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La disidencia de las Farc que lidera Iván Márquez en cuatro escenarios

El anuncio de “Iván Márquez” y compañía llega en plena campaña electoral, en la que participa el partido FARC. La JEP tendrá decisiones claves y el hecho mina la percepción en el ámbito internacional de la implementación.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). / AFP

Desde la captura de Jesús Santrich, el proceso de implementación del Acuerdo de Paz no vivía un momento de tensión como el que se generó con el anuncio de Iván Márquez de rearmarse junto con varios disidentes y optar por la lucha ilegal, a pesar de haber negociado y firmado la dejación de los fusiles con el Estado colombiano. No solo por lo que significa la reaparición de un viejo actor armado para la historia de un país que se ha estructurado sobre la violencia, sino porque, desde el escenario político, su intención se convierte en combustible para los sectores que se opusieron a una salida negociada al conflicto por considerar que se firmaba la impunidad para culpables de delitos atroces.

La reaparición de Márquez y compañía podría golpear las intenciones del partido FARC de acceder al poder regional en las elecciones de octubre. Si bien la colectividad va por 14 alcaldías y propone 59 listas propias a los concejos municipales, asambleas y juntas de acción comunal, el coletazo del rearme podría ser una piedra en el camino. El partido político y la disidencia armada tienen la misma sigla. Incluso, las complicaciones que podía tener ese hecho político fueron advertidas y previstas desde el momento mismo en que, en una votación que se llevó a cabo a principios de septiembre de 2017 —durante el congreso fundacional del partido político—, Márquez se impuso y la colectividad fue bautizada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

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La colectividad naciente del Acuerdo afirmó que no declinará sus aspiraciones electorales de este año, aunque desde el interior se reconoce que se deben tomar medidas para blindar su proceso. Rodrigo Londoño, Timochenko, presidente del partido, manifestó que desde el principio estuvo en desacuerdo con mantener como nombre la sigla que utilizaron en la guerra. De manera que ahora, con más razón, será tema de discusión en la próxima asamblea de la colectividad. “Por honor y por lealtad, los disidentes no deberían utilizar ese nombre. Lo voy a plantear en el congreso del partido, como lo hice desde la primera asamblea. Eso es la democracia”, dijo.

El mensaje por parte de la FARC en legalidad, ante el anuncio de Márquez, es contundente: su compromiso es cumplir el Acuerdo de Paz. Londoño hizo un llamado a la tranquilidad. “Esto no es el acabose. Incluso, le sirve al proceso porque se está definiendo una situación que estaba ambigua”, dijo el exjefe guerrillero a Blu Radio, y aseguró que las grandes mayorías de la extinta guerrilla están comprometidas con la paz, a pesar de las dificultades. A esa moción se unieron voces como las de los senadores de ese partido Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino, quienes concordaron en que, a estas alturas, la opción armada “es la peor de las salidas”. Esta nueva crisis en la historia del proceso de paz, a sus escasos tres años, se convierte también en un elemento de presión para que se avance en la implementación del Acuerdo.

En el escenario jurídico

El procurador, Fernando Carrillo, estuvo ayer en reunión durante varias horas con altos miembros de la Fuerza Pública y asesores cercanos, verificando el video de Iván Márquez y analizando las repercusiones de su rearme. La conclusión del encuentro fue clave: la JEP debe expulsar a los guerrilleros que se habían comprometido a contar toda la verdad y a ser juzgados por la justicia especial y que ahora incumplen ese compromiso. Por su parte, la presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, explicó que ese proceso ya empezó. La magistrada aceptó que se vienen momentos difíciles y agregó: “La decisión equivocada de un grupo de personas, que traicionaron sus compromisos con la paz, con Colombia y con el mundo, no puede ser suficiente para truncar un anhelo en el que confluyen las voluntades de todos los colombianos”.

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Los guerrilleros que ya están identificados son Iván Márquez, el Paisa, Jesús Santrich, Romaña, Enrique Marulanda, el loco Iván, el Zarco Aldinever y Wálter Mendoza. Su expulsión oficial de la JEP es crucial, jurídicamente: es el requisito para que la justicia ordinaria actúe. Con la decisión de la JEP, la Fiscalía reactivará todas las órdenes de captura vigentes y podrá emitir nuevas. También pondrá a andar de nuevo las investigaciones, capturarlos, juzgarlos y pedirle a un juez que los condene, sin ninguno de los beneficios a los que hubieran podido acceder en la Jurisdicción Especial. Además, al Consejo de Estado volverán todas las demandas por reparación directa en contra del Estado, y en la Corte Suprema de Justicia marcharán de nuevo los casos de extradición.

Aunque no se ha dado la expulsión, la JEP le envió un oficio a la Fiscalía para que avance con las investigaciones penales de este hecho, que es de su competencia, pues ocurrió después de la firma del Acuerdo de Paz. Además, le solicitó al ente investigador que informe a la Sala de Reconocimiento de los avances, para que sirvan como pruebas en los procesos de verificación de incumplimiento que adelanta la JEP y que analizan la pérdida de beneficios para quienes aparecen en el video.

En el escenario militar

Todavía no es claro quiénes son los comandantes del grupo armado ni cómo serán sus estructuras. Tampoco el número de hombres, ni si es cierta su presunta alianza con el Eln. El único indicio que existe sobre su estrategia militar es que no van a secuestrar, ni siquiera para “fines económicos”. Márquez explicó en el video en el que anunció su rearme: “Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas. La única impuestación válida será, siempre en función de la financiación de la rebelión, la que se aplique a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas”.

Por ahora, ningún miembro del Ejército se ha pronunciado. Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que su gobierno continuará con las operaciones en contra de los grupos ilegales, “enfrentando además a esas estructuras residuales alimentadas por el narcotráfico”. El mandatario ordenó la creación de una unidad especial para la persecución de estos hombres, un grupo que tendrá capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad. “Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de $3.000 millones por información que conduzca a su captura”, recalcó. Minutos después de su declaración, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que ya está conformando la unidad.

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En el escenario internacional

La comunidad internacional es pesimista sobre lo que viene. Adam Isacson, director para la veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), explica que lo que debería seguir es que “los países, especialmente Estados Unidos, vean el anuncio de Márquez como una fuerte señal para rodear el proceso de paz y alentar al gobierno de Duque a cumplir con lo comprometido”. Sin embargo, lanza una preocupante alerta: no se puede descartar el peor escenario, y este es que “Donald Trump aproveche este momento para criticar el proceso, ofrezca más ayuda militar para una renovada guerra y, quizás, emplee el tema de esta ‘nueva guerrilla’ para presionar militarmente a Venezuela”.

Arlene Tickner, profesora titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explica que el anuncio de Márquez no es sorpresivo, pues era algo que se venía viendo en distintos círculos del Gobierno y la comunidad internacional. Aunque, aclara, “es un mensaje que no pinta nada bien”. Asegura que, si bien el presidente Duque ha hecho un esfuerzo por constatar ante los socios internacionales del proceso de paz su buena voluntad de implementar el Acuerdo y su compromiso con la construcción de la paz, “distintos sectores, como Naciones Unidas, la Unión Europea y algunos miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos no están convencidos del todo de esa voluntad. Esto se vio claramente en las objeciones presentadas a la Ley Estatutaria de la JEP, en donde la tensión fue palpable”. La experta agrega que, ante las dudas que hay, “es urgente que el Gobierno reitere su compromiso y trate de darles un parte de paz a los distintos socios internacionales del proceso”.

Michael Shifter, del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington, aseguró que el anuncio de Márquez “era predecible desde la fuga de Santrich”. De acuerdo con el analista estadounidense, la mayor parte de la comunidad internacional criticará la decisión de la facción disidente de las Farc de volver a tomar las armas. Sin embargo, dice, “también instará a la administración del presidente Duque a ejercer moderación y no arriesgarse a volver al conflicto que existía antes de la firma del Acuerdo en 2016”.

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Shifter agrega que “aunque no se espera que el gobierno de Trump presione a Duque, muchos demócratas sí alzarán sus voces y se unirán a la ONU y a muchos otros gobiernos para pedirle a presidente colombiano que haga lo posible para evitar que se disuelva el Acuerdo. La buena noticia es que Márquez no representa a la gran mayoría de los excombatientes”. Los analistas coinciden en que el reto está en la respuesta del Gobierno, pues la seguridad podría deteriorarse. “Dadas las realidades de hoy, es cada vez más difícil referirse seriamente al posconflicto en Colombia”, concluyó el analista.

Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo en Noruega, agregó a estas apreciaciones que no hay que darle más importancia de lo que vale: “No fueron ellos los que tomaron la decisión de llevar al país a la paz. Fue el pueblo de Colombia que exigió poner fin a la guerra. Es el pueblo de Colombia quien dice que la guerra es parte del pasado del país. En tiempos de zozobra, no hay que dar papaya a los violentos, y no hay que perder de vista la ruta hacia la paz”.



Insistió en que es un hecho que una gran parte de los guerrilleros dejaron las armas y se las juegan por la paz. A pesar de que reconoce que aún sigue la violencia contra quienes desean gozar de ella, lo importante es defender la paz: “Este momento es difícil, pero también es una nueva oportunidad para cumplir los compromisos y evitar que la paz se escurra por entre medio de las manos”.

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2019-08-29T23:45:02-05:00

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2019-08-30T16:38:33-05:00

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Redacción Judicial y Politica

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