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Lina Jiménez, quien se encuentra recluida en la cárcel Picaleña (Ibagué), ha tenido fiebre, malestar en la garganta y dolor en el pecho. El pasado 14 de mayo le informaron que la prueba de Covid-19 salió negativa. Sin embargo, su familia cree que se puede tratar de un falso negativo, debido a que los síntomas persisten y a que el médico que la vio no le diagnosticó una enfermedad diferente. Desde el pasado miércoles, 11 internas que estaban con ella en el pasillo tres de seguridad del pabellón 25 en esta cárcel están aisladas y les hicieron pruebas del nuevo coronavirus, por lo que están a la espera de los resultados.
Familiares y abogados creen que toda esa situación pudo haberse evitado. Colombia2020 contó que el 24 de marzo el Inpec hizo una serie de traslados de varias penitenciarías del país, entre quienes estaban Lina, Alejandra Méndez y Lizeth Rodríguez. “El traslado y las condiciones en las que actualmente nos encontramos han estado llenas de irregularidades”, denunciaron por medio de una carta del pasado 27 de abril, firmada por 11 internas, en la que también pedían protocolos para proteger su salud. En el mismo documento relatan que las transportaron por vía terrestre, que el Inpec recogió privados de la libertad en varios centros penitenciarios y que los funcionarios de dicha entidad no utilizaron tapabocas para reducir la posibilidad de contagio. El Covid-19 llegó a Picaleña, precisamente, por el traslado de un interno de la cárcel de Villavicencio. Días después, hasta el 11 de mayo ya había 24 casos confirmados.
Antes de hacer esos traslados, el propio Inpec había emitido un boletín en el que anunciaba que no se harían cambios de penitenciarias. Luego, se declaró la emergencia penitenciaria y carcelaria que le dio potestad a esa institución para trasladar personas privadas de la libertad. Tras los desórdenes que se presentaron en varias cárceles del país el 21 de marzo pasado, los cuales en La Modelo terminaron con 23 personas asesinadas, el Inpec emitió la resolución 900953 del 23 de marzo de 2020, conocida por Colombia2020, en la que se asegura que “se recibieron actas de seguridad de diferentes establecimientos de reclusión del orden nacional solicitando el traslado de un grupo de privados de la libertad que generan especiales riesgos de seguridad y se identifican como líderes negativos”.
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Esa versión es desmentida por Laura Jiménez, hermana de Lina, una de las detenidas: “eso no es cierto porque ellas se encontraban en el patio 7 del Buen Pastor, que es de alta seguridad, y a las 5 de la tarde (del 21 de marzo) todas estaban encerradas en las celdas”. Felipe Caballero, defensor de Méndez, explicó que “ellas llevaban mucho tiempo en El Buen Pastor y no se había presentado ningún problema, han tenido un comportamiento ejemplar. De un momento a otro se inventaron unas razones de seguridad para realizar el traslado alejándolas de las familias y de los abogados defensores”.
Caballero aseguró que si se confirma algún contagio el Estado podría tener que responder patrimonialmente por las afectaciones a la salud de las internas. “También puede haber una responsabilidad disciplinaria por parte de quienes autorizaron y ejecutaron ese traslado sin condiciones mínimas de seguridad, sino de una manera arbitraria, clandestina e irresponsable”, agregó el penalista.
Jiménez, Méndez y Rodríguez fueron señaladas por la Fiscalía de ser las responsables, junto con ocho personas más, del atentado contra el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017 en Bogotá. Luego de que quedaran libres por vencimiento de términos, el ente volvió a pedir su captura asegurando que hacían parte del ELN. Están recluidas hace casi tres años a la espera de que empiecen los juicios por ambos procesos. Aseguran que son inocentes y que se trata de un montaje judicial.
Los defensores de ellas tres pidieron que fueran trasladadas de nuevo a Bogotá para acercarlas a sus familias y a los abogados. La solicitud fue negada por el Inpec asegurando que el hacinamiento en El Buen Pastor alcanza un hacinamiento del 71.7% y que Rodríguez, Méndez y Jiménez se encuentran “en muy buenas condiciones”.
Las internas, sus familiares y los defensores tienen una opinión diferente. En la carta citada anteriormente las privadas de la libertad aseguraron que “nuestros derechos a la salud mental y física, a la resocialización, al debido proceso, a la defensa material y, en general, a la vida se están viendo abiertamente vulnerados. La comunicación con nuestros abogados y familiares es limitada debido al encierro”. Caballero enfatizó que “las han tenido encerradas hasta por periodos de 24 horas en situaciones de tortura”. Por su parte, Laura contó que en el patio donde están no tienen acceso a agua, por lo que para usar los baños tienen que transportar el líquido en baldes. “La ropa la están lavando en el piso de las duchas”, relató. Buscamos al Inpec para obtener una respuesta a esos cuestionamientos, pero no fue posible que un vocero oficial hablara. De la oficina de prensa dijeron que “los traslados se hicieron por situaciones de seguridad”.
A pesar de la primera respuesta negativa, Caballero anunció que seguirán interponiendo acciones jurídicas buscando que Rodríguez, Méndez y Jiménez sean trasladadas a una penitenciaría de Bogotá para quedar estar cerca de sus familiares. Le siguen pidiendo al Inpec que tome acciones para evitar la propagación de la Covid-19, esperan que las pruebas salgan negativas y aseguran que de presentarse algún contagio será responsabilidad de esa institución.