¿Cómo va el enfoque de género tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz?

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Mañana, 18 de noviembre, se llevará a cabo el conversatorio “En Colombia la paz avanza con las mujeres”, un espacio para discutir los retos en la implementación del enfoque de género en el posconflicto. Este análisis se hace bajo la lupa de la Resolución 1325.

Los 20 años de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, mecanismo que busca darle un rol protagónico a la mujer en la construcción de paz en todo el mundo, casi que coincide con el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.

A siete días de este aniversario, y a la luz de esta resolución, apremia hacer un balance de los ritmos y el estado de ejecución de las 130 medidas consignadas en el Acuerdo de Paz para aplicar el enfoque de género en la construcción de paz en Colombia.

Como en cualquier país que atravesó por años de guerra, habrá fallas, avances y lecciones que permiten entender el alcance de la equidad de género en la reconciliación y reparación en los territorios.

La 1325 en Colombia

Empecemos explicando en qué consiste esta resolución. A grandes rasgos, la 1325 fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2.000 con la premisa de resaltar que los conflictos armados afectan de manera desproporcional y diferencial a las mujeres y niñas.

También destaca la importancia de que la perspectiva de género sea clave a la hora de buscar la resolución de las guerras.

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A través de 18 puntos, la 1325 busca expresamente que haya alta incidencia femenina en los escenarios de participación comunitaria y nacional. Que sean ellas las protagonistas de las reivindicaciones sobre sus derechos políticos, sexuales y reproductivos, altamente afectados durante el conflicto.

Tanto en Colombia, como en cualquier otro país que está en una etapa de transición de la guerra a la paz, no debe haber distinción alguna sobre cuáles mujeres pueden participar, es decir, no importa de dónde vengan o qué papel hayan tenido en conflicto, según la resolución 1325. En teoría, la norma debe cobijar a todas la mujeres pero ¿en Colombia se ha manejado el enfoque de género sin salvedades?

Valentina Beltrán, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) del componente FARC, asegura de que a pesar de las brechas que todavía hay en materia de participación de las mujeres en la construcción de paz a nivel territorial, no se puede olvidar los avances y luchas que han dado desde sus comunidades para ser más visibles.

“Parte de nuestro clamor se ha escuchado. Este mes logramos que fuera aprobada la estrategia de seguridad para las mujeres en proceso de reincorporación. Apenas vamos comenzando y esperamos que pronto sea apropiada y adaptada por las entidades competentes, para que tengamos una instancia de política pública. Este tipo de cosas nos invitan a creer a pesar de las adversidades”, asevera Beltrán.

La vocera del CNR asegura que en instancias de participación ha notado mayor incidencia de mujeres de grupos históricamente marginados, como LGBT, campesinas o indígenas, pero que aun así es responsabilidad del Estado brindar un mayor acompañamiento para que estos procesos no se queden a mitad de camino.

“No desconozco los avances, por supuesto. Pero tampoco puedo ocultar que mientras no se nos ofrezca un nivel de política pública para la protección y participación de las mujeres reincorporadas, todo estará en veremos. No contamos con indicadores, metas ni presupuestos para un plan de acción y si no hay pedagogía o voluntad política, seguiremos siendo ajenas a los planes de desarrollo, a pesar de que el Acuerdo de Paz nos proteja o que en el papel estemos dentro del CONPES 3931”, sugiere Beltrán.

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Sobre el impacto de la 1325 en las políticas de enfoque de género, focalizadas en la población reincorporada, Beltrán comenta que la resolución ha dado muestras de que es posible entender los temas de participación femenina como algo integral. Además, “abre puertas para sentar puntos específicos en la activación de una mesa técnica, como reza el Acuerdo de Paz y según las mismas líneas de esta resolución de las Naciones Unidas, en la que se invita en uno de sus puntos a ver la importancia de los espacios de participación en las mujeres que están dentro de procesos de desarme, desmovilización y reincorporación”, concluye.

Desde el gobierno, Alicia Rueda, asesora para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, propone ver este panorama con menos obstáculos.

Según la funcionaria, las medidas de género tras la firma del Acuerdo de Paz se ven materializadas en el Plan Marco de Implementación (PMI), el conjunto de metas y estrategias estatales que se contemplan para consolidar la paz en los próximos 15 años.

De acuerdo con Rueda el PMI está acorde a lo descrito en la Resolución 1325. “Cada uno de los 51 indicadores de género del PMI se alinea con alguno de los cuatro pilares de la Resolución 1325 de 2.000 y el Gobierno ha acatado todos estos pilares. Por ejemplo, con los 19 indicadores del punto 1, hemos promovido el empoderamiento económico de las mujeres rurales e impulsado su acceso en condiciones de igualdad a la propiedad de la tierra, y a bienes y servicios públicos como asistencia técnica y su respectivo financiamiento”, asegura Rueda.

¿Se están cumpliendo las metas?

La 1325 en su octavo numeral pide a los partícipes de un acuerdo de paz que garanticen las medidas para apoyar iniciativas de paz de mujeres locales y procesos autóctonos de resolución de conflictos. Aquí las voces entrevistadas convergen y discrepan desde distintas partes.

Mientras que desde FARC, Valentina Beltrán asegura que para la adecuada distinción de necesidades y la participación de la mujer rural y reincorporada todavía falta un largo trecho legal, el gobierno habla de niveles de participación sin precedentes en municipios donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una alta incidencia femenina en instancias locales de planeación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el fortalecimiento de la Instancia Especial de Mujeres.

“El 100% de las instancias de planeación, seguimiento y coordinación del programa de sustitución cuentan con la participación de mujeres lideresas. También modificamos la composición de la Instancia Especial de Mujeres para hacerla más diversa y darles espacio a mujeres indígenas, representantes de organizaciones de mujeres campesinas y mujeres excombatientes de las Farc”, concluye Alicia Rueda.

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Veeduría internacional

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos ha hecho un seguimiento detallado y constante a la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien dentro de su metodología hay pocas afinidades con los indicadores del PMI, su estudio en terreno arroja un panorama de cómo el acuerdo se puede redireccionar, acorde con las distintas necesidades territoriales.

Sobre esta temática, Rebecca Gindele, especialista en Seguimiento al Enfoque de Género dentro de la Iniciativa Barómetro y Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc, le dijo a Colombia2020 que este es un momento histórico en el que se debe dejar atrás la polarización sobre la implementación, en aras de cumplirles a las más de 4.2 millones de mujeres que, según el Registro Único de Víctimas (RUV), fueron afectadas durante el conflicto armado.

Gindele pide tomar como referencia procesos de mesas territoriales exitosas, como en los Montes de María y Putumayo, lugares en los que según el Instituto Kroc hay mayores diálogos intersectoriales con el fin de garantizar protección y seguridad a las mujeres partícipes de procesos colectivos de construcción de paz. Estas mismas experiencias, agrega, podrían trasladarse a más zonas del país y que tanto la Resolución 1325, como el mismo Acuerdo, estén en armonía.

“El Acuerdo de Paz tiene 130 medidas para hacer cambios estructurales y transformadores en las políticas con enfoque de género, pero si eso lo dejamos como algo anecdótico, el país difícilmente superará las brechas de desigualdad a los accesos de educación o salud rurales, tan solo por poner unos ejemplos”, asegura Gindele.

(Vea: En video: ¿Qué es y cómo marcha la Resolución 1325 de la ONU en el posconflicto colombiano?)

La investigadora de Kroc asegura que los PNIS han tenido un liderazgo considerable por parte de las mujeres. Sin embargo, también cuestiona los alcances del Plan Marco de Implementación (PMI), en la medida en que “falta asegurar el presupuesto para sus 51 puntos”, agrega Gindele.

El más reciente informe del Instituto Kroc, titulado “Hacia la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz de Colombia: avances, oportunidades y retos” ilustra que con corte a julio de 2020, tan solo 12 de los 130 apartados (9%) con perspectiva de género dentro del acuerdo se cumplen de manera satisfactoria y que los índices de participación política de las mujeres no superan el 54%, en este mismo tiempo.

Sin lugar a duda, la importancia y necesidad del enfoque de género para la implementación del Acuerdo de Paz seguirá en el centro del debate, en buena medida por el alcance internacional que le ha otorgado la Resolución 1325.

Basándonos en esta discusión y en aras de entender en qué van las políticas de género para la construcción de paz en el país, Colombia2020, en asocio con la Embajada de Noruega y el respaldo de la Unión Europea, les invita mañana, 18 de noviembre, a seguir el conversatorio virtual “En Colombia la paz avanza con mujeres”.

Allí estarán las voces de Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia; John Petter Opdahl, embajador de Noruega en el país; Gheidy Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer; Victoria Sandino, senadora del partido FARC; Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU; y Patricia Pacheco, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, quien además moderará este diálogo.

El evento será transmitido vía streaming por las plataformas de Colombia2020 y El Espectador desde las 4:30p. m.

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