En el Alto Patía y norte del Cauca, la comunidad se organiza para defender el PDET

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Organizaciones sociales de los 24 municipios que conforman esta región crearon una veeduría regional sobre su Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para vigilar cómo se están materializando las 4.466 iniciativas que recogieron en ese documento.

El viernes 11 de diciembre, en Popayán (Cauca), se dieron cita 24 alcaldes de la región del Alto Patía y norte del Cauca, así como los tres gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, convocados por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para discutir los avances en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de esa región del suroccidente, el más grande del país. Allí, el consejero habló de inversiones en curso por $300 mil millones y también estuvieron presentes alrededor de 50 entidades nacionales involucradas en el proceso. Pero a la foto le faltaba algo: no estaban convocados a ese encuentro, fundamental para la implementación del PDET, los representantes de las comunidades campesinas, afros e indígenas que construyeron ese programa y que han pedido ser parte de su puesta en marcha.

Antes de ese, hacia finales de abril de este año, se llevó a cabo otro encuentro de esa naturaleza, en el que también los convocados fueron los alcaldes de la región, pero no las comunidades. De acuerdo con el consejero Archila, no en todas las reuniones que se realizan se convocan las comunidades, porque en algunas se analizan “temas operativos de lo que les corresponde a los municipios y departamentos para construir las obras que ya las comunidades nos pidieron. Son temas presupuestales y de contratación en los que, de hecho, nadie puede intervenir porque se trata de procedimientos administrativos reglados”.

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Sin embargo, mientras tienen lugar esas reuniones institucionales, la comunidad de la zona también se ha venido encontrando. Hacia mediados del año y aun en medio de la pandemia, líderes y representantes de los 24 municipios que integran el PDET tuvieron dos grandes encuentros en los que decidieron conformar una veeduría regional desde la que pudieran vigilar los avances en el PDET de su región, al sentirse excluidos de lo que se estaba haciendo en su territorio. La iniciativa se organizó y se creó en el interior del Espacio Regional de Paz del Cauca (Erpaz).

“Nosotros, al ver que la participación de las comunidades, que estaba estipulada, no se dio, nos tuvimos que pellizcar y decir ‘no, aquí hay que organizarnos y constituir formalmente veedurías para poder meternos allá y exigir nuestra participación”, resume Luis Rosero, docente e integrante de uno de los grupos motores de las veredas de Policarpa (Nariño).

Se han venido reuniendo, concentrando la información de cada municipio y solicitándole información a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de implementar los PDET, para ver cómo se están materializando las 4.466 iniciativas que finalmente quedaron en el PDET del Alto Patía y norte del Cauca.

En ese proceso, según contaron varios de los líderes y lideresas que forman parte de la naciente veeduría, han encontrado que el aterrizaje de lo que plasmaron en el PDET cuando de forma masiva lo construyeron desde cada vereda de la región está lejos de lo que esperaban las comunidades. “No se convoca a los grupos motores (que impulsaron la participación en el programa), que son muy importantes en el nivel local, porque los eligió la misma comunidad y saben cuáles son las necesidades en los territorios. La ART cogió la ruta sola y hacen es trabajo con la institucionalidad y no con las comunidades. Están ausentes de la toma de decisiones”, dijo María Ovidia Palechor, de la Mesa de Víctimas del Cauca y quien participa en la veeduría.

Según los líderes en el territorio, las obras PDET que se ejecutan se hacen a través de la oferta institucional. Es decir, se busca que las iniciativas encajen en los programas ya existentes de las entidades del Estado -ministerios y otras instituciones-. Según ellos, esto se ha traducido en intervenciones desconectadas y, por ahora, de pequeña escala. Según Nancy Chalá, lideresa de Cajibío, por ejemplo, en ese municipio se ha trabajado en el mejoramiento de algunos tramos en vías terciarias, proyectos de acueducto, proyectos productivos de café e instalación de placas huella. Obras que no están conectadas entre sí para generar un mayor impacto. En ese último tipo de intervención coincidieron varios líderes de la región.

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En esas intervenciones aisladas las prioridades de las comunidades han quedado marginadas. Por ejemplo, Amarildo Correa, líder afro del sur del Cauca y norte de Nariño, explicó que la comunidad negra de Balboa (Cauca) tenía en el marco del PDET al menos una prioridad urgente y que a esa le apostaban: la pavimentación de la vía principal que comunica a las nueve comunidades afros del municipio, que hoy es un camino destapado. Y, si había lugar, el acueducto regional del Patía. “Pero los técnicos le dijeron a la gente que había que poner todo lo que la comunidad necesitaba para que quedara en ese plan. Eso hoy es inabordable”, dijo.

Para Carlos Córdoba, director en Colombia del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp), que acompaña a las comunidades de esta región en su ejercicio de organización y veeduría al PDET, junto a la Fundación Avina y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, el momento actual en materia de estos programas es clave y, por el momento, delicado: “Tanto el gobierno anterior como el actual mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Lograron una convocatoria brutal de gente, lograron una cantidad de propuestas, pero después se quedaron paralizados porque no estaban preparados para saber qué se hacía después. Entonces hay una frustración de las comunidades y un Gobierno que, reconociendo esa frustración, está haciendo un ejercicio demasiado improvisado y desordenado de implementación”.

Como resultado, de acuerdo con Córdoba, se tiene lo que Francisco Gutiérrez Sanín ha llamado una “miscelánea” de proyectos. “En esto, la suma de las partes no necesariamente es el todo: que se esté haciendo una placa huella en una vereda de Buenos Aires, una caseta comunal en Miranda y arreglando el hospital en Santander de Quilichao no quiere decir que se esté generando desarrollo en el norte del Cauca”.

El consejero Emilio Archila difiere de esa forma de ver lo que se ha venido implementando. Según dijo, hay que ver no solamente las obras, sino la planeación que está detrás de ellas. “Lo que es realmente poderoso es que se trata de ocho pilares y en cada uno de ellos ya está identificado lo que vamos a lograr durante los próximos 15 años. El hecho de que vean una u otra obra quiere decir que vamos obteniendo realizaciones; quienes afirman eso están omitiendo seguramente por pereza o por ignorancia -no de mala fe- que cada una de sus intervenciones tiene que ver con una planeación a 15 años”.

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En medio de esa planeación trazada hasta el momento en la región, en el Alto Patía y el norte del Cauca se han entregado 142 obras PDET, por $19.867 millones; hay 60 proyectos estructurados en infraestructura rural y reactivación económica, productiva y ambiental. Hay 13 proyectos aprobados en Ocad-Paz por $142 mil millones, y a través del mecanismo de Obras por Impuestos hay siete proyectos en ejecución, por un valor de $62 mil millones, financiados por empresas como Químicos del Cauca, Inversiones Manuelita, Ingenio del Occidente, Boehringer Ingelheim, entre otras.

Pero al sentir ajenos esos proyectos, las organizaciones agrupadas en Erpaz, apoyadas por Rimisp, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, la Fundación Avina, y la Delegación de la Unión Europea en Colombia, mediante la iniciativa “Capacidades para la incidencia”, están trabajando en su propia priorización de las iniciativas que están en el PDET.

Ya construyeron su metodología para esa priorización, en la que analizan las iniciativas del PDET a la luz de ocho dimensiones: participación comunitaria en la definición, decisión y ejecución; derechos humanos, bienestar y solidaridad para el buen vivir; tierra, territorio y gobernabilidad; ambiente y territorio con enfoque comunitario; enfoque de derechos de las mujeres; reivindicaciones sociales y político-organizativas y fortalecimiento de economías propias y comunitarias. Eso les permite asignarles puntajes a las iniciativas y ordenarlas de mayor a menor, dándoles prioridad a unas sobre otras.

“En el PDET pueden estar las 4.466 iniciativas, pero no se van a ejecutar ni a estructurar los proyectos de todas esas iniciativas. La pregunta es cuáles realmente se van a estructurar y cuáles de esas realmente van a generar transformaciones en los territorios”, sostiene Víctor Collazos, líder de Erpaz y de la veeduría regional al PDET.

Allí mismo, con la información que han recogido municipio por municipio, están elaborando un informe del estado de la implementación del PDET en la región, que esperan dar a conocer a nivel nacional el próximo año. La solicitud formal de inscripción de la veeduría ya se radicó ante la Personería de Popayán y aunque aún esperan respuesta para la aprobación, en la práctica ya funcionan como una. Igualmente, la tarea de varios líderes es empujar la creación de las veedurías municipales que alimenten la veeduría regional de Erpaz. Luis Rosero, por ejemplo, dijo que para el 11 de enero ya esperan tener formalizadas las veedurías en los cinco municipios de la cordillera de Nariño que forman parte de este PDET: Rosario, Leiva, Cumbitara, Policarpa y Los Andes.

Sobre el trabajo que ya han adelantado en el Espacio Regional de Paz del Cauca, el consejero Archila sostuvo que, si bien no estaba enterado, por ejemplo, de esa metodología de priorización desarrollada por ellos, lo satisface que los grupos motores sigan entusiasmados con la implementación del PDET. “Cualquier trabajo en donde haya aportes que nos permitan priorizar esto de acuerdo con los intereses de las comunidades estamos superfelices de oírlo”.

*Este especial fue realizado en alianza con el proyecto “Capacidades para la incidencia”, el cual es liderado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Fundación Avina, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y la Delegación de la Unión Europea en Colombia, con el apoyo de Erpaz y Articulación por la Paz.

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