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El 5 de enero del año pasado asesinaron en Santa Marta a Maritza Isabel Quiroz Leiva. Dos hombres llegaron hasta su casa para arrebatarle la vida con dos disparos. Maritza había sido víctima de desplazamiento por el conflicto armado, hecho que la llevó a encabezar procesos de apoyo a otras víctimas. Su hijo menor estaba con ella en casa esa noche cuando la asesinaron. Aparte de él, era madre de tres hijos más. Maritza fue la primera de una larga lista de lideresas sociales asesinadas en 2019.
Desde entonces, hasta el 30 de junio de este año, fueron asesinadas al menos 62 mujeres más, quienes, como Maritza, luchaban por los derechos de sus comunidades. Además de ellas, también fueron asesinadas al menos tres mujeres familiares de líderes y lideresas en el país. Esto, según una base de datos propia que cruza la información de la Defensoría del Pueblo, Codhes, Fundación Paz y Reconciliación, Marcha Patriótica e Indepaz, la Misión de Observación Electoral y Somos Defensores.
Según el Informe de Seguimiento al auto 098 de 2013, presentado a la Corte Constitucional por la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la variación porcentual de asesinatos contra defensoras de derechos humanos tuvo un alarmante aumento, de bajar en un 31,25 % en 2018 a subir un 45,45 % en 2019. Tomando como referencia las cifras de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año pasado se registró el asesinato de 16 lideresas sociales en el país.
Según el mismo informe, las amenazas contra ellas también aumentaron, de 57 en 2018 a 86 en 2019. Según Diana Salcedo, directora de Limpal, una organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja por la defensa y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, en 2019 hubo una afectación mucho más fuerte contra las lideresas y defensoras que están en la vía de la implementación del Acuerdo de Paz y en la exigencia de derechos colectivos.
Hace apenas dos años se creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG), que reconoce la atención diferencial que se le debe brindar al liderazgo de las mujeres y formula acciones de política pública para la protección de esta población altamente vulnerada. Y fue necesario crearlo por la persistencia de la cultura patriarcal y machista que genera una afectación diferente y desproporcionada sobre las mujeres que lideran causas sociales, debido a las violencias históricamente perpetradas contra ellas, a causa de su género.
La violencia se ha dirigido contra todas. El informe Mujeres Defensoras Libres y Seguras, de Sisma Mujer, plantea que “a las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas, exiliadas y migradas, víctimas y defensoras de los derechos humanos se les forzó a ser parte de la historia de violencia de Colombia a costa de sus cuerpos, sus familias, sus comunidades y sus territorios”.
Es importante reconocer que además de la labor de liderazgo y defensa de derechos humanos, las mujeres tienen que asumir las tareas domésticas no remuneradas en el hogar y el cuidado de niños y adultos mayores. En muchos casos, las lideresas y defensoras son cabezas de familia y deben responder económicamente por sus hogares. Es por esto que constantemente sus hijos y núcleos familiares se convierten en blanco de agresión para hacerles daño a ellas.
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Sandra Sáenz es lideresa social en el departamento de Santander, es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas de Barbosa y vocera de la campaña Juntas Somos Victoria, y hace parte de la Red de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas. Cuenta que uno de sus más grandes miedos es que puedan agredir a su familia, pero al momento dice convencida: “Cuando uno se mete en esto, sabe que tiene que dejar el miedo en la mesita de noche”.
Cuerpos violentados
Además de estas amenazas, las lideresas están constantemente expuestas a violencias que se relacionan con sus cuerpos: la violencia sexual. Diana Salcedo, directora de Limpal, es enfática en que una porción importante de las amenazas que reciben las lideresas y defensoras poseen contenido sexual, lo que implica una afectación al colectivo. “Las mujeres nos hemos convertido en un cuerpo colectivo, cuando agreden a una, agreden a todas. Hay una lógica de colectividad entre todas las defensoras”.
Al respecto, Salcedo añade que “a través de la violencia física se ha vuelto a la cosificación de los cuerpos femeninos, a la deshumanización de los cuerpos de las defensoras”. Lo que aporta es importante para entender que la violencia contra los cuerpos de las lideresas y defensoras termina por ser ejemplarizante; es decir, que tiene el propósito de atemorizar a las demás y hacer que callen o disminuyan el impacto de su labor de liderazgo.
Aunque la violencia sexual contra las mujeres y lideresas es un constante factor de riesgo, la violencia contra el cuerpo no solo se manifiesta de esa manera. Un común denominador encontrado en varios casos de las lideresas asesinadas es el de las heridas causadas con arma blanca, que en muchos casos son propinadas con sevicia y con el propósito de “tajar” sus cuerpos.
Acallar las voces políticas
El año pasado estuvo atravesado por las elecciones territoriales y, como es costumbre en Colombia, la violencia política se exacerbó. Según el Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), el liderazgo político fue el más afectado en el 2019. Contra los líderes y lideresas de este tipo se presentaron 297 hechos de violencia, en su mayoría amenazas. Dentro de este panorama, fueron asesinadas siete candidatas.
Una de esas víctimas mortales fue Karina García, asesinada el 1° de septiembre del año pasado, cuando iba en la camioneta de su esquema de seguridad. Entre las personas asesinadas estaban su mamá y otras dos lideresas. A la altura del corregimiento de Betulia del municipio de Suárez (Cauca), hombres armados de la columna Jaime Martínez, de la disidencia de las Farc, interceptaron el vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente. Luego de perpetrar la masacre, incendiaron la camioneta.
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Karina era la única candidata mujer a la Alcaldía de Suárez, Cauca. Entre sus promesas de gobierno estaba el trabajar por los derechos de las mujeres en el municipio. La publicidad de su campaña rezaba “Una mujer, una esperanza”. A la candidata ya habían tratado de silenciarla, pues ella y su campaña política estaban siendo víctimas de persecuciones por parte de actores armados que delinquen en la zona, además de ser difamada por otros de los hombres candidatos al cargo, según sus propias denuncias. “Piensen que aquí, detrás de una candidata hay una mujer, una madre, una hija, una esposa, una hermana, una amiga que puede salir herida o afectada”, dijo Karina en un video, días antes de que su voz fuera acallada en la masacre.
La lideresa santandereana Sandra Sáenz alega que en su departamento las mujeres son minoría respecto a la cantidad de hombres que inciden políticamente —como en el resto del país—, y afirma que incluso muchas mujeres confían más en los hombres para que hagan política. Las que están en cargos públicos, en donde podrían tener la potestad de influir a favor de los derechos de las mujeres, no gestionan lo suficiente como para generar cambios en las políticas patriarcales de la región, dice la lideresa.
Gloria Luna, lideresa del Chocó, integrante de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y delegada del Chocó en la Mesa Nacional de Garantías, agrega que es necesario brindarles pedagogía sobre los derechos de la mujer a los funcionarios públicos, pues, por lo general, hacen mucha “politiquería” con el tema de la equidad de género y derechos de las mujeres, pero no lo aplican en los hechos.
Ser indígena: doble lucha
Roseli Finscué, coordinadora del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dice que le ha tocado adelantar una doble lucha para que a las mujeres indígenas les reconozcan sus derechos dentro y fuera de sus comunidades. Roseli explica que, en muchas ocasiones, los hombres indígenas no avalan que las mujeres salgan de las labores domésticas, pues desconocen la obligación de “obedecer” que se les ha impuesto dentro la comunidad.
El 29 de octubre del año pasado fue asesinada Cristina Bautista, quien tenía 42 años y fue gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca. Tenía un título como trabajadora social de la Universidad del Valle, era amante del ejercicio organizativo y trabajó por los derechos de las comunidades indígenas. También era defensora acérrima de la implementación del Acuerdo de Paz con las reincorporadas de Farc.
“Las mujeres indígenas y las que estaban en procesos territoriales locales de construcción de paz disminuyeron su participación. Tuvimos varios talleres con mujeres del norte del Cauca y ellas decían que las mujeres ya no estaban yendo a los talleres porque decían ‘si eso le pasó a Cristina, que era una figura pública a nivel territorial, ¿qué me va a pasar a mí, que soy una lideresa social de base?’”, acota Carolina Mosquera, investigadora de la Corporación Sisma Mujer, antes de concluir que la violencia sociopolítica que se manifiesta de manera diferencial contra las defensoras, como sucede con la violencia física, tiene un carácter atemorizante, que busca dejar un mensaje a las demás mujeres para desincentivar su participación en los escenarios públicos y de acción política.
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Roseli Finscué habla de la “resistencia en medio de la resistencia”, pues además de reclamar sus derechos como mujeres dentro de sus comunidades, “las mujeres indígenas siguen en la recuperación del territorio y la “liberación de la madre Tierra” y eso ha traído consecuencias. Dentro de la cosmovisión indígena, acota la lideresa, se afecta el equilibrio y la conexión con la tierra; si tocan un sitio desequilibran todo, “lo mismo pasa con las mujeres, si tocan a una se desequilibran todas”.
Luz Elvira Jossa es una indígena de la comunidad kamentsá biyá del departamento de Putumayo, coordinadora de la Fundación Renacer, miembro de Fundescor y vocera de la campaña Juntas Somos Victoria —que pretende denunciar la violencia contra las defensoras de la tierra y del medio ambiente en Colombia—. Refiriéndose a la institucionalidad, es enfática en decir que en la política pública de mujer no están teniendo en cuenta a los grupos étnicos ni los enfoques diferenciales poblacionales. En el territorio putumayense, en el que Luz Elvira ejerce su labor de liderazgo, las mujeres están luchando para que exista una Oficina de Mujer, mientras se encuentran en medio de las administraciones locales que no aplican la política pública para las mujeres, ya redactada, y el machismo histórico, que las condena a no salir de las labores domésticas y sufrir maltrato intrafamiliar.
Por no comprender ni reconocer las cosmovisiones de los pueblos originarios, la institucionalidad puede llegar a ser violenta con las indígenas, como afirma una funcionaria del Ministerio Público, quien puntualiza que hay casos en los que las instituciones no saben comunicarse de manera correcta con las comunidades indígenas y mucho menos con sus mujeres, pues no son conscientes de los problemas que tienen.
Violenta cuarentena
La pandemia ha provocado el aumento de la violencia de género contra las mujeres, incluyendo a las lideresas sociales, quienes están expuestas a un doble riesgo. Yesenia Moscote, lideresa del departamento de La Guajira, afirma que las mujeres se han tenido que quedar con sus agresores en casa y señala que han aumentado las denuncias por violencia doméstica recibidas en la organización que coordina, la fundación Flor Amarilla, que brinda apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género. “No nos ha tocado fácil, como mujeres, mamás, esposas y profesoras —me toca ser de uno de bachillerato y de otro de primaria—, trabajar y ejercer el liderazgo no es fácil, pues la carga de estrés y emocional es más alta que la de cualquiera”, dice.
La lideresa Gloria Luna reconoce que las dificultades económicas se han agravado en la pandemia y que sus ingresos se han menguado. La violencia física, económica, patrimonial, psicológica y política se ha agudizado y provocado daños en la salud mental de las lideresas y defensoras. Concluye diciendo que las lideresas son estigmatizadas por tener que romper el aislamiento para buscar el sustento económico, pero “en el Chocó la gente se está muriendo por COVID-19 o por hambre”.
Al no poder desplazarse en los territorios, las lideresas pierden la oportunidad de seguir realizando sus labores sociales y comunitarias con normalidad. Además, la cuarentena ha sido una oportunidad para que los actores armados se fortalezcan y copen más territorios de los que ya tenían.
*Periodista de La Paz en el Terreno: esta es una alianza entre Colombia2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla de las Farc. Para conocer el especial completo consultar lapazenelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.