “reconocer que el conflicto armado fue un factor detonante de las precariedades urbanas que hoy nos configuran como una ciudad intermedia, y que buscamos dar a conocer que Villavicencio no sólo ha sido ciudad receptora de víctimas, sino que es una ciudad víctima”.
El primero de los ocho capítulos del informe, llamado: Violencia política: estigmatización y genocidio, hace referencia a la importancia de no olvidar a las víctimas del genocidio contra la UP, movimiento social de izquierda que, entre otras cosas, tuvo su origen precisamente en este departamento, en el municipio de La Uribe en 1984, cuando se gestaban los primeros diálogos de paz entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc. Sin embargo, sus militantes no fueron únicamente exguerrilleros, también fueron integrantes del Partido Comunista, de los sectores liberales, conservadores y otros miembros de la sociedad civil.
En la década de los 80 y 90, se tiene registro de por lo menos 1.166 casos de homicidios, torturas, desapariciones forzadas y falsas judicializaciones contra miembros de la UP en el Meta, de acuerdo con las cifras del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La mayoría de los casos ocurrieron en Villavicencio, por ser capital y por albergar la mayoría de los escenarios políticos del departamento. Como es el caso de James Ricardo Barrero, quien dedicó su vida política a la defensa del derecho a la vivienda a través de la fundación de barrios y comunidades en el Comité de Destechados del Meta y como líder de Provivienda en el barrio Porvenir de Soacha.
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Según Ramiro Orjuela, abogado defensor de DD. HH. y miembro de la Coordinación de Víctimas del Genocidio de la UP en el Meta, explicó que algunos de los patrones de este genocidio fue que la mayoría de asesinatos se dieron en sus lugares de trabajo o en sus casas. “Ese genocidio retrasó, por lo menos, en 30 años el progreso del departamento del Meta porque, por ejemplo, todos los barrios que creó la UP para las comunidades más vulnerables pues siguen ahí, pero quedaron frenados todos los proyectos públicos y sociales con la gente”, dijo.
Para Vilma Gutiérrez, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo Meta, otro de los patrones de violencia era que “les quitaban los mercados que ellos iban a llevar a los barrios vulnerables que atendían porque decían que esos mercados eran para la guerrilla”.
Uno de los primeros homicidios de este genocidio ocurrió el 1 de septiembre de 1986. La víctima fue Pedro Nel Jiménez, senador por el departamento del Meta y a quien asesinaron en la puerta del colegio de su hija, precisamente en Villavicencio. Desde entonces, concejales, diputados, líderes sociales y activistas comenzaron a ser víctimas de amenazas, intimidaciones y atentados contra su vida, como es el caso de Carlos Kovacs, quien ejercía como presidente de la Asamblea del Meta y coordinador de la UP y fue asesinado en medio de la masacre de Villavicencio en la que murieron, junto a él, cinco personas.
“Estamos hablando de que exterminaron un partido político que tuvo muchos cargos de alta representación en el Meta, en todas las esferas políticas. Al mismo tiempo, el paramilitarismo y puntualmente la guerra entre Los Urabeños y el bloque Llanos intervino la vida política, social, administrativa y espacial de Villavicencio, y eso es lo que recogemos en ese informe”, mencionó el alcalde Harman.
A pesar de eso, los sobrevivientes al genocidio y las familias de las víctimas en el Meta, durante todos estos años, han intentado dar continuidad a esos procesos sociales y, sobre todo, reivindicar el nombre de sus familiares. Como Barrero, que dice que una de las luchas que más han dado es contra la estigmatización de que todos los militantes de la UP eran guerrilleros. “A nosotros eso nos costó también ser amenazados en su tiempo, pedir justicia por un caso que muchas personas tenían estigmatizado”, dice sobre el caso de su padre. De hecho, eso fue lo que hizo que James tuviera que salir de Villavicencio para Bogotá a estudiar y pasar sus años de adolescencia en la capital, mientras los años más fuertes de intimidaciones pasaban.
Uno de los legados que le dejó su padre, según James, es la lucha por la justicia social, el acceso a servicios públicos y garantizar el derecho a la vivienda de personas vulnerables, como lo hizo con los barrios “Las Américas”, “20 de Julio” y “Ay Mi Llanura”, de la comuna 5 de Villavicencio. En este último, de hecho, vivió por varios años con su familia y fue allí donde lo asesinaron.
A pesar de que sobre el caso de James Barrero hay una sentencia ratificada por el Consejo de Estado en segunda instancia, Ramiro Orjuela insiste en que el 99 % de los casos siguen en la impunidad en el departamento y ellos, como sobrevivientes, quieren volver a darle peso al nombre de la Unión Patriótica, a pesar de lo que eso todavía conlleva. “Hace poco queríamos poner por ejemplo una valla sobre nuestro ejercicio político como UP, pero la persona dueña de la valla nos dijo que sin el logo, porque podían poner una bomba ahí. Todavía existe un miedo generalizado en la gente de Villavicencio para reunirse con nosotros o saber de nuestra existencia bajo ese mismo nombre”.
Un homenaje a su memoria
Y para luchar contra esa estigmatización, el pasado 24 de marzo, la organización de víctimas del genocidio de la UP en el Meta inauguraron en el parque Flores de la Memoria, el monumento Luceros de Paz, una estructura circular que tiene grabadas 135 nombres de víctimas del genocidio que murieron en este municipio. Su creador, James Barrero, dice que es un espacio con el que buscan rescatar las historias de estas personas para que no sean olvidadas y como un símbolo de paz.
El parque en el que fue ubicado el monumento es un lugar asignado a las víctimas de crímenes de Estado en Villavicencio. Vilma Gutiérrez, secretaria técnica del Movice Capítulo Meta explicó que “legitimar este tipo de lugares tiene como fin que se haga memoria sobre lo ocurrido y que todavía está en impunidad”.
Esto, teniendo en cuenta que el subregistro de víctimas de la UP todavía sigue siendo muy alto, según la integrante del Movice: “Con esto buscamos visibilizar a las víctimas y rendirles homenaje en un espacio público para decirles que nos importan todas y que ojalá podamos disminuir el subregistro, porque hay muchas personas que todavía no se atreven a decir que son víctimas por el miedo que significa decir las letras UP hoy por hoy”.